Consejo Defensa y Seguridad en reunión de emergencia tras ataques en Yoro
El CNDS ordena intervenir Yoro y aplicar toque de queda tras cuatro ataques que dejaron 12 muertos. Policía y militares intensifican los operativos.
Jessica Urbina
18 de noviembre, 2026
6 min de lectura
Foto: Cortesía
Ante
la ola de violencia que dejó un saldo de 12 personas fallecidas en el
departamento de Yoro, las autoridades hondureñas sostienen una reunión de emergencia dirigida por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).
El
encuentro tiene como objetivo principal articular una respuesta conjunta del
Estado para hacer frente a la crisis, acelerar las investigaciones y establecer
medidas de protección para los pobladores de la zona antes mencionada.
Como
acción inmediata, el gobierno prepara el despliegue de entre 400
y 500 agentes policiales y militares, buscando retomar el control de la zona y
prevenir futuros ataques.
Antes
del encuentro, los altos mandos de la Secretaría de Seguridad y la Policía
Nacional sostuvieron una reunión de emergencia para analizar los
acontecimientos y preparar una serie de propuestas que serían presentadas al
Consejo, explicó el director de Comunicación Estratégica de la Secretaría de Seguridad, Lennin René Pineda Bocanegra.
Según
el funcionario, los integrantes del CNDS ya se encontraban conectados para
abordar la crisis, mientras se esperaba la incorporación del presidente de la
República, quien participaba en otra actividad oficial.
Lennin Pineda Bocanegra, director de Comunicación Estratégica de la Secretaría de Seguridad. Foto: Cortesía
Asesinatos en Yoro
Los
hechos que provocaron la convocatoria de emergencia ocurrieron en el municipio
de Yorito, donde se reportaron cuatro escenas violentas durante las primeras
horas del miércoles.
De
acuerdo con la información preliminar de la Policía Nacional, nueve personas
murieron en tres ataques registrados en la aldea Vallecillos y otras tres
fueron asesinadas en la comunidad de Pacayales.
En
Vallecillos, los crímenes ocurrieron en tres escenarios: uno en un campo de
fútbol y dos dentro de viviendas. En cada uno se reportaron tres víctimas
mortales.
El
cuarto ataque tuvo lugar en Pacayales, donde fue asesinada una regidora
municipal, identificada preliminarmente como Yolanda Olvera, junto con dos
integrantes de su familia, entre ellos una menor de edad.
El
balance incluye hombres, mujeres y menores. Las circunstancias en que se
produjeron los ataques todavía están bajo investigación.
Un
despliegue de hasta 500 policías y militares
La
respuesta de las autoridades contempla el envío de entre 400 y 500 elementos de
la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad en los 11
municipios de Yoro.
El
contingente incluye agentes de prevención y seguridad comunitaria, unidades de
fuerzas especiales y personal militar.
Pineda
explicó que el refuerzo no parte de una ausencia total de las autoridades en la
zona, sino de la necesidad de aumentar la capacidad operativa ante la gravedad
de los acontecimientos.
La
estrategia también contempla más recursos humanos, materiales, tecnológicos y
financieros para mantener los operativos durante las 24 horas.
El
terreno representa un desafío adicional. Según el funcionario, se trata de una
región rural y montañosa, por lo que mantener la vigilancia y localizar a los
integrantes de las estructuras criminales requiere una presencia considerable
de efectivos.
Las
autoridades también analizan aspectos de inteligencia, investigación criminal,
prevención y operaciones especiales, además de la logística necesaria para
sostener el despliegue.
Cártel del Diablo
Uno
de los elementos que añade preocupación al caso es la circulación de audios y
videos en redes sociales atribuidos a un supuesto integrante del denominado
Cártel del Diablo.
En
esas publicaciones, una persona que presuntamente habla en nombre de la
estructura criminal se atribuye los ataques y lanza amenazas contra habitantes
de la zona.
Los
mensajes hacen referencia a posibles represalias contra quienes colaboren con
la Policía Nacional.
Sin
embargo, la Secretaría de Seguridad evitó confirmar que el grupo sea
responsable de los asesinatos. Pineda señaló que su participación constituye
una de las líneas de investigación, pero que todavía deben analizarse las
evidencias.
Los
audios y videos serán sometidos a peritajes en los laboratorios
correspondientes para establecer su autenticidad y determinar si guardan
relación con las escenas del crimen.
La
investigación está a cargo de equipos de la Dirección Policial de
Investigaciones (DPI), en coordinación con el Ministerio Público y la Agencia
Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
Los
fiscales dirigen técnica y jurídicamente las diligencias, mientras los
investigadores recopilan indicios que permitan establecer los móviles e
identificar a los responsables.
Foto: Cortesía
Intervención de Yoro
La
reunión de emergencia dejó como primera disposición la intervención de todo el
departamento de Yoro y la aplicación de un toque de queda por sectores.
La
medida busca ampliar el control territorial, fortalecer la presencia de las
fuerzas de seguridad y frenar las actividades de las estructuras criminales que
operan en la región.
No
obstante, todavía está pendiente que las autoridades precisen qué comunidades
estarán sujetas a las restricciones, los horarios de aplicación y cuánto tiempo
permanecerán vigentes.
Mientras
se anuncian las medidas de seguridad, los equipos técnicos continúan trabajando
en las cuatro escenas del crimen.
Los
investigadores, fiscales del Ministerio Público y médicos forenses realizan los
procedimientos correspondientes para identificar plenamente a las víctimas,
recopilar evidencias y establecer posibles móviles.
Una
de las líneas de investigación apunta a determinar si los asesinatos guardan
relación con las recientes capturas de integrantes de estructuras criminales.
Pineda
reconoció que esa posibilidad está siendo investigada, aunque aclaró que
todavía no existe una conclusión sobre los motivos de los ataques.
También
mencionó que una de las posibles víctimas habría presentado días antes una
denuncia relacionada con asuntos ambientales, pero descartó que, según la
información preliminar disponible, estuviera vinculada con una denuncia contra
grupos criminales o la colaboración con la Policía.
Las
autoridades deberán establecer si existe alguna conexión entre ese antecedente
y los asesinatos.
La
Secretaría de Seguridad también reconoció que el temor de los habitantes puede
dificultar las investigaciones.
Pineda
pidió a la población colaborar con información sobre los movimientos de las
organizaciones criminales, aunque admitió que el miedo a posibles represalias
puede limitar las denuncias.
El
funcionario aseguró que la Policía está apostando por el uso de tecnología para
identificar a los integrantes de estas estructuras y facilitar su captura.
Según
los informes de inteligencia citados por el comisionado, las autoridades ya
habrían detenido a cerca de la mitad de los integrantes de la organización
criminal investigada.
Sin
embargo, los recientes asesinatos evidencian que todavía existe capacidad para
ejecutar ataques violentos en comunidades rurales.
“Necesitan
seguridad hoy y no mañana”, expresó Pineda al referirse a la preocupación de
los habitantes de Yoro.
La
prioridad de las autoridades será ahora esclarecer los 12 asesinatos, localizar
a los responsables y evitar que la violencia vuelva a golpear a las comunidades
del departamento.