Honduras pide periodo de transición para retorno de hondureños y activa apoyo a tepesianos
El gobierno hondureño busca evitar retorno abrupto de sus ciudadanos tras fin del Estatus de Protección Temporal, ofreciendo orientación legal y financiera.
Foto: Cortesía
El gobierno de Honduras solicitó a Estados Unidos (EE. UU.) un periodo de transición y activó una ruta de orientación legal y financiera para proteger a los compatriotas afectados por la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).
La gestión buscó evitar un retorno abrupto, reducir la separación familiar y permitir que cada persona organizara sus bienes, cuentas y obligaciones migratorias.
El embajador de Honduras en Washington D. C., Roberto Flores Bermúdez, informó que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos mantuvo su política migratoria y no asumió un compromiso formal para extender el programa. Sin embargo, la autoridad estadounidense comprendió la preocupación planteada por Honduras ante el impacto que provocó una llegada simultánea de miles de retornados.
“Necesitamos un periodo transitorio para que no sea una afectación dramática, inmediata o masiva del retorno de nuestros compatriotas”, manifestó Flores Bermúdez.
El diplomático explicó que la carta del presidente Nasry Asfura expuso el arraigo que la comunidad hondureña construyó durante más de dos décadas. En ese tiempo, cada beneficiario formó una familia, adquirió propiedades, creó empresas, generó empleos y estableció compromisos económicos en territorio estadounidense.
“Pedimos trabajar juntos en una forma ordenada para evitar disrupciones en la familia”, agregó el embajador.
Hondureños con TPS buscan cambiar su estatus legal en EE. UU.
Flores Bermúdez recordó que Estados Unidos concedió el TPS después de la devastación que causó el huracán Mitch en 1998. También agradeció al pueblo y al gobierno estadounidense por el refugio y las oportunidades que brindó a miles de hondureños durante más de 20 años.
El ministro de la Embajada de Honduras en Washington, David Hernández, informó que un grupo de 25,000 hondureños, de los 70,000 beneficiados por la última ampliación, consultó con abogados migratorios y encontró alternativas para cambiar su estatus durante los últimos 24 meses.
“La consulta con el abogado de inmigración calificado es importante para cada connacional”, manifestó Hernández.
La Embajada publicó en su portal una guía con preguntas básicas que permitió orientar cada caso. También difundió un listado de abogados y organizaciones que ofrecieron asistencia pro bono, es decir, sin costo para la persona solicitante.
LEA AQUÍ: Presidente Nasry Asfura aboga por revisar expedientes de hondureños con TPS
Hernández pidió a los medios de comunicación y a las familias residentes en Honduras que transmitieran esa información a sus parientes en Estados Unidos.
El funcionario describió esa cadena como un “efecto bumerán”, porque el mensaje salió desde Honduras y llegó directamente hasta el compatriota que necesitó asesoría.
Iniciativa bancaria para proteger el patrimonio de la comunidad
Hernández informó que la Embajada mantuvo comunicación con Banco Financiera Comercial Hondureña (Ficohsa) para facilitar que la comunidad administrara cuentas en Honduras desde Estados Unidos, depositara recursos y utilizara una tarjeta de débito en ambos países.
“Es un control de la cuenta directo del ciudadano hondureño en Estados Unidos”, explicó.
La misión diplomática expresó su disposición a coordinar opciones similares con otras instituciones bancarias. Mientras Estados Unidos sostuvo la terminación del TPS, Honduras concentró su gestión en ganar tiempo, orientar cada expediente y proteger el patrimonio que la comunidad construyó durante décadas de trabajo.
Aproximadamente 55,000 hondureños dependían del Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos antes de su cancelación definitiva.
El Estatus de Protección Temporal (TPS) ha entrado en fases de revisión y cancelación para diversos países, afectando directamente a Honduras, Nicaragua, Venezuela, Haití, Nepal y Siria.
La suspensión de este beneficio expone a miles de sus ciudadanos a la pérdida de sus permisos de trabajo y de su residencia legal temporal.
De igual forma, naciones como Afganistán, Camerún y Sudán enfrentan procesos de terminación o escrutinio bajo las actuales políticas de evaluación del programa.
Compartir este artículo
