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Gobierno evalúa reestructurar 10 instituciones para liberar recursos en 2027

El gobierno analiza reestructurar unas 10 instituciones en 2027 para reducir duplicidades y orientar recursos hacia salud, seguridad e infraestructura.

Roberto Barragán
Roberto Barragán
23 de octubre, 2026
3 min de lectura
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Foto: Marlín Chacón DNH

Reducir estructuras duplicadas y dirigir una mayor parte de los recursos públicos hacia servicios que impactan directamente a la población es el objetivo de la evaluación que realiza el gobierno sobre al menos 10 instituciones, programas y dependencias que podrían ser suprimidas, fusionadas o incorporadas a otras entidades a partir de enero de 2027.

La revisión todavía no contiene una lista definitiva. El análisis se concentra en determinar cuánto cuesta cada estructura, qué resultados entrega y si sus funciones pueden ser asumidas por otra institución sin afectar los servicios que recibe la ciudadanía. Medios nacionales han informado que actualmente 103 instituciones cuentan con asignaciones dentro del Presupuesto General de la República.
Comisión Liquidadora Gubernamental
Comisión Liquidadora Gubernamental · Foto: Cortesía

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Recursos públicos bajo evaluación para evitar funciones duplicadas

Leonel Núñez, integrante de la Comisión Técnica Liquidadora, explicó que el proceso continuará durante los próximos meses antes de adoptar decisiones sobre la estructura institucional de 2027.
“Más de 10 instituciones que están bajo el análisis, hay alguna que tiene que terminarse de adscribir. Igualmente, hay otros programas que no deberían inclusive estar como programas independientes, sino que deberían estar directamente sobre una institución o una secretaría de Estado”, expresó Núñez.
“Si ya existe un Instituto Hondureño de Turismo, no debería existir una Secretaría de Turismo o viceversa, o es la Secretaría o es el Instituto; pero ambas no podrían subsistir en virtud de que tienen las mismas funciones”. Añadió el funcionario
Uno de los puntos centrales será identificar dependencias que desarrollan tareas semejantes. El propósito es evitar que dos estructuras consuman recursos para realizar funciones que podrían concentrarse en una sola entidad, según las explicaciones ofrecidas por los integrantes de la comisión.

Ángel Mendoza, coordinador de la Comisión Técnica Liquidadora, informó además que el proceso de reducción de instituciones previamente suprimidas o adscritas registra un avance del 90 %. La evaluación de las próximas entidades estará relacionada con su ejecución presupuestaria durante 2026 y con los resultados alcanzados frente a los recursos recibidos.

Comisionado Presidencial del Gobierno Leonel Núñez
Comisionado Presidencial del Gobierno Leonel Núñez · Foto: Cortesía
“En 2026 ya fueron suprimidas más de cinco secretarías. Para 2027 todavía se está analizando si algunas secretarías van a ser suprimidas o adscritas”, explicó Núñez sobre la siguiente fase del proceso.

Ahorros podrían dirigirse a salud, seguridad y carreteras

La reorganización abre la posibilidad de que recursos utilizados actualmente en gasto administrativo puedan trasladarse hacia áreas de atención directa a la población. Mendoza indicó que entre las prioridades figuran seguridad, salud e infraestructura vial, mientras avanza la revisión de la estructura estatal.

La Comisión Técnica Liquidadora fue constituida en cumplimiento del Decreto Ejecutivo PCM-004-2026, publicado el 25 de febrero de 2026 en el Diario Oficial La Gaceta. Entre sus responsabilidades están ejecutar procesos de liquidación administrativa y financiera, trasladar recursos presupuestarios y atender las obligaciones derivadas de las instituciones suprimidas.

Centro Cívico Gubernamental
Centro Cívico Gubernamental · Foto: Marlín Chacón DNH
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Durante 2026, el proceso alcanzó entidades como la Secretaría de Planificación Estratégica y otras dependencias reorganizadas por el Ejecutivo. Para 2027, sin embargo, ninguna nueva supresión está definida: las decisiones dependerán de los análisis técnicos y presupuestarios.

El resultado final determinará qué estructuras continúan funcionando de manera independiente y cuáles serán integradas a otras instituciones, bajo un criterio central: que el dinero público se traduzca en servicios y resultados concretos para los hondureños.

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