EE. UU. endurecerá evaluación para obtener la “green card” desde septiembre

El gobierno de Estados Unidos aplicará desde el 18 de septiembre de 2026 una reforma que ampliará los criterios utilizados para determinar si una persona que solicita la residencia permanente podría convertirse en una “carga pública”.

El cambio modifica las reglas de evaluación y también el formulario I-485, utilizado para solicitar el ajuste de estatus a residente permanente.

Una evaluación más amplia de cada solicitante

La nueva normativa establece que los oficiales migratorios deberán analizar cinco factores principales: edad, salud, situación familiar, recursos y situación financiera, además de educación y habilidades.

También podrán considerar otros elementos relevantes del expediente, incluido el historial relacionado con determinados beneficios públicos sujetos a comprobación de ingresos.

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A diferencia de las reglas vigentes desde 2022, el nuevo marco amplía los beneficios que pueden ser considerados en la evaluación. Entre ellos figuran programas como Medicaid, CHIP, WIC, SNAP, subsidios federales de vivienda y determinadas ayudas financieras para estudios universitarios.

La revisión no se limitará a quienes hayan recibido estos beneficios. También podrá tomar en cuenta solicitudes, aprobaciones o certificaciones para recibirlas después de la entrada en vigor de la nueva regulación, cuando se trate de programas sujetos a verificación de recursos.

El nuevo I-485 será obligatorio

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) actualizará el formulario I-485 el 18 de septiembre. Desde esa fecha, las solicitudes presentadas con la edición anterior serán rechazadas automáticamente.

La agencia no contempla un periodo de gracia para utilizar el formulario antiguo.

El nuevo documento pedirá información más detallada sobre activos, recursos económicos, historial financiero, educación y posible utilización de beneficios públicos.

¿A quiénes alcanza?

Los nuevos criterios se aplicarán a las personas que soliciten el ajuste de estatus mediante el I-485 y estén sujetas a la causal de inadmisibilidad por carga pública.

Esto incluye, entre otros, determinados solicitantes por vínculos familiares, empleo, visas de diversidad e inversión.

Sin embargo, existen categorías exentas. Entre ellas están refugiados, asilados, beneficiarios de VAWA, víctimas con visas T o U y determinadas personas bajo programas humanitarios, además de otras categorías establecidas por la legislación estadounidense.

La fecha de presentación será determinante. Los trámites presentados antes del 18 de septiembre de 2026 continuarán bajo las reglas de carga pública de 2022.

Las solicitudes presentadas a partir de esa fecha estarán sujetas al nuevo marco y deberán utilizar el formulario I-485 actualizado.

Una posible fianza de al menos $1,000

La nueva política también contempla la posibilidad de que, en determinados casos, un oficial permita al solicitante presentar una fianza de carga pública.

El monto mínimo establecido es de 1,000 dólares, aunque la cantidad podrá calcularse tomando en cuenta la posible asistencia pública que la persona podría recibir durante los siguientes cinco años.

Si se cumplen las condiciones establecidas, la fianza podría ser liberada posteriormente.

USCIS recomienda preparar la documentación

Ante el cambio, las autoridades migratorias recomiendan a quienes planean solicitar la residencia revisar cuidadosamente su situación y reunir documentación que permita demostrar su capacidad económica y autosuficiencia.

También deberán utilizar exclusivamente la versión actualizada del I-485 a partir del 18 de septiembre.

La reforma representa un cambio importante en la forma en que Estados Unidos evaluará las solicitudes de residencia permanente, al otorgar mayor peso a la situación económica y personal de cada solicitante y ampliar los elementos que los funcionarios podrán considerar en el análisis.