La pregunta incómoda de la energía: ¿puede la ENEE seguir igual?

Cada año Honduras pierde miles de millones de lempiras en su sistema eléctrico. Dinero suficiente para financiar hospitales, carreteras, centros escolares o programas sociales termina diluyéndose entre pérdidas técnicas, conexiones ilegales, ineficiencia operativa y una estructura financiera que, según diversos diagnósticos, lleva años arrastrando problemas estructurales.

Frente a esa realidad, el Gobierno ha puesto sobre la mesa una de las reformas más delicadas y sensibles de los últimos años: una transformación profunda del sector eléctrico que incluye reorganizar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), redefinir funciones y reducir pérdidas que impactan directamente las finanzas del Estado.

Pero junto con las promesas de modernización han aparecido preguntas inevitables. ¿Se trata realmente de un rescate institucional? ¿Podría abrir la puerta a nuevos modelos de gestión? ¿O el país simplemente llegó a un punto donde no hacer cambios resulta más costoso que hacerlos?

La discusión apenas comienza, pero ya ha logrado algo importante: colocar sobre la mesa un debate que Honduras ha postergado durante años.

¿Qué propone realmente la reforma?

En términos sencillos, la propuesta busca reorganizar la ENEE para dejar atrás un modelo integrado y pasar a una estructura dividida por funciones.

Actualmente, la estatal eléctrica opera bajo un esquema vertical donde una sola institución concentra generación, transmisión y distribución de energía. La iniciativa impulsada por el Gobierno plantea separar esas funciones en distintas unidades especializadas bajo una empresa matriz estatal. Es decir: una encargada de generar energía, otra de transportarla y otra de distribuirla al usuario final.

Según la propuesta, todas seguirían siendo propiedad del Estado, bajo el paraguas de una estructura matriz que conservaría el control patrimonial. Las autoridades sostienen que el objetivo no es privatizar, sino hacer más eficiente un sistema que consideran financieramente insostenible.

La lógica detrás de la reforma es relativamente simple: una empresa especializada en una sola tarea puede ser más eficiente que una institución que intenta manejarlo todo al mismo tiempo.

La apuesta gubernamental es que esa reorganización permita mejorar controles, reducir pérdidas, modernizar procesos y generar mayor transparencia en costos y resultados.

El presidente Nasry Asfura ha defendido la reforma bajo una idea central: la ENEE no puede seguir perdiendo dinero indefinidamente. En distintas comparecencias relacionadas con la propuesta, el mandatario ha insistido en que mantener el modelo actual significa prolongar un sistema que, según cifras oficiales, absorbe miles de millones de lempiras al año entre pérdidas técnicas, fallas operativas y problemas de recuperación de ingresos. Para el Ejecutivo, la discusión ya no es únicamente administrativa, sino de sostenibilidad financiera del Estado.

La lógica del argumento presidencial es directa: cada año de ineficiencia representa recursos públicos que dejan de invertirse en otras áreas prioritarias. Bajo esa visión, la reforma no se presenta como una opción ideal, sino como una decisión difícil frente a un problema que —según la posición oficial— se ha vuelto demasiado costoso para seguir postergándolo.

La pregunta de fondo: ¿por qué ahora?

Porque el problema ya no es solo técnico. Es financiero.

Durante años, la crisis de la ENEE ha sido señalada como una de las principales presiones sobre las finanzas públicas. Pérdidas millonarias, dificultades operativas, deuda acumulada y subsidios han convertido al sistema eléctrico en un problema económico, político y social al mismo tiempo.

A esto se suma un desafío adicional: Honduras necesita más energía para crecer.

El aumento de la demanda, la necesidad de atraer inversión, el impulso industrial y el reto de ampliar cobertura obligan a pensar en un sistema capaz de responder a nuevas exigencias. La pregunta para muchos especialistas no es si el sistema necesita cambios, sino qué tan profundos deben ser y bajo qué modelo deben hacerse.

El Gobierno sostiene que continuar igual tendría costos cada vez más altos.

Y esa es quizás la pregunta más incómoda de todas:

¿Puede Honduras seguir sosteniendo un modelo eléctrico que pierde miles de millones cada año sin hacer cambios estructurales?

El fantasma de la privatización

Pero si hay una palabra que rápidamente apareció en el debate es esta: privatización.

