Congreso Nacional da plazo de 6 meses para legalizar armas sin registro
La regularización incluye inspección física, registro balístico y revisión de antecedentes.
La regularización incluye inspección física, registro balístico y revisión de antecedentes.
Foto: Archivo. Emilio Flores/DNH.
Los hondureños que poseen armas de fuego de uso comercial sin factura, documentación o registro oficial podrán regularizarlas durante un período de seis meses gracias a una amnistía administrativa aprobada por unanimidad en el Congreso Nacional.
El decreto entrará en vigencia una vez que se publique en el diario oficial La Gaceta y permitirá a los propietarios iniciar el proceso de inscripción aun cuando no cuenten con comprobantes de compra, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la legislación vigente.
La medida busca incorporar estas armas al registro oficial del Estado; sin embargo, las autoridades aclararon que la regularización no extingue responsabilidades penales ni afecta investigaciones judiciales en curso. El beneficio se limita exclusivamente a la inscripción administrativa de armas permitidas por la ley.
Regularización exige controles y verificaciones
Para acceder a la amnistía, los propietarios deberán presentar una solicitud formal, antecedentes penales y someter el arma a una inspección física y a un registro balístico.
Además, las autoridades realizarán verificaciones en bases de datos nacionales e internacionales para determinar si el arma figura en investigaciones criminales, reportes de robo o cualquier otra situación irregular.
De acuerdo con el decreto, únicamente podrán registrarse armas de uso comercial autorizadas por la normativa hondureña. En consecuencia, quedan excluidas las armas de uso militar, las prohibidas y aquellas restringidas por ley.
La Secretaría de Seguridad será la institución responsable de ejecutar el proceso mediante los mecanismos de control, validación y registro correspondientes.
Congreso descarta amnistía penal
Por otra parte, el Congreso Nacional enfatizó que la medida no debe interpretarse como una amnistía penal, ya que el decreto no elimina antecedentes relacionados con delitos cometidos anteriormente ni impide que las autoridades continúen investigaciones o procesos judiciales vinculados a las armas que se regularicen.
Tampoco exime de responsabilidad a personas que hayan utilizado estas armas en actividades ilícitas antes de su inscripción en el registro estatal.
Con esta iniciativa, el Poder Legislativo busca reducir la brecha existente entre la cantidad de armas que circulan en el país y aquellas que se encuentran debidamente registradas. Asimismo, pretende fortalecer los mecanismos de control estatal, mejorar la trazabilidad de las armas de fuego y facilitar las acciones de seguridad pública mediante una base de datos más actualizada y completa.
