Hallan anomalías en 13 demandas de Choluteca que superan los L32 millones
Red de corrupción utilizó un sello judicial obsoleto, firmas desconocida y números de expedientes nulos para desviar L32.5 millones de la alcaldía de Choluteca,
Roberto Barragán
18 de agosto, 2026
4 min de lectura
Foto: Cortesía
Un sello judicial obsoleto, firmas desconocidas y números de expedientes que no aparecieron en los registros oficiales permitieron que L32,545,791.88 salieran de la Cuenta Única del Estado.
El dinero público recorrió una ruta silenciosa: partió del Banco Central de Honduras (BCH), pasó por una cuenta judicial en Tegucigalpa y terminó convertido en cheques de caja a nombre de un abogado.
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) reconstruyó ese recorrido durante una investigación especial que abarcó los ejercicios fiscales de 2024 y 2025. El organismo concluyó que 13 exhortos judiciales atribuidos al Juzgado de Letras de Choluteca presentaron indicios de irregularidades y sirvieron para ejecutar supuestas demandas laborales contra la Alcaldía Municipal de Choluteca.
Foto: Fachada Alcaldía de Choluteca: Cortesía
La cifra representó algo más que un asiento contable. Esos fondos pertenecieron a una caja común que sostuvo salarios, servicios públicos, deuda estatal y funcionamiento institucional. Cada lempira que salió sin respaldo redujo la capacidad del Estado para responder a las necesidades ciudadanas.
El rastro apareció entre 40 expedientes
La investigación comenzó después de que la Secretaría de Finanzas (Sefin) remitió información sobre 40 embargos ejecutados contra la Cuenta Única del Estado. El TSC seleccionó 13 expedientes con inconsistencias materiales y documentales, equivalentes al 32.5 % del total revisado.
Foto: Fachada TSC. Emilio Flores DNH
El informe estableció que seis números pertenecieron originalmente a litigios contra empresas privadas, seis no existieron en los registros judiciales y uno correspondió a un proceso real contra la municipalidad, pero presentó cambios en las partes y en la cuantía.
La jueza de Choluteca revisó los libros y encontró que durante 2025 ingresaron únicamente 258 demandas laborales. Sobre los casos consultados, declaró que “únicamente se encontraba” un expediente promovido realmente contra la alcaldía entre los inicialmente requeridos.
La secretaria adjunta fue más contundente. Desconoció las firmas y actuaciones atribuidas a su persona, puso su firma a disposición para un peritaje y certificó que seis de los exhortos fueron “totalmente falsos”. También señaló que los documentos utilizaron un sello antiguo, sustituido en 2025 por otro que incorporó la imagen de la diosa Temis.
Foto: Diosa Temis
Del papel al cheque
Los exhortos llegaron físicamente al Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán. Según el TSC, ese despacho los recibió, tramitó y ejecutó sin comprobar su origen mediante canales institucionales y sin contar con sentencias firmes, acuerdos conciliatorios o autos formales de embargo.
Los jueces ejecutores retuvieron el dinero en el BCH y lo trasladaron a una cuenta judicial. Desde allí, el juzgado autorizó cheques de caja a favor del abogado que figuró como apoderado de las supuestas partes demandantes y receptor final de los fondos.
Foto: Cheques en Honduras: Cortesía
El TSC calculó que los 13 pagos sumaron L32,545,791.88 y calificó esa cantidad como perjuicio económico para el Estado. Los casos formaron parte de un universo mayor: 38 embargos laborales y civiles pagaron L86,744,165.59.
El organismo remitió el informe al Ministerio Público el 2 de julio de 2026 y recomendó investigar al profesional del derecho, a las personas relacionadas y a los servidores judiciales que intervinieron.
La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, con apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ya investigó una denuncia previa bajo reserva.
Foto: Fachada CSJ. Emilio Flores
La ruta del dinero quedó documentada. La responsabilidad penal todavía dependió de la investigación fiscal y de los tribunales, bajo el principio de presunción de inocencia.
Lo ocurrido dejó una advertencia para la ciudadanía: cuando falló el control de un documento, el daño no quedó encerrado en un expediente; llegó directamente a la caja con la que Honduras pagó sus obligaciones y atendió a su población.
