Más de 50,000 hondureños en futuro incierto por el fin del TPS en Estados Unidos

El gobierno de Honduras prepara medidas para atender un eventual retorno de compatriotas que durante décadas han construido sus vidas en Estados Unidos. Mientras Washington sostiene la terminación del programa, los tribunales mantienen abierta una disputa que podría modificar nuevamente el escenario migratorio.

Durante más de un cuarto de siglo, el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) permitió a decenas de miles de hondureños vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos sin quedar expuestos a una deportación mientras permaneciera vigente la protección.

Para muchos, aquellos años terminaron convirtiéndose en toda una vida.

Hay beneficiarios que llegaron a Estados Unidos a finales de la década de 1990, compraron viviendas, crearon negocios, pagaron impuestos, formaron familias y tuvieron hijos que crecieron allí.

Ahora, la decisión de poner fin al TPS abre una pregunta que va mucho más allá de la situación migratoria individual: qué ocurrirá con personas que, después de décadas fuera de Honduras, podrían verse obligadas a regresar a un país que ya no conocen de la misma manera.

El presidente hondureño, Nasry Asfura, aseguró que su gobierno trabaja para prepararse ante ese escenario y pidió que la situación de cada beneficiario sea analizada de manera individual.

“Les he pedido que analicen cada caso del TPS de cada persona, de cada hondureño”.

La posición del gobierno es que Honduras debe estar preparada tanto para quienes consigan otra vía legal para permanecer en Estados Unidos como para quienes finalmente tengan que regresar.

“Tenemos que prepararnos, tenemos que acogerlos aquí si así fuera el caso”, afirmó Asfura.

Una protección nacida después del huracán Mitch

Para entender por qué el eventual retorno genera tanta preocupación, hay que remontarse a 1998.

El huracán Mitch devastó Honduras y dejó miles de muertos, desplazados y una infraestructura severamente dañada. En ese contexto, Estados Unidos designó a Honduras para el TPS en enero de 1999.

La protección permitía a los hondureños que cumplían determinados requisitos permanecer temporalmente en territorio estadounidense y obtener autorización de empleo.

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La designación fue extendida durante años. En 2023, Estados Unidos volvió a extender el TPS hondureño por 18 meses, hasta el 5 de julio de 2025. Posteriormente, el Departamento de Seguridad Nacional decidió terminar la designación y estableció como fecha efectiva el 8 de septiembre de 2025.

El argumento de las autoridades estadounidenses fue que las condiciones que habían justificado originalmente la protección ya no respaldaban su continuidad.

Para entonces, sin embargo, la realidad de los beneficiarios había cambiado profundamente.

Lo que inicialmente había sido una protección concebida como temporal se convirtió, para miles de personas, en un marco bajo el cual desarrollaron prácticamente toda su vida adulta.

Una disputa que llegó a los tribunales

La terminación del TPS no ocurrió sin oposición.

Organizaciones de inmigrantes y beneficiarios demandaron al gobierno estadounidense. En diciembre de 2025, un tribunal federal del norte de California falló a favor de los demandantes y dejó sin efecto la terminación del TPS para Honduras, Nicaragua y Nepal.

Pero esa decisión tampoco cerró el caso.

El gobierno estadounidense apeló y, en febrero de 2026, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito suspendió la decisión del tribunal inferior mientras continúa el proceso. En consecuencia, el TPS de Honduras no está actualmente en vigor, aunque el litigio continúa y todavía puede haber nuevas decisiones judiciales.

Esta diferencia es fundamental: el futuro migratorio de los hondureños afectados no depende únicamente de una decisión administrativa, sino también del desenlace de un proceso judicial que sigue abierto.

El caso hondureño, además, se desarrolla en un contexto más amplio. En enero de 2026, el Noveno Circuito emitió otra decisión sobre TPS, esta vez relacionada con Venezuela y Haití, en la que concluyó que la Secretaría de Seguridad Nacional había excedido sus facultades al intentar revocar determinadas extensiones de TPS. El gobierno estadounidense llevó otros aspectos de estas controversias ante la Corte Suprema.

El precedente añade complejidad al panorama, pero no significa automáticamente que la situación de Honduras vaya a resolverse de la misma manera.

Más que 55,000 titulares

La cifra que suele aparecer en las discusiones sobre el TPS hondureño es de alrededor de 55.000 beneficiarios.

Pero el número de personas potencialmente afectadas es mayor.

Cada titular puede tener cónyuge, hijos, padres u otros familiares cuya situación migratoria y económica está vinculada a la permanencia de esa persona en Estados Unidos. 

Por eso, la eventual pérdida del TPS no representa solamente la posibilidad de que 55.000 trabajadores pierdan su autorización migratoria, sino que puede repercutir sobre miles de hogares.