Sectores críticos de la reforma han advertido que dividir la ENEE en distintas sociedades podría representar el primer paso hacia esquemas de participación privada o pérdida gradual del control estatal. Algunos consideran que la fragmentación institucional puede abrir espacio para futuras concesiones o cambios más profundos en la administración del sistema.

Las autoridades rechazan esa interpretación.

La posición oficial es que la propiedad pública se mantendrá intacta y que la reorganización busca fortalecer, no debilitar, la empresa estatal. Según el planteamiento gubernamental, la reforma pretende precisamente rescatar a la ENEE de una crisis prolongada, haciéndola más eficiente y financieramente viable.

En medio del debate, una parte de la ciudadanía tiene otra preocupación legítima:

La preocupación del ciudadano

Mientras parte de la discusión política gira en torno a un temor recurrente —la posibilidad de una eventual privatización del sistema eléctrico—, para muchos hondureños la preocupación parece ser otra, mucho más inmediata: el costo de la energía.

El debate político ha puesto sobre la mesa preguntas sobre la estructura de la ENEE, la fragmentación de funciones y el papel futuro del Estado. Sectores críticos advierten que cualquier reorganización institucional debe vigilarse para evitar una eventual pérdida de control público del sistema.

Pero en la conversación cotidiana, lejos de los términos técnicos y jurídicos, la pregunta suele ser más simple: ¿seguirá subiendo la factura de la luz?

La inquietud no es menor. Autoridades del sector energético ya han anticipado ajustes tarifarios a partir de julio, correspondientes al inicio del tercer trimestre del año, como parte de los mecanismos regulatorios vinculados a los costos reales de generación. El anuncio ocurre en un contexto donde los combustibles, las condiciones del mercado y la situación financiera del sistema continúan presionando las tarifas.

En otras palabras, mientras la discusión política debate el modelo, millones de hogares observan otra variable: cuánto impactará la energía en el presupuesto familiar.

Y allí aparece otra pregunta incómoda para cualquier reforma:

¿Cómo rescatar el sistema eléctrico sin trasladar un mayor peso al bolsillo del ciudadano?

Más allá de la política

El problema eléctrico hondureño no comenzó con este gobierno ni parece que terminará en un solo período presidencial.

La crisis del sistema energético ha sobrevivido a distintas administraciones, modelos de contratación, subsidios, reformas parciales y promesas de rescate. De hecho, varios gobiernos han impulsado procesos de reestructuración con distintos grados de éxito y controversia.

Eso explica por qué el tema suele generar reacciones intensas.

La electricidad no es un debate técnico aislado. Impacta el bolsillo de las familias, la competitividad empresarial, la inversión, el empleo y, en muchos casos, la percepción sobre la capacidad del Estado para resolver problemas estructurales.

Por eso la discusión de hoy no debería reducirse a una disputa ideológica entre “todo público” o “todo privado”.

La pregunta quizá sea más compleja:

¿Qué modelo puede garantizar un sistema más eficiente, sostenible y capaz de servir mejor a los ciudadanos sin perder el interés público?

El costo de no hacer nada

En medio de posiciones encontradas, hay un elemento que rara vez ocupa el centro del debate: el costo de mantener las cosas exactamente como están.

El gerente financiero de la estatal eléctrica, Aníbal Bendezú, estima que las pérdidas podrían bordear en poco tiempo los 200 mil millones de lempiras.

Cada año de pérdidas, deuda acumulada o ineficiencia termina teniendo consecuencias reales. El dinero que absorbe el sistema eléctrico deja menos margen para otras prioridades nacionales. Y las fallas del sector también afectan la confianza para invertir, producir y crecer.

Eso no significa que cualquier reforma sea automáticamente buena ni que deba aprobarse sin debate.

Pero sí plantea una pregunta difícil de ignorar:

¿Qué sale más caro: cambiar un modelo cuestionado o conservar uno que durante años ha mostrado señales de agotamiento?

Un debate que apenas comienza

La reforma energética probablemente será una de las discusiones económicas más importantes del año.

Habrá argumentos técnicos, posiciones políticas, temores legítimos y visiones encontradas sobre el papel del Estado en un sector estratégico.

Pero más allá de las consignas, el desafío será otro: lograr que el país discuta el tema con información, contexto y preguntas honestas.

Porque si algo parece claro en este momento es que Honduras enfrenta una decisión compleja.

Y aunque el debate seguirá abierto, hay una realidad difícil de ignorar: la energía ya no parece un problema que pueda seguir esperando.