Honduras encamina la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad

El Gobierno de Honduras confirma su respaldo total a la construcción de una cárcel de máxima seguridad en el país. Tras concluir una reunión clave entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y otras instituciones para definir el destino del proyecto, el secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, ratifica el apoyo completo a la obra y asegura que el presidente Nasry Asfura respalda plenamente la iniciativa.

“El presidente Asfura está apoyando enteramente este proyecto; él confía mucho en el aparato que está dando el sistema de seguridad, el sistema judicial y también el apoyo que está dando el Poder Legislativo para poder cumplir con este mandato que tenemos”, confirmó Hércules.

Asimismo, detalló que desde la institución encargada de llevar las finanzas del país se ha realizado un compromiso para identificar los diversos recursos para cumplir con la construcción de dicha infraestructura.

"Hemos asumido un compromiso de poder identificar recursos para poder cumplir con este ordenamiento y que de esta manera podamos nosotros darle las capacidades, no solamente en infraestructura, sino que también capacidades técnicas que debe tener, no solamente el Instituto Penitenciario, sino que también la Policía y las Fuerzas Armadas".

Sistema de seguridad con más condiciones

Por su parte, el titular de Seguridad, Gerson Velásquez Aguilera, explicó que la construcción de un nuevo modelo y la reacción de leyes que permiten la aprehensión de diversas personas pertenecientes a grupos criminales permitirá dar condiciones, "para que esos criminales paguen por su pena".

"En construir un nuevo modelo de seguridad que va a permitir no solo poder perseguir y arrestar a los responsables de tanta violencia y criminalidad que por años han puesto de rodillas a nuestra sociedad, sino también en coadyuvar para crear las condiciones para que esos criminales paguen por su pena, delitos y por todas las atrocidades que han cometido", señaló.

Velásquez aseguró que desde la Secretaría de Seguridad se está analizando cuál será la mejor ruta para poder construir un modelo penitenciario que responda a las realidades y a las demandas del país.

"Estos reos que son aprendidos, que son investigados, que son procesados, que son sentenciados, tienen que ir a parar a una infraestructura carcelaria que tiene que tener las condiciones para que paguen por sus delitos y no sigan sometiendo a nuestra sociedad a diferentes crímenes. Entonces, hemos estado trabajando y creo que hemos avanzado muchísimo", aseguró. 

En torno al tema de las investigaciones criminales, destacó que es parte de las funciones de la Secretaría de Seguridad a través de la Policía Nacional; además, se continúa con las capacidades de persecución penal, que es facultad especial del Ministerio Público a través de los fiscales, hasta ser puestos a disposición del sistema de administración de justicia a través de los jueces.

Terrenos ubicados 

"Las facultades que se han dado por parte del Poder Legislativo son precisamente eso, de buscar los lugares y buscar los recursos", dijo. 

Por otra parte, el titular del INP agradeció la voluntad de los tres poderes del Estado para la construcción de este centro penal: "Nosotros nos sentimos más fortalecidos en el Instituto Nacional Penitenciario". 

"¿Y por qué no podemos pensar que la construcción de un centro penitenciario también puede traer desarrollo a una comunidad? ¿Cuántas cosas y cuántas actividades se pueden realizar para apoyar un centro penitenciario desde la población alrededor de los centros penitenciarios?", afirmó el funcionario.

En el tema de la seguridad, Lacayo comentó que la implementación de un régimen de máxima seguridad trasciende el confinamiento y el cumplimiento estricto de horarios para las personas privadas de libertad. La medida busca garantizar la integridad física de los agentes penitenciarios y del personal administrativo responsable de la custodia, al tiempo que fortalece la seguridad nacional. 

Al tratarse de instalaciones estratégicas de defensa social, estos centros penitenciarios se consolidan como un escudo de protección directa para la ciudadanía hondureña.

Apoyo del Congreso

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, confirma que el Poder Ejecutivo tiene listas las instrucciones a la Secretaría de Finanzas para identificar y destinar los fondos necesarios para la construcción de un nuevo centro penal de máxima seguridad.

La obra busca recluir a miembros de estructuras criminales catalogadas como terroristas, evaluando actualmente tres a cuatro terrenos estatales. Zambrano pidió la comprensión y el respaldo de la ciudadanía para la ubicación elegida, destacando que "hay un bien mayor que es la seguridad de Honduras", mientras se proyecta que la edificación inicie a finales de este año y su primera etapa concluya en un lapso de ocho a diez meses.

Paralelamente, el titular del Legislativo ratificó el respaldo unánime de los 128 diputados para dotar de herramientas legales, presupuestarias y de infraestructura al Gabinete de Seguridad, Defensa y al Instituto Nacional Penitenciario. 

Zambrano adelanta que el pleno dará lectura a la opinión emitida por la Corte Suprema de Justicia para remitirla a la Comisión de Seguridad y dictaminarla el próximo martes. 

Asimismo, enfatiza que la labor parlamentaria no se limita a la aprobación de leyes, sino que mantendrá un monitoreo y evaluación constante de los indicadores y avances para garantizar el retorno de la paz y la tranquilidad al territorio nacional.

Mientras avanza el proceso de construcción del nuevo recinto, las autoridades penitenciarias adecúan módulos de máxima seguridad con capacidad para albergar a unos 1,300 reos de alta peligrosidad, sumándose a las 53 capturas de reos peligrosos registradas en los primeros días de operaciones. 

Este régimen estricto contempla el encierro de los internos durante 23 horas y media al día, una hora de sol semanal y el bloqueo total de comunicaciones, dinero e ingresos externos, con el objetivo primordial de cortar de raíz las órdenes de extorsión y homicidios desde el interior de las cárceles.