Pactan para el 18 junio audiencia inicial a los implicados en el caso BCH
Se les dictó medidas distintas a la detención judicial tras su acusación por el delito de malversación imprudente a exempleados del BCH.
Se les dictó medidas distintas a la detención judicial tras su acusación por el delito de malversación imprudente a exempleados del BCH.
Foto: Cortesía
En el Ministerio Público (MP) mediante un comunicado oficial detalló que, el próximo jueves 18 de junio será la audiencia inicial en contra de ocho personas, entre exfuncionarios y actuales ejecutivos del Banco Central de Honduras (BCH), vinculados a la sustracción de más de L88 millones.
El ente acusador del Estado detalló que, estas personas se les dictó medidas distintas a la detención judicial tras su acusación por el delito de:; malversación imprudente y quienes fueron capturadas ayer por agentes de apoyo estratégico, operaciones especiales y comunicaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
Como resultado de las diligencias realizadas por la ATIC se estableció la presunta participación de varios funcionarios y exfuncionarios en hechos relacionados con la entrega irregular de evidencias monetarias que se encontraban bajo custodia en las bóvedas del Banco, durante el período comprendido entre diciembre de 2018 y agosto de 2023.
Investigación
Las diligencias investigativas determinaron que la exfiscal del Ministerio Público (MP), Francia Sofía Medina Martínez, condenada por varios delitos, realizó múltiples retiros de evidencias monetarias vinculadas a diversos procesos penales.
De acuerdo con el expediente, dichas entregas habrían sido efectuadas sin el cumplimiento íntegro de los procedimientos y controles establecidos para el retiro de bienes bajo custodia institucional.
Asimismo, se identificaron presuntas actuaciones negligentes por parte de personas encargadas de verificar, autorizar y ejecutar la entrega de las evidencias, quiénes habrían omitido la observancia de lineamientos y protocolos previamente establecidos para la protección y resguardo de bienes relacionados con procesos judiciales.
Con este caso el ente acusador del Estado demostró su compromiso en la lucha frontal contra la corrupción, garantizando el debido proceso y presunción de inocencia para todas las personas involucradas.
