Congreso Nacional impulsa reforma para lucha contra la violencia sexual infantil

El Congreso Nacional de Honduras inició un proceso de revisión y fortalecimiento de la Ley para la Prevención, Detección Temprana y Atención Integral de la Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes, con el propósito de responder de manera más efectiva a una problemática que afecta a miles de menores en el país.

La discusión se desarrolló en el seno de la Comisión de Familia, Niñez, Juventud y Adulto Mayor, que sostuvo una reunión con representantes de organismos nacionales e internacionales especializados en la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia.

Las reformas pretenden consolidar un marco legal más robusto que permita prevenir, detectar, investigar y sancionar los delitos sexuales contra menores, además de garantizar la restitución integral de sus derechos.

En el encuentro participaron representantes de organismos como Unicef, Child Fund, Plan Internacional, World Vision, Casa Alianza, Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Our Rescue, Coiproden, Fundación Infantil Aldeas SOS y Red Viva, entre otras entidades comprometidas con la protección de la infancia.

Asimismo, se sumaron delegados de instituciones gubernamentales y del sistema de justicia, entre ellas las secretarías de Educación, Gobernación, Justicia y Descentralización, así como la Secretaría de Finanzas. 

También participaron representantes de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez, la Corte Suprema de Justicia, el Arzobispado de Tegucigalpa y la Confraternidad Evangélica de Honduras.

La presencia de estos sectores refleja el interés de construir una legislación integral que cuente con el respaldo de diversos actores sociales e institucionales.

De acuerdo con la asesora jurídica de la comisión legislativa, Karla Medal, el objetivo principal de las reformas no se limita a modificar el texto legal existente, sino a desarrollar una normativa que complemente otras leyes relacionadas con la protección de la niñez.

“Con esto se pretende no solo revisar el texto, sino realizar una construcción colectiva de manera que el cuerpo normativo sirva para complementar los vacíos legales de otras normativas, específicamente en la prevención, detección y sanción contra la población infantil y adolescente afectada e identificada”, expresó Medal.

Las modificaciones contemplan mecanismos más eficaces para la detección temprana de casos, la atención especializada a las víctimas y la coordinación interinstitucional para garantizar una respuesta rápida y efectiva ante situaciones de abuso sexual.

Diversos organismos han advertido que la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes continúa siendo una de las principales amenazas para el bienestar y desarrollo de la población menor de edad.

Aunque cada año se registran numerosos casos, especialistas señalan que una gran cantidad de víctimas nunca denuncia los hechos debido al miedo, la falta de confianza en las instituciones o las condiciones de vulnerabilidad en las que viven.

Factores como la pobreza, la desigualdad social y las limitaciones en la capacidad de respuesta estatal contribuyen a perpetuar este fenómeno, dificultando el acceso a la justicia y la protección efectiva de las víctimas.