El lujo del silencio

​El enfrentamiento entre Donald Trump y los medios de comunicación no es un capítulo nuevo en la política estadounidense, pero su nivel de crispación ha escalado a cotas históricas. La reciente revocación de credenciales a cadenas y medios tradicionales —y la posterior decisión del pool de prensa de suspender temporalmente la cobertura conjunta como medida de protesta— ha situado a la libertad de prensa frente a una encrucijada sin precedentes.  

​Ante esta embestida, la primera reacción del periodismo ha sido acudir al refugio natural del Estado de derecho: las cortes federales. La historia y la jurisprudencia están de su lado. Desde el emblemático fallo de Sherrill v. Knight en 1977 —que estableció que el Poder Ejecutivo no puede denegar ni revocar pases de prensa de manera arbitraria o por represalia ideológica— hasta los litigios ganados por reporteros durante el primer mandato de Trump, la Primera Enmienda ha demostrado ser un escudo sólido contra los abusos de acceso. Es muy probable que los medios vuelvan a ganar en los tribunales.

​Sin embargo, los tiempos de la justicia no son los tiempos de la noticia. Mientras un juez emite una medida cautelar o redacta una sentencia, el reloj del poder no se detiene. Y es ahí donde la estrategia del "apagón" o el boicot colectivo encuentra su límite más severo: la prensa no puede darse el lujo del silencio.  

​El dilema es abrumador. Si los medios deciden retirarse o dejar de cubrir a la Presidencia de manera prolongada en protesta por los atropellos institucionales, se produce un "vacío informativo". En la era de la desintermediación digital, ese vacío no estrangula al gobierno; lo beneficia.  

​Hoy, una administración no depende de la sala de prensa de la Casa Blanca para fijar su agenda, difundir sus políticas o dirigirse a la población. Le basta con una publicación en redes sociales, una transmisión en directo desde sus propios canales o una entrevista concedida a plataformas afines para moldear el relato público sin el estorbo de una repregunta. 

Si la prensa tradicional calla o apaga sus cámaras, el único perjudicado es el ciudadano, que pierde la mirada crítica e independiente del poder, mientras los sectores de la desinformación ocupan gustosos el espacio abandonado.  

​Los medios necesitan al presidente para cumplir su misión informativa —y sostener su modelo de negocio— mucho más de lo que el presidente necesita a los medios tradicionales para comunicarse con su base. Ignorar al mandatario no lo invisibiliza; solo priva a la audiencia de un escrutinio riguroso sobre sus actos de gobierno.  

​El periodismo se encuentra atrapado en una paradoja: no puede aceptar pasivamente el avasallamiento de sus derechos, pero tampoco puede atrincherarse en el boicot indefinido sin suicidar su relevancia pública. La batalla judicial restablecerá las credenciales, pero la batalla por la verdad y el control de la conversación se libra todos los días en la calle y en las pantallas.  

​Al final, este conflicto de poderes no se resolverá únicamente con un martillazo en un tribunal ni con conferencias de prensa desiertas. El verdadero ganador de esta guerra de desgaste entre el poder político y la prensa está por verse, y dependerá de si la ciudadanía sigue valorando el periodismo incómodo o si prefiere la versión cómoda, sin filtros y unilateral del poder.