Declaran secretividad en caso de Luis Redondo y ratifican orden de captura

La magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y juez natural del caso, Anny Ochoa, confirmó que el proceso penal que involucra al ex presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, quedará bajo secretividad a petición del Ministerio Público (MP), con el propósito de proteger las pruebas y evitar que se afecte el desarrollo de las investigaciones.

Ochoa explicó que la decisión busca resguardar la información del expediente mientras avanzan las actuaciones judiciales, por lo que las notificaciones se dirigirán a las partes que ya se han presentado formalmente en el proceso.

“Efectivamente, el Ministerio Público ha solicitado que se mantenga en reserva o en secretividad del proceso”, declaró la magistrada al explicar la medida.

¿Por qué se mantiene el caso en reserva?

En ese sentido, la jueza natural señaló que tomó la decisión con base en los argumentos presentados por la Fiscalía y los riesgos que, según esta, podrían comprometer el proceso penal.

“Es por ello que en virtud de lo peticionado y en fundamento de el peligro de fuga de la información y la imposibilidad o ante el peligro de que la prueba pueda ser afectada, se ha dictado la secretividad del proceso”, indicó.

Asimismo, Ochoa aseguró que las actuaciones continuarán conforme a las etapas previstas en la legislación penal, con garantías para las partes involucradas.

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“Vamos a ir desarrollando cada una de las audiencias en las etapas probatorias o las etapas que el proceso establece garantizando el debido proceso, pero también la igualdad de las partes”, agregó.

¿De qué delitos acusan a Luis Redondo?

El requerimiento fiscal atribuye a Redondo cuatro cargos por tres tipos de delitos, el expediente incluye a 14 personas y un total de 21 delitos.

• Perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones: se relaciona con presuntas actuaciones que habrían afectado el funcionamiento institucional.

• Usurpación de funciones: se refiere al presunto ejercicio de atribuciones que legalmente corresponderían a otra autoridad u órgano.

• Dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios: señalamientos vinculados al supuesto incumplimiento de obligaciones propias del cargo público.