Denuncian presuntas irregularidades millonarias en 25 instituciones del Estado en administración anterior
La Comisión Liquidadora denuncia presuntas irregularidades en 25 instituciones públicas e investiga fondos millonarios, pagos y programas sociales.
La Comisión Liquidadora denuncia presuntas irregularidades en 25 instituciones públicas e investiga fondos millonarios, pagos y programas sociales.
Foto: Cortesía
La Comisión Técnica Liquidadora presentó ante el Ministerio Público más de diez líneas de investigación por posibles irregularidades en fondos públicos, incluyendo L230 millones para cajas rurales, retrasos en el Hospital Neonatal de Occidente y anomalías en programas para migrantes retornados.
La revisión de 25 instituciones públicas dejó al descubierto posibles irregularidades administrativas y financieras que ahora deberán ser investigadas por el Ministerio Público, mientras que la documentación también fue remitida al Tribunal Superior de Cuentas.
Los cinco integrantes de la Comisión Técnica Liquidadora acudieron a la Fiscalía para entregar los informes y documentos recopilados durante el proceso de cierre de las instituciones, varias de ellas suprimidas por la administración anterior, encabezada por la expresidenta Xiomara Castro.
Los hallazgos abarcan presuntas transferencias irregulares, falta de conciliaciones bancarias, pagos por servicios de asesoría y recursos cuya utilización no estaría debidamente justificada.
LEA AQUÍ: Comisión liquidadora destapa pagos millonarios y hallazgos en la Red Solidaria
Leonel Núñez: millones bajo sospecha y contratos de asesoría
El abogado Leonel Núñez, integrante de la comisión, afirmó que se han solicitado más de 10 líneas de investigación y advirtió que los posibles responsables no deben limitarse a funcionarios públicos.
“Hay que combatir la corrupción de manera brutal, pero no solamente al corrupto en el lado público. Hay que también buscar quiénes participaron para corruptores”, expresó.
Núñez sostuvo que el perjuicio económico todavía no puede establecerse con precisión, pues los expedientes deben someterse a una revisión más profunda.
Sin embargo, aseguró que se trata de millones de lempiras que, según sus palabras, fueron apartados de necesidades prioritarias de la población hondureña.
Uno de los casos que destacó corresponde a la desaparecida Secretaría de Planificación Estratégica (SPE), cuyos recursos presupuestarios aumentaron considerablemente entre 2022 y 2025.
Según los datos proporcionados por el abogado, la institución manejó 74 millones de lempiras en 2022, 450 millones en 2023, 1.002 millones en 2024 y 1.694 millones en 2025.
Núñez también señaló pagos superiores a 54 millones de lempiras a una empresa durante un período de 18 meses por servicios vinculados con asesorías.
A ello sumó gastos en boletos de avión, hospedaje, alquiler de vehículos y contratación de asesores extranjeros, incluidos ciudadanos cubanos, venezolanos y argentinos.
El comisionado mencionó además la contratación de una empresa unipersonal que, según su denuncia, habría elaborado perfiles de medios de comunicación según su orientación política.
Las autoridades fiscales deberán determinar si estos desembolsos se ajustaron a la ley o si existen indicios de delitos como administración fraudulenta, abuso de autoridad o lavado de activos.
Núñez pidió que las investigaciones se desarrollen con objetividad y que, si se reúnen las pruebas necesarias, se proceda judicialmente contra los responsables.
“Lo más importante es que el dinero que se malversó se devuelva también”, concluyó.
Denisse Rosales: L230 millones sin liquidaciones claras
La abogada Denisse Yamileth Rosales Rivera, también integrante de la comisión, presentó otro de los casos que requieren atención de la Fiscalía: el manejo de 230 millones de lempiras destinados a cajas rurales.
Los recursos habrían sido transferidos desde la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (Convivienda) hacia el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), por lo que se solicitó investigar a los funcionarios que administraron los fondos en ambas instituciones.
Rosales explicó que las supuestas liquidaciones presentadas no coinciden y que no existen conciliaciones bancarias que permitan establecer con claridad el destino del dinero.
“No hay claridad en cuanto a las personas a quienes le fueron entregados estos fondos”, afirmó.
Los recursos estaban destinados a proyectos habitacionales, pero la documentación revisada no permitiría determinar de forma concluyente quiénes recibieron el dinero ni cómo se ejecutó.
La abogada también señaló transferencias entre instituciones que, según la revisión preliminar, no estarían debidamente respaldadas por la planificación presupuestaria o las autorizaciones correspondientes.
