Piden al Congreso aprobar la Ley CASI para proteger a niños y adolescentes

Honduras enfrenta una grave situación de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) estima que alrededor de 57 menores podrían sufrir abusos sexuales cada día, una realidad que, según organizaciones de sociedad civil, exige una respuesta urgente de las instituciones del Estado.

La alerta surge mientras organizaciones que integran el Comité Interorganizacional contra el Abuso Sexual Infantil demandan al Congreso Nacional avanzar con la Ley para la Prevención, Detección Temprana y Atención Integral del Abuso Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes, conocida como Ley CASI.

El director de Seguridad de la ASJ, Nelson Castañeda, señaló que la iniciativa busca fortalecer la prevención, mejorar la atención de las víctimas y establecer mecanismos más claros para denunciar y perseguir a los responsables.

"Los niños y niñas siguen sufriendo a diario y las instituciones no están respondiendo", cuestionó Castañeda

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Siete de cada 10 casos ocurrirían dentro del entorno familiar

Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es el lugar donde ocurren los abusos. De acuerdo con los datos presentados por las organizaciones, siete de cada 10 casos de violencia sexual contra menores ocurren dentro del entorno familiar.

Esta situación aumenta la vulnerabilidad de las víctimas, debido a que en muchos casos el agresor forma parte del círculo cercano del menor.

La ASJ también ha advertido sobre la existencia de una elevada cifra de impunidad en este tipo de delitos. Según Castañeda, la estimación alcanza aproximadamente el 90 %, lo que significa que una gran cantidad de agresores no enfrenta una respuesta efectiva de la justicia.

“Pedimos, exigimos y demandamos a cada uno de los funcionarios públicos, operadores de justicia y actores políticos, a que guarden sus intereses políticos, sus intereses personales y eviten bloquear en cierta medida este tipo de esfuerzo que estamos haciendo como sociedad civil”. expresó Castañeda

¿Qué se puede hacer para proteger a los menores?

Ante este panorama, las organizaciones consideran que la aprobación de la Ley CASI puede convertirse en una herramienta para mejorar la respuesta del Estado frente a la violencia sexual infantil.

La normativa plantea fortalecer tres áreas fundamentales: la prevención, la detección temprana y la atención integral de los casos.

Además, se busca establecer una ruta nacional para presentar denuncias contra agresores sexuales, de modo que las víctimas y sus familias tengan mayor claridad sobre dónde acudir y qué instituciones deben intervenir.

Castañeda explicó que la iniciativa también pretende mejorar la coordinación entre las diferentes instituciones que participan en la atención de estos delitos.

“La ley busca mejorar la coordinación, la atención y la prevención de los casos de abuso sexual infantil, además de establecer una ruta nacional clara para presentar denuncias contra los agresores sexuales”.

Las organizaciones también consideran indispensable que la aprobación de la ley esté acompañada de recursos económicos suficientes para que sus disposiciones puedan aplicarse en la práctica.

Piden al Congreso aprobar la Ley CASI

El Comité Interorganizacional contra el Abuso Sexual Infantil exigió al Congreso Nacional dictaminar y aprobar con urgencia la Ley CASI.

También pidió al Poder Judicial, al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y a la Secretaría de Finanzas emitir las opiniones solicitadas sobre la iniciativa y garantizar las condiciones presupuestarias necesarias para ejecutarla una vez aprobada.

La petición no se limita al Poder Legislativo. Las organizaciones demandan que las instituciones estatales asuman responsabilidades concretas y trabajen de manera coordinada para prevenir los abusos, investigar los casos y garantizar atención a las víctimas.

“Pero hoy estamos aquí como organizaciones serias y responsables pidiendo de que también acompañado de eso debemos de regalarle a los niños una ley que los proteja ante un fenómeno criminal que tiene un impacto altamente severo en el desarrollo de ellos”.

No basta con aprobar la ley

La ASJ y las organizaciones que acompañan la iniciativa advierten que la aprobación de la normativa debe ir acompañada de presupuesto, personal capacitado, coordinación institucional y mecanismos efectivos de seguimiento.

El objetivo es evitar que la legislación quede únicamente en el papel y conseguir cambios concretos en la prevención y atención de la violencia sexual contra menores.

Castañeda también cuestionó que las actividades relacionadas con el Día del Niño y de la Niña se concentren únicamente en celebraciones y entregas de obsequios, mientras persisten amenazas graves contra la niñez.

Las organizaciones plantean que la protección de los menores debe traducirse en políticas públicas permanentes y en una respuesta institucional capaz de reducir la impunidad.

De esta manera, la aprobación de la Ley CASI, la asignación de recursos y una mayor coordinación entre las instituciones aparecen como algunas de las principales acciones planteadas para enfrentar una problemática que, según las estimaciones presentadas, podría estar afectando diariamente a decenas de niños y niñas en Honduras.

Reclutamiento y homicidios también amenazan a los menores

La violencia sexual no es el único riesgo que enfrenta la niñez hondureña. La ASJ también alertó sobre el reclutamiento de menores por estructuras criminales, el bullying en los centros educativos y los homicidios.

Castañeda explicó que las organizaciones criminales representan una doble amenaza para niños y adolescentes, debido a que buscan incorporarlos a sus actividades y, además, están vinculadas con una parte importante de los homicidios que afectan a menores de edad.

De acuerdo con los datos expuestos por el representante de la ASJ, entre enero y junio de 2026 se contabilizaron 74 muertes violentas de menores de 18 años, con una mayor afectación entre adolescentes de 16 y 17 años.

Ante este escenario, la organización insistió en la necesidad de reforzar las políticas de prevención, protección, investigación y persecución penal, además de mejorar la coordinación entre las instituciones responsables de garantizar los derechos de la niñez y adolescencia.