Aprueban uso de dinero incautado para financiar a cuerpos de seguridad
Defensa y Seguridad recibirán el 50 % de los fondos, mientras Finanzas respaldará la devolución del dinero si los tribunales favorecen a sus propietarios.
Defensa y Seguridad recibirán el 50 % de los fondos, mientras Finanzas respaldará la devolución del dinero si los tribunales favorecen a sus propietarios.
Foto: cortesía
El Congreso Nacional aprobó una reforma a la Ley de Privación de Dominio que permitirá utilizar dinero incautado durante operativos para financiar a las instituciones encargadas de combatir la criminalidad en Honduras, sin tener que esperar a que concluyan los procesos judiciales relacionados con esos recursos.
La medida busca fortalecer el presupuesto de los cuerpos de seguridad y de las instituciones de justicia en el país.
Sin embargo, también establece que el Estado deberá responder por el dinero si una resolución judicial determina que debe ser devuelto a la persona a quien se le incautó.
En ese sentido, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, explicó que la Secretaría de Finanzas respaldará la restitución de los fondos cuando corresponda.
“Puedan hacer uso del dinero incautado durante el proceso, y si en el futuro se dicta una sentencia de privación favorable a la persona que se le incautó los recursos, en este decreto queda (Secretaría) Finanzas como aval”, expresó Zambrano.
“Lo que se busca es darle mayor respaldo presupuestario a la Policía Nacional, a la Policía Militar, a la Agencia Nacional contra el Crimen, a la Corte Suprema de Justicia, al Ministerio Público y a la misma Oabi (Oficina Administradora de Bienes Incautados)”, expresó el titular del Legislativo.
Así repartirán el dinero incautado
La distribución anunciada contempla que la Secretaría de Defensa reciba el 25 por ciento de los fondos y la Secretaría de Seguridad otro 25 por ciento, por lo que ambas instituciones concentrarán la mitad de los recursos.
El Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia recibirán un 15 por ciento cada uno, mientras que la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) tendrá el 10 por ciento.
La Dirección de Inteligencia recibirá el cinco por ciento y la Agencia Nacional contra el Crimen Organizado el cinco por ciento restante.
Con este reparto, las autoridades pretenden aumentar los recursos disponibles para las operaciones de seguridad, las investigaciones criminales y el funcionamiento de las instituciones vinculadas a la administración de justicia.
Finanzas respaldará la devolución del dinero
Uno de los aspectos centrales de la reforma es qué sucederá cuando una persona obtenga una sentencia favorable después de que sus bienes hayan sido incautados y los recursos ya se hayan utilizado.
Zambrano aseguró que la Secretaría de Finanzas tendrá un plazo establecido para devolver el dinero, incluidos los intereses que correspondan conforme a la ley.
El titular del Congreso también señaló que estos procesos judiciales pueden tardar entre 10 y 15 años en resolverse, lo que prolonga la incertidumbre sobre el destino de los fondos retenidos.
Por su parte, el diputado nacionalista Remberto Alexander Zavala manifestó que algunas personas descubren, al acudir a la OABI para recuperar su dinero tras obtener una resolución favorable, que los recursos ya fueron utilizados.
La reforma busca establecer un respaldo para la restitución de esos fondos, aunque su aplicación dependerá de los procedimientos y controles que se definan.
Deberán definir reglas para el uso del dinero incautado
El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad deberá aprobar la reglamentación que establecerá cómo se distribuirán y utilizarán los recursos.
Las disposiciones deberán incluir requisitos, criterios para seleccionar a las instituciones beneficiarias, mecanismos de registro y seguimiento, evaluación de riesgos, controles financieros y procedimientos para la devolución de los fondos.
La reglamentación también deberá establecer mecanismos de fiscalización que permitan verificar el destino del dinero y las condiciones para garantizar su restitución cuando exista una resolución judicial favorable.
El reto será asegurar que los recursos contribuyan a combatir la criminalidad sin comprometer la devolución del dinero a las personas que tengan derecho a recuperarlo.