El embajador de Honduras en Washington, Roberto Flores Bermúdez, ha descrito el escenario como particularmente difícil para quienes llevan décadas establecidos en Estados Unidos.

Muchos de ellos, dijo, han trabajado, pagado impuestos, adquirido propiedades y formado empresas y familias durante el tiempo que estuvieron protegidos por el programa.

“Es un momento doloroso, un momento muy difícil”, señaló el diplomático.

El problema no termina con una eventual deportación

Para Honduras, el desafío tendría dos dimensiones.

La primera sería migratoria: acompañar a quienes todavía puedan encontrar una vía legal para permanecer en Estados Unidos.

La segunda sería económica y social: recibir a quienes eventualmente regresen y facilitar su reintegración.

El gobierno de Asfura sostiene que busca generar oportunidades para que los retornados puedan incorporarse a la actividad productiva e incluso invertir en Honduras.

“Estamos estructurando una Honduras nueva con oportunidades, con prosperidad para darle a cada hondureño la oportunidad para poder desarrollar aquí en Honduras y poder salir adelante”, afirmó el mandatario.

El planteamiento adquiere una dimensión particular en el caso de los beneficiarios del TPS. No se trata necesariamente de personas que hayan salido recientemente de Honduras, sino de una población que en muchos casos lleva entre 20 y 30 años o más, viviendo en Estados Unidos.

Para algunos, regresar significaría volver a un país que dejaron siendo jóvenes y encontrarlo décadas después en circunstancias completamente distintas.

Washington pidió más tiempo para los hondureños

Ante la incertidumbre, Honduras también ha optado por la vía diplomática.

En junio de 2026, el embajador Flores Bermúdez confirmó que el gobierno hondureño solicitó a Estados Unidos un período de gracia para los beneficiarios del TPS, con el propósito de que quienes pierdan la protección tengan tiempo para resolver su situación migratoria.

La petición busca atender problemas prácticos que no desaparecen con una fecha de terminación migratoria: viviendas, deudas, negocios, educación de los hijos, pertenencias y otros compromisos construidos durante décadas de residencia.

La solicitud refleja además una realidad: incluso si la protección termina definitivamente, el proceso de retorno no sería inmediato ni sencillo para muchas familias.

Una alternativa migratoria no existe para todos

Las autoridades hondureñas han insistido en que los beneficiarios deben revisar su situación de manera individual.

El TPS no constituye una residencia permanente ni conduce automáticamente a una tarjeta de residencia. Cuando desaparece esa protección, cada persona debe determinar si reúne los requisitos para otra categoría migratoria bajo las leyes estadounidenses.

Las posibilidades dependen de factores como la historia migratoria, los vínculos familiares, solicitudes pendientes, eventuales peticiones laborales u otras circunstancias jurídicas.

Por eso, una de las principales recomendaciones de la red consular hondureña es buscar asesoría de profesionales autorizados y no entregar dinero a intermediarios que prometan soluciones rápidas.

La incertidumbre migratoria también puede convertirse en terreno fértil para el fraude.

El reto de los consulados

Honduras dispone de una red consular en Estados Unidos para atender a los compatriotas. Sin embargo, el aumento de consultas sobre el TPS plantea un desafío adicional para las representaciones diplomáticas.

El gobierno hondureño ha anunciado esfuerzos para fortalecer la orientación consular y preparar materiales que permitan a cada beneficiario identificar cuáles podrían ser sus alternativas.

La estrategia parte de una premisa sencilla: no todos los casos son iguales.

Una persona que llegó a Estados Unidos hace casi tres décadas puede encontrarse en una situación jurídica muy diferente de otra que tiene una petición familiar pendiente, un proceso migratorio abierto o algún otro mecanismo legal disponible.

El regreso que todavía no tiene fecha

Por ahora, el escenario permanece abierto.

La administración estadounidense mantiene su posición de terminar el TPS hondureño, mientras el litigio continúa en los tribunales. El Noveno Circuito ha suspendido los efectos de una decisión que había restablecido temporalmente la protección, y el caso continúa su recorrido judicial.

Mientras tanto, el gobierno hondureño se prepara para dos posibilidades: que una parte de los beneficiarios consiga permanecer legalmente en Estados Unidos mediante otras vías, o que algunos deban regresar.

Para quienes llevan décadas al otro lado de la frontera, ninguna de las dos opciones es sencilla.

El debate sobre el TPS dejó hace tiempo de ser únicamente una discusión sobre permisos de trabajo. Es también una discusión sobre familias, patrimonio, integración y pertenencia.

Y para Honduras, la pregunta ya no es solamente cuántas personas podrían regresar.

Es qué país encontrarán cuando lo hagan y qué oportunidades estarán disponibles para quienes construyeron buena parte de su vida lejos de él.