Gobierno declara emergencia en Río Plátano y reactiva inversión público-privada
Con el propósito de frenar su deterioro y fortalecer la política de protección de uno de los patrimonios naturales más relevantes del país, el Gobierno de la República declaró en situación de emergencia, por un período de 36 meses, la Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano.
La determinación se adoptó en Consejo de Ministros, encabezado por el presidente Nasry Asfura. Además, se aprobaron otras iniciativas orientadas a proteger el patrimonio natural del país, fortalecer la seguridad alimentaria y estimular la inversión nacional y extranjera.
La primera de estas decisiones establece la declaratoria de emergencia ambiental por un período de 36 meses en la Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano, con el objetivo de contrarrestar su deterioro y fortalecer la protección de este importante patrimonio natural de Honduras y de la humanidad.
La responsabilidad de ejecutar esta medida, estipulada en el respectivo decreto ejecutivo, recae en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) y el Instituto de Conservación Forestal (ICF).
La intervención conjunta atenderá amenazas como la deforestación, el avance de la actividad ganadera y otras acciones ilícitas que afectan la reserva. Además, permitirá coordinar esfuerzos y capacidades institucionales para proteger los bosques, la biodiversidad y los ecosistemas de este sitio de valor universal.
El ministro asesor legal de la Presidencia, Roberto Zacapa, calificó la aprobación como un paso histórico y destacó que el compromiso del presidente Asfura es recuperar este patrimonio que pertenece a Honduras y a la humanidad.
«La iniciativa representa una apuesta del Gobierno por pasar de la atención de las amenazas a una intervención sostenida, con recursos y responsabilidades institucionales definidas», precisó Zacapa.
Seguridad alimentaria
En materia de seguridad alimentaria y nutricional, el Consejo de Ministros también aprobó una reforma al PCM que regula el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN), mediante la cual la presidencia de este organismo pasa a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), en sustitución de la antigua Secretaría de Coordinación General de Gobierno, que fue suprimida.
El tercer decreto ejecutivo aprobado reactiva el Consejo Superior de Alianzas Público-Privadas (APP), órgano de máxima jerarquía para la estructuración de estos proyectos, cuya presidencia será ejercida por el presidente Asfura.
La reforma incorpora a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y fortalece la coordinación institucional para evaluar iniciativas de inversión de interés nacional.
