EE.UU. pide inmunidad para presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez
Esta protección, además, no supone una amnistía ni excluye la posibilidad de futuras actuaciones penales.
Esta protección, además, no supone una amnistía ni excluye la posibilidad de futuras actuaciones penales.
Foto: Foto: Cortesía
La administración del presidente Donald Trump solicitó a un tribunal federal de Miami que desestime una demanda presentada contra la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, subrayando hasta qué punto Washington ha adoptado a su gobierno como la autoridad legítima en Caracas.
Dicha solicitud, presentada esta semana por el Departamento de Justicia ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, sigue a una determinación formal del Departamento de Estado según la cual Rodríguez tiene derecho a la inmunidad como jefa de Estado, luego de que Estados Unidos reconociera su gobierno a principios de este año.
El caso gira en torno a las denuncias de tres hombres que aseguran haber sido torturados mientras permanecían encarcelados en Venezuela.
El Departamento de Justicia presentó lo que se conoce como una Sugerencia de Inmunidad, un escrito mediante el cual el poder ejecutivo informa a los tribunales federales que un líder extranjero goza de inmunidad conforme a la legislación estadounidense debido al cargo oficial que ocupa.
Solicitud Inmunidad
En una carta con fecha del 11 de junio, más de un mes antes de que el juez emitiera la sentencia, el Departamento de Estado pidió al DOJ que presentara una declaración formal de inmunidad ante el tribunal, explicando que Washington reconoce a Rodríguez como jefa de Estado, por lo que quedaría fuera de la jurisdicción del tribunal, según los documentos judiciales.
Inmunidad mientras permanezca en el cargo
El Departamento de Justicia pidió al tribunal que desestime todas las reclamaciones contra Rodríguez sin perjuicio, lo que significa que la demanda podría reactivarse una vez que deje la presidencia.
“El Poder Ejecutivo ha determinado que la presidenta Rodríguez, como actual jefa de Estado de Venezuela, goza de inmunidad frente a la jurisdicción de los tribunales de Estados Unidos en virtud de su condición actual”, escribieron los abogados del Departamento de Justicia.
La presidenta Rodríguez tiene derecho a la inmunidad frente a la jurisdicción de este tribunal mientras permanezca en ese cargo.
Protección del Derecho Internacional
El escrito no cuestiona las acusaciones formuladas contra Rodríguez ni entra a valorar el fondo del caso. En cambio, se limita a la cuestión jurídica de si un jefe de Estado extranjero en funciones puede ser demandado ante un tribunal estadounidense.
El documento representa mucho más que una maniobra procesal rutinaria al solicitar que un tribunal federal extienda a Rodríguez una de las protecciones más sólidas del derecho internacional, la administración Trump refuerza el cambio de política que comenzó con el reconocimiento de su gobierno en marzo.
La medida sugiere que, al menos por ahora, Washington concede mayor prioridad a preservar su relación de trabajo con el gobierno de Rodríguez que a permitir que avance la demanda civil en su contra, aunque las reclamaciones se derivan de presuntas violaciones de derechos humanos cometidas durante la era de Nicolás Maduro.
El escrito también constituye el más reciente capítulo de una demanda civil ampliamente seguida que acusa a altos funcionarios del antiguo gobierno de Maduro de secuestro, tortura, terrorismo y otras violaciones de derechos humanos, al tiempo que refleja la evolución de la relación de la administración Trump con el gobierno de transición venezolano.
¿Cuál es la consecuencia de esta decisión?
La consecuencia práctica de esta decisión es que el Departamento de Justicia pide al juez que archive todas las reclamaciones contra Rodríguez sin perjuicio, lo que significa que podrán reabrirse una vez que deje la presidencia de Venezuela. En la práctica, la medida aplaza el procedimiento sin cerrar definitivamente la puerta a futuras acciones judiciales.
El reconocimiento de la inmunidad no equivale a una absolución ni extingue eventuales responsabilidades futuras. Tampoco afecta a otras investigaciones que puedan estar en curso. Su único efecto es impedir que un tribunal estadounidense ejerza jurisdicción sobre la mandataria mientras permanezca en el cargo.
