Oficialmente exavión presidencial tiene nuevo dueño y deja territorio nacional
La actual administración de Asfura, entrega oficialmente el avión presidencial a su nuevo dueño tras la subasta, poniendo fin al debate público.
Foto: Cortesía
El avión presidencial de Honduras, cuya compra y uso generaron un prolongado debate público durante gestiones anteriores, abandonó definitivamente el país tras concretar su venta.
La administración del presidente Asfura, que desde el inicio de su gestión promovió la autorización legislativa para la subasta de la aeronave, hizo la entrega formal de la unidad a la empresa adjudicataria, con lo que concluyó la salida oficial del bien del territorio nacional.
La Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE) acompañó el traspaso de la aeronave y cerró el proceso de disposición del antiguo avión presidencial. La operación convirtió un bien estatal sin uso productivo en recursos destinados a servicios esenciales para la ciudadanía.
Venta finalizada y definitiva
El gobierno de Honduras completó la entrega oficial del avión Embraer Legacy 600 a la empresa mexicana Thebe Ingeniería y Consultoría, adjudicataria de la subasta pública internacional que generó L137,776,390 para fortalecer la salud pública y ampliar el acceso a la educación superior.
“Se autoriza al Poder Ejecutivo, a través de las instancias competentes, para vender el avión presidencial Embraer Legacy 600 mediante un proceso de venta transparente”, indicó el decreto que respaldó jurídicamente la operación. La normativa también ordenó un avalúo técnico independiente antes de la comercialización de la aeronave. Decreto 3-2026
Empresa mexicana nueva dueña
El Embraer Legacy 600 fue adquirido en 2014 por aproximadamente $14.8 millones y permaneció sin operar desde el 31 de octubre de 2025. Su entrega redujo la obligación estatal de asumir gastos de resguardo, conservación y mantenimiento de una aeronave que dejó de prestar servicio.
El cierre del proceso permitió que el Estado avanzará en la transformación de un activo de uso restringido en inversión social.
La Secretaría de Finanzas (Sefin) quedó responsable de registrar y distribuir los recursos conforme al decreto, con prioridad para la atención sanitaria y la apertura de oportunidades universitarias en territorios históricamente desatendidos.
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