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Internacional

Estados Unidos pide aislar diplomáticamente a Ortega para derrocar su tiranía

Ortega gobierna Nicaragua de manera continua desde hace 19 años y medio, tras asumir su segundo periodo presidencial en enero de 2007.Suma 25 años gobernando.

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Roberto Barragán
21 de julio, 2026
2 min de lectura
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La decisión del gobierno de Nicaragua de descartar la celebración de futuras elecciones democráticas provocó una nueva reacción de Estados Unidos, que llamó a la comunidad internacional a incrementar la presión diplomática contra el régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que las recientes declaraciones de Ortega confirmaron el carácter autoritario del gobierno nicaragüense y evidenciaron que el oficialismo abandonó cualquier apariencia de legitimidad democrática.
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"La declaración de Daniel Ortega de que, bajo la dictadura de su familia, Nicaragua nunca más celebrará elecciones puso al descubierto su verdadera naturaleza autoritaria", expresó Rubio en una declaración oficial emitida por el Departamento de Estado.

Libertad y democracia para Nicaragua 

El funcionario estadounidense sostuvo que el pueblo nicaragüense conservó el derecho de elegir libremente a sus gobernantes mediante procesos electorales democráticos, un principio que, según afirmó, fue vulnerado por el actual gobierno.
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"Estados Unidos instó a la comunidad internacional a unir fuerzas para demostrar a la dictadura Murillo-Ortega que no puede esperar mantener relaciones normales con otras naciones cuando está socavando los principios fundamentales de nuestro hemisferio democrático", señaló Rubio.

Presión internacional 

Las declaraciones del jefe de la diplomacia estadounidense surgieron después de que Daniel Ortega manifestara públicamente que, mientras su familia permanezca en el poder, Nicaragua no volverá a celebrar elecciones, una postura que profundizó las preocupaciones de diversos gobiernos y organismos internacionales sobre el deterioro democrático en ese país.

El pronunciamiento representó una nueva escalada en las tensiones entre Washington y Managua. Durante los últimos años, Estados Unidos impuso sanciones económicas y restricciones migratorias contra altos funcionarios del gobierno nicaragüense, al considerar que incurrieron en violaciones a los derechos humanos, persecución de opositores y debilitamiento de las instituciones democráticas.
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Como antecedente, organismos internacionales y países de la región cuestionaron los procesos electorales celebrados en Nicaragua desde 2021, debido al encarcelamiento de dirigentes opositores, la cancelación de partidos políticos y las limitaciones impuestas a la prensa independiente y a organizaciones de la sociedad civil.


Las declaraciones de Ortega reforzaron las críticas de la comunidad internacional sobre el rumbo político de Nicaragua y abrieron un nuevo escenario de presión diplomática, mientras distintos gobiernos insistieron en la necesidad de restablecer las garantías democráticas y el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades mediante elecciones competitivas y transparentes.
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