Operación Hestia: investigan red por lavado de L51 millones producto de la extorsión

Más de 51 millones de lempiras cuyo origen no logran justificar los investigados forman parte de la investigación que dio pie a la Operación Hestia, un operativo ejecutado este lunes por el Ministerio Público contra una estructura señalada por presunto lavado de activos y asociación para delinquir vinculados al cobro de extorsión.

En ese contexto, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), junto con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y el apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), desarrollan nueve allanamientos de morada y tres inspecciones en distintos puntos de Francisco Morazán, El Paraíso y Yoro.

Las acciones se concentran principalmente en el Distrito Central, además de Danlí, El Paraíso, y Olanchito, Yoro, como parte de las diligencias para identificar a los integrantes de la estructura y recopilar elementos que permitan sustentar las acusaciones.

Una investigación que comenzó desde la cárcel

Según las pesquisas, el caso surgió a partir de información que llegó a la Unidad Fiscal adscrita al Instituto Nacional Penitenciario (INP), relacionada con un privado de libertad que cumple una condena por extorsión y que presuntamente continuaba coordinando actividades ilícitas desde la penitenciaría de Támara.

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De acuerdo con la investigación, el sospechoso habría utilizado a otras personas para recibir y movilizar dinero procedente de los cobros extorsivos realizados contra distintos comercios.

A partir de esas primeras diligencias, los investigadores identificaron una cuenta bancaria vinculada a una de las personas bajo investigación, en la que se registraron movimientos superiores a 8 millones de lempiras, una cantidad que, según los análisis preliminares, no tendría correspondencia con sus ingresos lícitos conocidos.

Jorge Galindo, representante de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, explicó que ese hallazgo permitió ampliar las pesquisas hacia otras personas relacionadas financieramente con el principal sospechoso.

“Se ha detectado en una de las cuentas que hay ingresos atípicos superior a los 8 millones de lempiras, que no es congruente con los ingresos de esta persona”. dijo.

Peritos detectan movimientos por más de L51 millones

Posteriormente, los análisis financieros permitieron detectar movimientos considerados atípicos en las cuentas de otras personas relacionadas con el expediente.

Los peritos financieros de la ATIC identificaron transacciones que, en conjunto, superan los 51 millones de lempiras, cuyo origen y justificación económica todavía son objeto de investigación.

Galindo señaló que esa cantidad no guarda relación, según las pesquisas, con los ingresos que deberían generar las actividades económicas de los investigados.

“No logran justificar una cifra superior a los 51 millones de lempiras que han amasado a raíz de la extorsión”, expresó.

Por ello, las autoridades obtuvieron órdenes judiciales para realizar los allanamientos e inspecciones, así como órdenes de captura contra personas que figuran en el expediente.

Operativo busca concretar capturas y decomisos

Mientras avanzan los allanamientos, las autoridades también esperan determinar cuántas de las órdenes de captura logran ejecutar durante la operación.

Galindo confirmó que, durante las primeras horas del operativo, ya se habían identificado personas con órdenes de captura en el Distrito Central.

“Aquí donde nos situamos ya se nos ha confirmado que hay dos personas que tienen orden de captura”.

Además, las autoridades prevén que las diligencias puedan dejar otros indicios relacionados con la investigación, incluidos posibles decomisos de bienes, documentos, dinero u otros elementos que contribuyan a establecer cómo operaba la estructura.

El caso fue presentado ante el juzgado competente por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y asociación para delinquir.

Finalmente, el Ministerio Público sostiene que la Operación Hestia forma parte de las acciones dirigidas a debilitar a grupos y personas que obtienen recursos mediante la extorsión, tanto desde estructuras criminales organizadas como mediante operaciones independientes.

En este sentido, las autoridades hondureñas han documentado en distintos momentos la utilización de los centros penitenciarios para coordinar actividades de extorsión hacia el exterior. 

En noviembre de 2025, la Policía Nacional informó sobre la captura de dos hombres señalados por extorsionar en Santa Ana, Francisco Morazán, quienes, según la investigación, mantenían comunicación con privados de libertad que desde los centros penitenciarios coordinaban amenazas y cobros extorsivos.