Honduras endurece penas por terrorismo hasta 40 años y contempla cadena perpetua
Honduras aprueba reforma que aumenta hasta 40 años las penas por terrorismo e incluye cadena perpetua para cabecillas y reclutadores de menores.
Jessica Urbina
28 de octubre, 2026
6 min de lectura
Foto: Cortesía
Honduras endurecerá las medidas penales
contra las estructuras criminales con una reforma que eleva hasta 40 años las
penas por terrorismo y contempla la privación de libertad de por vida para los
cabecillas de estas organizaciones y quienes recluten a menores de edad.
La Ley Especial para el Fortalecimiento
del Marco Penal y Procesal en el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y
Pandillas fue aprobada en un único debate por el Congreso Nacional, con 119
votos a favor, tras una jornada legislativa de más de dos horas.
El paquete también contempla
restricciones a los beneficios penitenciarios, amplía el plazo para presentar
requerimientos fiscales después de una detención y refuerza las operaciones de
seguridad y el control en los centros penales.
El presidente del Congreso Nacional,
Tomás Zambrano, defendió la iniciativa como una herramienta para recuperar la
seguridad en el país.
"Desde este Congreso no vamos a
descansar hasta que Honduras recupere la paz y la seguridad", afirmó.
Penas de hasta 40 años y prisión de por
vida
Uno de los principales cambios de la
reforma es el aumento de las penas por terrorismo. Según lo expuesto por
Zambrano, las condenas pasarán de un rango de 15 a 20 años a uno de entre 30 y
40 años de prisión.
Para los cabecillas de las estructuras
criminales, la normativa contempla penas de hasta privación de libertad de por
vida.
La misma sanción se prevé para quienes
recluten a menores de edad para incorporarlos a maras, pandillas o asociaciones
terroristas.
Además, el paquete incluye penas de
entre 40 años de prisión y privación de libertad de por vida para quienes
atenten contra integrantes de las instituciones de seguridad y justicia y les
causen la muerte.
"Se aumenta la pena contra los
terroristas", señaló Zambrano al explicar los alcances de la reforma.
El Congreso Nacional de Honduras aprobó 119 diputados a favor de un paquete de reformas al marco penal y procesal. Foto: Cortesía
Sin libertad condicional ni
preliberación
La normativa también establece
restricciones a los beneficios penitenciarios para las personas condenadas por
los delitos comprendidos en sus disposiciones.
Entre las medidas señaladas figura la
exclusión de la libertad condicional y la preliberación, lo que limitaría las
posibilidades de que los condenados accedan a mecanismos de excarcelación
anticipada.
El alcance de estas restricciones
dependerá de las disposiciones específicas del decreto aprobado y de las
condiciones legales aplicables a cada condena.
La medida forma parte del endurecimiento
del régimen penal y penitenciario dirigido contra las estructuras criminales.
El plazo fiscal pasa de 24 a 48 horas
Otro de los cambios modifica el tiempo
disponible para presentar un requerimiento fiscal después de una detención, que
pasa de 24 a 48 horas.
Zambrano explicó que la ampliación busca
dar más tiempo a las autoridades para reunir elementos probatorios en
investigaciones relacionadas con organizaciones criminales.
"Es una reforma al Código Penal y
Procesal Penal que, en resumen, es ampliar de 24 a 48 horas la presentación de
requerimientos fiscales cuando se detienen a grupos terroristas", declaró.
La modificación pretende facilitar la
consolidación de las pruebas antes de presentar el requerimiento ante los
órganos jurisdiccionales.
Allanamientos sin orden judicial en
operaciones coordinadas
La reforma también contempla la
posibilidad de realizar allanamientos sin orden judicial en el marco de
operaciones interinstitucionales, según lo explicado por el presidente del
Congreso.
Zambrano sostuvo que esta facultad no
debe interpretarse como una autorización irrestricta para que los agentes
policiales ingresen a cualquier vivienda.
"No es un cheque en blanco para un
policía", afirmó.
Según el legislador, las intervenciones
estarán sujetas a la coordinación entre las instituciones de seguridad y
justicia y contarán con el acompañamiento de un fiscal del Ministerio Público.
El objetivo, añadió, es agilizar las
operaciones contra las estructuras criminales y permitir que las autoridades
intervengan en los lugares donde estas mantienen sus actividades.
La aplicación de esta disposición deberá
ajustarse al texto definitivo de la reforma y a las garantías establecidas en
la Constitución de la República y el Código Procesal Penal.
Tatuajes y eliminación de símbolos
criminales
La normativa también aborda la
simbología relacionada con las maras y pandillas en las comunidades.
Durante su intervención, Zambrano afirmó
que los tatuajes alusivos a la Mara Salvatrucha (MS-13) y a la pandilla Barrio
18 quedarían comprendidos en las medidas contra estas organizaciones.
El presidente del Legislativo aclaró
que, según su explicación, la disposición no se dirige a las personas que
tienen tatuajes artísticos, familiares o de otra naturaleza.
Sin embargo, el alcance de esta medida
deberá precisarse a partir del texto legal definitivo. La presencia de un
tatuaje, por sí sola, no demuestra necesariamente la pertenencia de una persona
a una estructura criminal.
La reforma también busca eliminar la
simbología de las pandillas en barrios y colonias donde estas organizaciones
ejercen influencia, como parte de una estrategia más amplia para recuperar el
control territorial.
Más controles en las cárceles
La ley reforma los artículos 30, 81, 193, 195, 570, 587 y 588 del Código Penal, así como los artículos 170, 177, 184, 186, 191, 212 y 285 del Código Procesal Penal.
El paquete de reformas incluye medidas
para reforzar la disciplina y la vigilancia en los centros penitenciarios,
especialmente en los módulos de máxima seguridad.
Zambrano indicó que se establecerán
sanciones para los privados de libertad que incumplan las normas, las
instrucciones de las autoridades penitenciarias o las disposiciones legales.
Según explicó, algunas de estas
modificaciones responden a solicitudes del Instituto Nacional Penitenciario.
Las medidas buscan fortalecer el control
dentro de las cárceles y limitar la capacidad de las estructuras criminales
para mantener sus operaciones desde los centros de reclusión.
Congreso defiende la reforma por seguridad
La aprobación contó con la presencia de
autoridades del Poder Judicial y de las instituciones de seguridad. De acuerdo
con la información proporcionada sobre la sesión, nuevos parlamentarios del
Partido Libertad y Refundación (Libre) se abstuvieron de votar.
Zambrano afirmó que el Congreso Nacional
respalda las acciones de las instituciones encargadas de combatir la
criminalidad y recuperar la tranquilidad de las comunidades.
"No podemos seguir siendo presos de
los delincuentes", manifestó.
El legislador se refirió a las familias
que, según dijo, evitan salir de sus viviendas durante la tarde por temor a la
inseguridad y aseguró que la intención de la reforma es devolver los espacios
públicos a la población.
Las medidas aprobadas endurecen las
sanciones penales y amplían las herramientas de actuación de las autoridades.
Su aplicación, sin embargo, dependerá del contenido definitivo de la ley y de
las garantías legales que rijan los procedimientos.
El Congreso Nacional convocó a los diputados a
una nueva sesión para las 4:00 de la tarde de este miércoles.
