Inician auditorías a distribuidoras de huevo por incumplir acuerdos de precios

La Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), mediante la Dirección General de Protección al Consumidor (DGPC) ejecutó este jueves una serie de operativos de verificación en empresas avícolas y distribuidoras a nivel nacional. La medida busca exigir la documentación contable que respalde las recientes alzas en el precio del huevo y constatar si los incrementos corresponden a los costos reales de producción.

Las inspecciones se desarrollaron bajo el marco del Plan Protección 360°, en un trabajo conjunto con la Fiscalía del Consumidor del Ministerio Público, la Policía Militar de Orden Público (PMOP) y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Incumplimiento de acuerdos

Pese a las reuniones previas entre la SDE y los representantes del sector avícola para garantizar el abastecimiento y acordar precios accesibles para la canasta básica, las autoridades detectaron el incumplimiento de los compromisos asumidos por parte de los comercializadores, lo que obligó a intensificar la fiscalización.

Aunque los productores argumentan que los incrementos responden al encarecimiento de los combustibles, la energía eléctrica y el alimento balanceado para las aves, la autoridad requerirá facturas, registros y estructuras de costos para evaluar la veracidad de dichos argumentos.

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"Reconocemos que los factores internacionales y climáticos inciden en la cadena de suministros, pero todo ajuste de precio debe contar con el respaldo documental que demuestre su impacto real", informaron autoridades de la SDE.

Extensión de operativos y sanciones

La información recabada por los inspectores será sometida a una revisión legal y contable; en caso de detectarse especulación, acaparamiento u otras infracciones a la Ley de Protección al Consumidor, se iniciarán los procesos administrativos y sancionatorios correspondientes, garantizando el debido proceso.

Asimismo, la SDE confirmó que estas acciones de vigilancia se extenderán a otros productos esenciales de la canasta básica familiar que registren variaciones atípicas.

Finalmente, la institución reiteró su apertura al diálogo con el sector productivo, enfatizando que cualquier ajuste futuro deberá estar técnicamente justificado y fundamentado en la ley.