La comisión dejó en manos del Ministerio Público la identificación de los funcionarios que podrían tener responsabilidad en el caso.
Rosales indicó que el proceso de liquidación todavía incluye obligaciones pendientes, como el pago de prestaciones laborales, la entrega de bienes y la cancelación de compromisos con proveedores.
Mario Simón: hospital inconcluso, ayudas cuestionadas y compras bajo sospecha
El abogado Mario Simón presentó cuatro hallazgos relacionados con instituciones y programas sociales, entre ellos el Hospital Neonatal de Occidente, iniciativas de asistencia a migrantes retornados y la entrega de bonos alimenticios.
Según explicó, los recursos administrados por instituciones como Red Solidaria, Proasol y programas vinculados con Sedesol debían beneficiar principalmente a personas en situación de vulnerabilidad.
No obstante, sostuvo que varios de los programas revisados presentan inconsistencias que ponen en duda si los fondos cumplieron la finalidad para la que fueron asignados.
Hospital Neonatal de Occidente: apenas 27% de ejecución
Uno de los señalamientos más relevantes corresponde al Hospital Neonatal de Occidente, cuya construcción debía haber concluido en junio de 2025.
Simón afirmó que el plazo legal de ejecución finalizó el 10 de enero de 2026, después de dos ampliaciones, sin que la obra estuviera terminada.
De acuerdo con el comisionado, el proyecto registraba apenas un 27% de ejecución, pese a la importancia de la infraestructura para la atención sanitaria.
También señaló que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) determinó que el hospital ya no era elegible para continuar recibiendo financiamiento, situación que atribuyó a decisiones administrativas y a la falta de acciones oportunas para concluir la obra.
A esta situación se suma la compra de equipo médico y biomédico por aproximadamente 147 millones de lempiras durante 2025.
Simón cuestionó que los equipos fueran adquiridos antes de que el hospital estuviera listo para recibirlos y comenzar a operar.
“Empiezan a correr las garantías”, advirtió, al explicar que mantener los equipos almacenados genera incertidumbre sobre su estado y funcionamiento.
Programa para migrantes retornados: diferencias en los registros
Otro de los hallazgos involucra los programas de apoyo económico a migrantes retornados, incluido el beneficio de 100 dólares.
Simón aseguró que se encontraron pagos realizados cuando las instituciones estaban en proceso de cierre, así como liquidaciones que no coincidirían con los registros oficiales del Instituto Nacional de Migración.
Según el abogado, al comparar las bases de datos surgieron diferencias entre el número de personas que supuestamente recibieron las ayudas y la cantidad de hondureños retornados que aparece en los registros oficiales.
El comisionado estimó que los recursos relacionados con las distintas fases de estos programas rondarían los 200 millones de lempiras, aunque señaló que las investigaciones deberán precisar las cantidades y las posibles responsabilidades.
Bonos alimenticios y contratación de una ONG
Simón también cuestionó la entrega de bonos alimenticios gestionados mediante Banasupro.
Según los datos que presentó, se habrían distribuido alrededor de 70.000 bonos, mientras que los registros oficiales de migración reflejaban poco más de 40.000 personas retornadas bajo esa condición.
La diferencia deberá ser examinada para establecer si los beneficios llegaron a la población prevista y si existe documentación que respalde las entregas.
El cuarto señalamiento expuesto por el abogado se relaciona con el pago de aproximadamente 60 millones de lempiras a una organización no gubernamental (ONG) para realizar compras directas.
Simón sostuvo que estas operaciones habrían eludido disposiciones de la Ley de Contratación del Estado y de las normas presupuestarias.
En conjunto, el comisionado estimó que los perjuicios económicos de los hallazgos que detalló superan los 100 millones de lempiras, aunque indicó que los casos de los programas para migrantes representan una cantidad adicional que deberá precisarse durante las investigaciones.
El Ministerio Público deberá determinar responsabilidades
La entrega de los expedientes marca el inicio de una etapa en la que corresponde al Ministerio Público analizar los documentos, verificar los indicios y establecer si existen elementos suficientes para presentar requerimientos fiscales.
Los integrantes de la comisión insistieron en que los señalamientos deben sustentarse mediante pruebas y que serán las autoridades competentes las que determinen si hubo delitos y quiénes serían los responsables.
Por ahora, las cifras expuestas representan montos sujetos a verificación y no constituyen, por sí solas, una determinación judicial de malversación o corrupción.
El resultado de las investigaciones permitirá establecer el destino de los fondos, las posibles responsabilidades administrativas o penales y, si corresponde, las acciones para recuperar los recursos públicos.
Compartir este artículo
