MP investigará denuncias sobre presuntas presiones en caso de Roosevelt Hernández

El Ministerio Público anunció que verificará las denuncias públicas relacionadas con presuntas amenazas y presiones contra el juez que conoce el proceso penal contra el exjefe de las Fuerzas Armadas y exsecretario de Defensa, Roosevelt Hernández.

La actuación estará a cargo de la Fiscalía Especial para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos (FEPRODDHH), luego de las alertas planteadas por el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU) y la Asociación de Jóvenes Promotores y Defensores de Derechos Humanos (JOPRODEHU).

De acuerdo con el Ministerio Público, la Fiscalía tiene previsto solicitar en las próximas horas la comparecencia de la autoridad judicial que estará a cargo del proceso. El objetivo será obtener su declaración formal sobre los hechos denunciados y conocer las circunstancias en las que presuntamente habrían ocurrido.

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La institución aclaró que las diligencias se desarrollarán respetando la reserva legal del expediente, por lo que no se divulgarán detalles que puedan comprometer el desarrollo de la investigación.

Organizaciones habían advertido sobre el caso

Las organizaciones defensoras de derechos humanos ya habían cuestionado anteriormente el ritmo de las investigaciones contra Hernández. En julio, la directora de ASOPODEHU, Dina Meza, manifestó preocupación por la falta de avances que observaban en el proceso y pidió que se esclarecieran las denuncias presentadas contra el exjefe militar.

Posteriormente, el Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal contra Hernández, tras varios meses de diligencias investigativas.

Ahora, con la nueva denuncia sobre posibles presiones contra el juez, la Fiscalía deberá establecer si existieron acciones destinadas a interferir en la administración de justicia.

El Ministerio Público reiteró su compromiso con la independencia judicial y el debido proceso, y aseguró que cualquier denuncia que pueda comprometer la correcta administración de justicia será sometida a verificación conforme a la ley.

Por tratarse de una investigación en curso, las presuntas amenazas o injerencias contra el juez no pueden considerarse comprobadas hasta que las autoridades determinen qué ocurrió y, eventualmente, si existe responsabilidad penal.

Por lo anterior, el Ministerio Público ratificó la independencia judicial y el debido proceso y expresó que ningún proceso penal está exento de garantías y que toda denuncia que comprometa la actuación de la justicia será verificada con apego a la ley.