Denuncian anomalías en L1,837 millones de diputados solidarios entre 2023 y 2025

La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) denunció presuntas irregularidades en el manejo de L1,837,349,701.14 del Fondo de Administración Solidaria, recursos gestionados por diputados de Libre, entre 2023 y 2025.

La organización presentó los hallazgos en su informe “Diputados Solidarios”, en el que señala que los fondos fueron canalizados a través de una línea presupuestaria creada para atender diferentes necesidades sociales, pero que habría operado sin mecanismos adecuados de control y trazabilidad.

Diputados gestionaban directamente los proyectos

Aunque la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedesol), el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) aparecen como instituciones ejecutoras, ASJ sostiene que, en la práctica, los diputados tenían una participación directa en la gestión de los beneficios.

Según el informe, los congresistas presentaban proyectos, solicitaban las ayudas y participaban en la gestión de su entrega en las comunidades.

El Fondo de Administración Solidaria fue creado en 2023 mediante las Disposiciones Generales del Presupuesto, autorizando al Congreso Nacional a asignar hasta 950 millones de lempiras anuales a instituciones del Estado.

Los recursos estaban destinados inicialmente a becas estudiantiles, obras sociales e infraestructura menor. Para 2025 se incorporaron también cupones alimenticios, kits tecnológicos e insumos médicos.

El año con mayor movimiento de recursos fue 2024, cuando se ejecutaron 898.5 millones de lempiras entre Sedesol, Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y la Secretaría de Gobernación.

Instituciones no habrían presentado liquidaciones

Uno de los principales cuestionamientos de ASJ es que las instituciones ejecutoras no habrían remitido los informes de liquidación correspondientes a los organismos de control.

La organización aseguró que Sedesol reconoció que todavía no había liquidado recursos correspondientes al período 2023-2025 y que existían dudas sobre el procedimiento que debía seguirse para realizar ese proceso.

“El problema no es únicamente quién recibió estos fondos, sino que ninguna institución fue capaz de decirnos con certeza cómo se liquidaron. Eso convierte al Fondo Solidario en un mecanismo diseñado para operar sin control", señaló Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Transparencia de ASJ.

Solo el 37 % de los cupones ha sido liquidado

El informe también revisó la entrega de cupones y certificados alimenticios durante el período investigado.

De más de 187 millones de lempiras canjeados mediante este mecanismo, apenas el 37% habría sido liquidado, según los datos recopilados por ASJ.

La organización advierte que el resto de los recursos presenta problemas de trazabilidad.

Además, más de 53 millones de lempiras en cupones alimenticios fueron gestionados por un grupo de 26 diputados, todos pertenecientes al Partido Libertad y Refundación (Libre), de acuerdo con el informe.

Becas bajo reserva de información

ASJ también cuestionó el manejo de las becas estudiantiles financiadas con estos recursos.

La organización señaló que el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) y Sedesol suscribieron un convenio que contiene una cláusula de confidencialidad, la cual habría sido utilizada para negar información relacionada con la liquidación de los fondos.

ASJ considera que esa reserva no estaría justificada bajo los criterios establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Entre 2023 y 2025, 50 diputados propietarios y suplentes gestionaron con Sedesol más de 110 millones de lempiras para cerca de 22,000 becas estudiantiles.

El informe señala que una parte considerable de esos recursos se concentró en pocos congresistas.

El exdiputado Rasel Antonio Tomé Flores y su suplente encabezan la lista con alrededor de 29 millones de lempiras destinados a 5,801 becas.

Le siguen Hugo Rolando Noé Pino y su suplente, quienes habrían gestionado 25.7 millones de lempiras para 5,142 becas.

Beneficiarios niegan haber recibido ayudas

Durante visitas realizadas en distintas comunidades, ASJ encontró testimonios de personas que aparecían en listados oficiales como beneficiarias, pero que negaron haber recibido la ayuda registrada a su nombre.

Otros ciudadanos aseguraron haber recibido un beneficio diferente al consignado en los documentos oficiales.

En al menos uno de los casos revisados, una persona identificada como beneficiaria de apoyo económico confirmó que no contaba con el negocio que aparecía registrado como destinatario de los fondos.

ASJ vincula el mecanismo con fines electorales

La organización también advirtió sobre una posible utilización política de los recursos públicos.

Según el capítulo hondureño de Transparencia Internacional, 23 de los diputados que gestionaron becas, cupones, obras sociales e infraestructura menor entre 2023 y 2025 resultaron reelectos en el proceso electoral más reciente.

Foto

Para ASJ, este patrón genera cuestionamientos sobre el uso de programas sociales y recursos estatales como herramientas de promoción política y electoral.

Entre los congresistas mencionados en el informe figuran Hugo Noé Pino, Rasel Tomé, Fabricio Sandoval, Mauricio Rivera, Oved López, Isis Cuéllar, Bartolo Fuentes, Andrés Castro y Pablo Ramón Soto, entre otros diputados vinculados al Partido Libre.

Piden una nueva ley para controlar subvenciones

Ante los hallazgos, ASJ recomendó aprobar una Ley de Administración de Subvenciones que establezca controles claros sobre el uso de fondos públicos.

También planteó la publicación oportuna de los listados de beneficiarios y de los informes de liquidación.

Otra de las propuestas es prohibir expresamente que los diputados intermedien en la entrega de ayudas financiadas con recursos del Estado, especialmente durante los años electorales.

El informe concluye que la falta de información sobre el destino final y la liquidación de los L1,837 millones manejados mediante el Fondo de Administración Solidaria mantiene abiertos serios cuestionamientos sobre la transparencia y el control de estos recursos públicos.