Congreso aprueba reforma para agilizar pagos a exempleados con demandas al Estado
El Congreso establece mecanismo extraordinario para resolver obligaciones económicas pendientes con exempleados que tienen procesos judiciales contra el Estado.


El Congreso establece mecanismo extraordinario para resolver obligaciones económicas pendientes con exempleados que tienen procesos judiciales contra el Estado.
Foto: Foto: Emilio Flores
A través de la reforma para agilizar pagos a exempleados con demandas al Estado, el Congreso Nacional busca establecer un mecanismo extraordinario para resolver obligaciones económicas pendientes relacionadas con procesos judiciales en el sector público
La modificación aprobada este jueves crea un régimen especial y temporal que permitirá facilitar acuerdos de conciliación y definir mecanismos para el pago de las cantidades reconocidas.
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¿Quiénes podrán solicitar la conciliación?
La medida está dirigida a personas que prestaron servicios en los programas contemplados por la normativa y que mantienen procesos judiciales activos por obligaciones económicas pendientes.
Para acogerse al mecanismo deberán acreditar que efectivamente prestaron los servicios, que no han recibido previamente el pago reclamado y que el proceso judicial continúa abierto y no tiene una sentencia firme.
Una vez presentada la documentación requerida, las instituciones deberán verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas.

Acuerdos deberán formalizarse en 45 días
Cuando los requisitos sean acreditados y exista disponibilidad presupuestaria, las instituciones tendrán un plazo máximo de 45 días hábiles para formalizar los acuerdos conciliatorios.
El convenio deberá precisar el monto reconocido, la modalidad y frecuencia de los desembolsos, además del período establecido para cancelar la obligación.
El plazo para completar los pagos no podrá superar los 18 meses.
Finanzas podrá habilitar los recursos
La reforma también faculta a la Secretaría de Finanzas para efectuar las operaciones presupuestarias necesarias para identificar y habilitar los fondos destinados exclusivamente al cumplimiento de estas obligaciones.
Los desembolsos podrán efectuarse mensualmente, de acuerdo con el cronograma que sea establecido en cada acuerdo.
La disponibilidad presupuestaria será una condición necesaria para concretar las conciliaciones y ejecutar los pagos.
Los procesos judiciales relacionados con obligaciones laborales o económicas pendientes frente al Estado pueden extenderse durante períodos prolongados, especialmente cuando no existe un acuerdo entre las partes.

Con esta reforma, el Legislativo establece una vía excepcional para que determinados casos que aún se encuentran en los tribunales puedan resolverse mediante conciliación, evitando que necesariamente continúen hasta una sentencia definitiva.
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