Congreso aprueba ley para frenar invasiones de tierras productivas
Congreso aprobó la Ley de Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial para prevenir invasiones de tierras y proteger la propiedad privada
Congreso aprobó la Ley de Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial para prevenir invasiones de tierras y proteger la propiedad privada
Foto: Emilio Flores
El Congreso Nacional aprobó en tercer y último debate la Ley de Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial de Honduras, orientada a proteger la inversión, las actividades productivas, propiedad privada y prevenir las invasiones de tierras.
“Hemos visto cómo se han incrementado las invasiones en estos últimos años”, expresó el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, al comenzar el debate.
Denunció que, “existió política pública del Estado en el gobierno anterior de incentivar las invasiones, de dar órdenes a la Policía para que no accionara contra las invasiones.
“Y eso lo que nos ha traído es inseguridad jurídica, desempleo, menos inversión y menos producción en el país”, remarcó.
Zambrano, diputado de Valle, zona muy afectada por las invasiones de tierras de cultivo, resaltó que el Congreso debe proteger los empleos ya generados bajo su presidencia
No afecta reforma agraria
El parlamentario aseguró al sector campesino que esa ley no afecta la reforma agraria y expresó el respaldo del Legislativo a la dotación de tierras por la vía legal.
“Este Congreso tiene que poner un alto y tiene que enviarles un mensaje a los operadores de justicia; a la Fiscalía, que actúa en estos temas, a las Fuerzas Armadas y Policía, que acompañe las órdenes de desalojo, y a la Corte Suprema de Justicia, que agilice los procesos judiciales que se encuentran en proceso”, acotó.
Alcances de la ley
El artículo 2 de la Ley de Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial declara que, “en ningún caso se justificará la ocupación, invasión o usurpación de tierras destinadas a la producción agroindustrial”.
Para eso, ninguna autoridad administrativa podrá reconocer, tolerar, validar o legitimar actos de ocupación material sobre dichas tierras, aun cuando estos se presenten bajo la forma de conflictos sociales, reivindicaciones colectivas, protestas, huelgas o reclamos políticos.
El decreto especificó que el Ministerio Público (MP), la Policía Nacional y las autoridades administrativas competentes tienen el deber legal, ineludible e inmediato de actuar ante cualquier denuncia, aviso o conocimiento de hechos relacionados con ocupaciones ilegales, usurpaciones, tomas, bloqueos o actos que afecten directa o indirectamente actividades agroindustriales.
