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Piden depurar consulados hondureños tras arresto de excónsul de Atlanta

Detención de Ada Evila Serrano Núñez provoca cuestionamientos al servicio exterior hondureño y piden depuración de consulados.

Goodvin Nelson
Goodvin Nelson
17 de noviembre, 2026
6 min de lectura
Piden depurar consulados hondureños tras arresto de excónsul de Atlanta

Detención de Ada Evila Serrano Núñez provoca cuestionamientos al servicio exterior hondureño y piden depuración de consulados.

La detención de la excónsul general de Honduras en Atlanta, Ada Evila Serrano Núñez, acusada en Estados Unidos de participar en una trama de sobornos y lavado de dinero, ha provocado fuertes cuestionamientos contra el servicio exterior hondureño.

El diputado del Partido Nacional, Frank Alley, calificó el caso como una “vergüenza para el país”, mientras otros congresistas exigieron que se respete el debido proceso y que, de comprobarse los delitos, se aplique todo el peso de la ley.

A las críticas se sumaron organizaciones defensoras de los migrantes y representantes del sector, quienes demandan una revisión inmediata de los consulados hondureños y una investigación sobre las denuncias de presuntas irregularidades en la atención a los compatriotas en el extranjero.


Arresto de excónsul desata cuestionamientos al servicio exterior

La captura de Ada Evila Serrano Núñez, de 72 años, junto a sus dos hijos y un exempleado consular, encendió las alarmas sobre el funcionamiento de la red consular hondureña en Estados Unidos.

De acuerdo con la acusación del Departamento de Justicia estadounidense, la exfuncionaria habría participado en un esquema de sobornos y lavado de dinero que generó más de 375 mil dólares, los hechos investigados estarían relacionados con el período en que se desempeñó como cónsul general en Atlanta, Georgia.

Según los registros oficiales de la Cancillería, Serrano Núñez asumió ese cargo en julio de 2022, durante la administración anterior, las autoridades estadounidenses la señalan por presuntos delitos de conspiración, soborno y lavado de dinero.

El diputado Frank Alley condenó lo ocurrido y cuestionó que una persona que tenía la responsabilidad de proteger a los hondureños en el extranjero presuntamente se aprovechara de las necesidades de la población migrante.

“Es una vergüenza para la nación y para el servicio exterior, nuestros migrantes deberían gozar de un servicio consular que esté a su disposición, no de funcionarios que, en lugar de atenderlos, presuntamente los sometan a prácticas de extorsión”, manifestó.

El parlamentario también consideró que el caso podría revelar otras irregularidades dentro de la estructura diplomática y pidió a las instituciones hondureñas colaborar con las investigaciones que desarrollan las autoridades estadounidenses.

Diputados piden castigo si se comprueban los delitos

Las reacciones también surgieron desde diferentes bancadas del Congreso Nacional, el diputado del Partido Nacional Antonio Rivera manifestó que espera que el caso no sea presentado como una persecución política, debido a que la investigación está en manos de organismos estadounidenses.

“Espero que Libre no diga que es persecución política porque lo último que tienen en su boca es persecución política”, expresó Rivera.

El congresista agregó que la acusada tendrá derecho a ejercer su defensa ante la justicia estadounidense, pero insistió en la gravedad de los señalamientos y en la necesidad de que se esclarezcan los hechos.

Por su parte, el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Germán Altamirano, reconoció que las acusaciones representan un asunto delicado, especialmente porque afectan directamente a los hondureños que dependen de los servicios consulares.

“Que un funcionario se aproveche de la necesidad de nuestros compatriotas es totalmente cuestionable, independientemente de qué partido es”, manifestó.

Altamirano sostuvo que, si se demuestra la responsabilidad de la exfuncionaria, deberá recibir la sanción correspondiente conforme a las leyes estadounidenses.


Organizaciones migrantes exigen una depuración de los consulados


Una de las voces que ha exigido respuestas es la abogada Marcela Caro, especialista en asuntos migratorios, quien pidió al presidente de Honduras, Nasry Asfura, y a la Cancillería revisar de inmediato el funcionamiento del servicio exterior.

Caro aseguró que las denuncias contra funcionarios consulares no son recientes y que algunas ya habrían sido presentadas ante anteriores autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La abogada afirmó que la Fundación 15 de Septiembre y otros representantes de la comunidad hondureña han entregado documentos, grabaciones y otros elementos para respaldar sus señalamientos.

“Esto no es nuevo, esto viene y es irrelevante que sea del gobierno anterior, es que tuvieron que haber actuado inmediatamente que se tomó posesión en esta nueva administración”, sostuvo.

Caro señaló que, a su criterio, la depuración debe comenzar desde la propia Cancillería, debido a que considera que las autoridades actuales ya cuentan con información sobre posibles irregularidades que deben ser investigadas.

También mencionó señalamientos relacionados con los consulados de Dallas, Chicago, Miami y Charlotte, además del caso de Atlanta, sin embargo, estas denuncias deberán ser verificadas por las autoridades competentes y no constituyen, por sí mismas, hechos judicialmente comprobados.


Denuncian dificultades y presuntos abusos en la atención a migrantes


La especialista migratoria también cuestionó las dificultades que enfrentan los hondureños para recibir asistencia consular, especialmente quienes viven lejos de las sedes diplomáticas y deben recorrer largas distancias para realizar sus trámites.

Según explicó, existen compatriotas que viajan entre 15 y 17 horas para llegar a un consulado y que, en ocasiones, no reciben atención si no cuentan con una cita previa.

“Tenemos que limpiar todo este servicio exterior”, expresó Caro.


Además, pidió investigar de oficio los señalamientos sobre posibles negocios vinculados a funcionarios o personas cercanas a las representaciones consulares, así como cualquier irregularidad relacionada con trámites y servicios destinados a los migrantes.

La abogada también solicitó fortalecer los consulados móviles para acercar los servicios a las comunidades hondureñas que viven lejos de las principales ciudades estadounidenses.

Ante la repercusión del caso, la Cancillería de la República emitió un oficio en el que reiteró su disposición de colaborar con los organismos competentes, bajo los principios de legalidad y cooperación internacional.

La detención de la excónsul vuelve a colocar bajo la lupa el funcionamiento de las representaciones diplomáticas hondureñas y la necesidad de garantizar que los recursos y servicios consulares estén al servicio de los ciudadanos.

El caso también representa un desafío para la actual administración, que enfrenta el reclamo de organizaciones migrantes y sectores políticos que exigen revisar los nombramientos, investigar las denuncias pendientes y establecer controles más estrictos sobre el desempeño de los funcionarios en el exterior.

Mientras avanza el proceso judicial en Estados Unidos, la exigencia de los hondureños es que los consulados cumplan con su verdadera misión: proteger, orientar y atender a quienes tuvieron que abandonar el país en busca de mejores oportunidades, sin convertir sus necesidades en una fuente de beneficios particulares.

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