Ciudad del Ángel: indemnización a familias alcanzaría L280 millones

Más de una década después del colapso del proyecto habitacional Ciudad del Ángel, las 54 familias afectadas se acercan a una posible reparación económica, la reciente resolución de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó firme la sentencia del caso y habilitó el proceso para ejecutar una indemnización que alcanzaría los 280 millones de lempiras.

La decisión llega tras más de 13 años de disputas legales y representa un avance significativo para los afectados, quienes perdieron sus viviendas debido a las condiciones inestables del terreno donde se desarrolló la urbanización.

“Al declararse sin lugar el recurso, la sentencia se vuelve ejecutable y se inicia la etapa en la que las partes condenadas deberán responder”, detalló el abogado Marlon Arévalo, representante legal de los perjudicados.

Instituciones y empresa constructora deberán asumir el pago

De acuerdo con Arévalo, la corporación municipal, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) y la empresa constructora deberán responder por la indemnización en proporciones iguales.

Según explicó, cada una de las partes cubriría entre 90 y 95 millones de lempiras, equivalente a un tercio del monto total establecido por los tribunales.

Asimismo, el abogado señaló que la responsabilidad surgió a raíz de la aprobación de un proyecto que no cumplió con todos los requisitos técnicos y ambientales necesarios para su desarrollo.

“Para desarrollar una urbanización se requieren permisos municipales y licencias ambientales. En este caso, se omitieron requisitos fundamentales, pese a que desde 1990 existían estudios de japoneses que advertían sobre fallas geológicas en la zona”, señaló.

Estudios advirtieron riesgos en la zona

Además, Arévalo recordó que investigaciones realizadas décadas atrás ya alertaban sobre la vulnerabilidad del terreno donde posteriormente se construyó el complejo habitacional.

“Los estudios japoneses señalaron que tampoco se podía construir el aeropuerto en la Laguna del Pedregal e igual en zonas de la Ulloa, ya que se trata de tres brazos por donde cruzan tres corrientes subterráneas”.

Las condiciones geológicas de la zona provocaron daños estructurales severos en las viviendas y terminaron por convertir el proyecto en uno de los casos urbanísticos más controvertidos del país.

Por otra parte, el representante legal indicó que cada núcleo familiar podría recibir alrededor de 2.5 millones de lempiras como compensación por las pérdidas sufridas.

“Las familias invirtieron más de un millón y medio de lempiras en sus viviendas y han esperado más de una década para obtener justicia”, afirmó.

Arévalo enfatizó que la indemnización busca resarcir el daño económico ocasionado y no constituye una ganancia extraordinaria para los afectados.

Finalmente, advirtió que un eventual incumplimiento en el pago podría generar consecuencias legales para el Estado hondureño en instancias internacionales.

“Esto podría derivar en demandas internacionales que resultarían más costosas para el país”, puntualizó.

Con la sentencia ya firme, las partes involucradas podrían iniciar un proceso de conciliación en las próximas semanas para concretar el pago y cerrar uno de los litigios más emblemáticos relacionados con responsabilidad urbanística y estatal en Honduras.