Congreso aprueba Ley de Justicia Energética y descarta privatización de la ENEE

El Congreso Nacional aprobó la reforma al subsector eléctrico mediante la denominada Ley de Justicia Energética, una normativa que plantea cambios en la estructura de la ENEE, busca enfrentar el deterioro financiero y mantener el 100 % de su propiedad en manos del Estado. 

Uno de los puntos centrales del dictamen establece que las empresas que surjan de la reorganización de la ENEE continuarán bajo propiedad exclusiva del Estado de Honduras, que mantendrá el 100 % de las acciones.

La aprobación ocurrió en medio de un fuerte debate político sobre el futuro del sistema eléctrico, con posiciones encontradas entre el oficialismo y la oposición respecto a la administración de los activos públicos y las medidas necesarias para recuperar las finanzas de la estatal.

Uno de los principales elementos de la reforma es la definición de la propiedad estatal sobre las empresas que se desprendan de la estructura de la ENEE.

De acuerdo con lo aprobado, el Estado de Honduras será el propietario exclusivo de esas compañías y tendrá la totalidad de sus acciones. El planteamiento busca dejar establecido en la legislación que la reorganización del sistema eléctrico no implica una transferencia de la propiedad pública a particulares.

El tema fue uno de los puntos que generó mayor discusión durante el debate legislativo, debido a las diferencias entre las bancadas sobre el alcance de las reformas y el modelo que deberá seguir el sector energético.

La nueva legislación busca atender el problema financiero que enfrenta la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, marcado por una elevada deuda y un nivel considerable de pérdidas en el sistema.

El dictamen contempla medidas para mejorar la eficiencia operativa, atraer inversión nacional y extranjera y crear condiciones para fortalecer la prestación del servicio eléctrico.

También se plantea eliminar las exoneraciones fiscales para la importación de equipos destinados a generadores térmicos y proyectos de energía renovable, con el objetivo de establecer condiciones de competencia más equilibradas entre los participantes del mercado.

Uno de los desafíos más importantes será reducir las pérdidas técnicas y no técnicas, que actualmente representan alrededor del 38 % del sistema.

La reforma también incorpora disposiciones dirigidas a los usuarios, entre ellas el mantenimiento de subsidios focalizados para proteger a los hogares con menores ingresos.

Otro de los puntos aprobados establece un período de tres meses para que las personas con conexiones irregulares puedan legalizar su situación.

Una vez concluido ese plazo, quienes continúen incurriendo en fraude eléctrico podrían enfrentar acciones legales por parte del Ministerio Público.

La medida pretende reducir las conexiones clandestinas y mejorar el control sobre el consumo de energía, uno de los problemas que durante años ha afectado los ingresos de la estatal.

El proyecto también contempla un mecanismo diferenciado para abordar las deudas que mantienen las municipalidades con la ENEE.

Las alcaldías con menores presupuestos podrán acceder a condiciones especiales para regularizar sus obligaciones, mientras que los gobiernos locales con mayores ingresos deberán establecer acuerdos directamente con la empresa estatal.

La intención es evitar que las deudas municipales se conviertan en una carga adicional para las finanzas de la ENEE.

La discusión de la Ley de Justicia Energética estuvo acompañada de fuertes diferencias políticas, la bancada oficialista defendió la reforma como una alternativa para recuperar la estatal eléctrica y aseguró que el nuevo modelo no representa una privatización.

La oposición, entretanto, cuestionó varios aspectos del dictamen y pidió garantías para evitar que los bienes y activos públicos puedan quedar comprometidos en futuras operaciones.

Con la aprobación de la reforma, el Congreso Nacional da un paso clave en la transformación del sistema eléctrico hondureño, el reto ahora será llevar las disposiciones aprobadas a la práctica y lograr que los cambios se traduzcan en una ENEE financieramente más sólida, menores pérdidas y mejores condiciones para los usuarios.