Diario Nacional de Honduras
Seguridad

Policía advierte que perseguirá a pandilleros aunque no tengan tatuajes

La Policía Nacional de Honduras aclara que su persecución contra estructuras delictivas no se limita a personas con marcas visibles en la piel.

Jessica Urbina
Jessica Urbina
14 de noviembre, 2026
3 min de lectura
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Foto: Marlin Chacón/DNH


La Policía Nacional de Honduras aclaró este sábado que la persecución contra estructuras delictivas no se limita a personas con marcas visibles en la piel.

El director general de la institución, Rigoberto Oseguera Mass, advirtió que las investigaciones alcanzarán también a integrantes de maras y pandillas que carecen de tatuajes o que intentan ocultarlos.

Según el jefe policial, las autoridades ya tienen identificados a sospechosos sin simbología delictiva visible y los procesos judiciales se sustentan en pruebas técnicas y labores de inteligencia.

En declaraciones a HRN, Oseguera Mass explicó que la ausencia de tatuajes no impide establecer la pertenencia a organizaciones como la MS-13, la Pandilla 18 o el "Cártel del Diablo".

Para sostener los casos ante los tribunales, los investigadores se apoyan en testimonios, antecedentes penales, registros delictivos y herramientas tecnológicas.

Además, la Policía cuenta con peritos especializados en vinculación criminal, algunos formados en Estados Unidos y acreditados ante el Ministerio Público y el Poder Judicial, encargados de analizar fotografías, videos y patrones de comportamiento.

Como parte del refuerzo operativo, el próximo 26 de noviembre iniciará un proceso de capacitación para nuevos equipos técnicos en conjunto con operadores de justicia.

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Cómo diferencian los tatuajes

Ante la inquietud ciudadana sobre posibles detenciones arbitrarias, la Secretaría de Seguridad y la Policía reiteraron que portar un tatuaje artístico, familiar o decorativo no constituye delito ni es motivo de captura por sí solo.

Para evitar confusiones y sustentar acusaciones formales, los peritos forenses someten cada diseño sospechoso a una evaluación integral basada en cuatro criterios técnicos:

Matrices y manuales de simbología: Los especialistas contrastan las marcas con catálogos oficiales que identifican letras, números, siglas y códigos propios de cada estructura, incluidos símbolos encubiertos o alegóricos como ciertas representaciones de payasos alegres o tristes.

reiteraron que los diseños artísticos, decorativos o personales no constituyen delito ni son motivo de detención por sí solos.
La Policía reiteró que los diseños artísticos, decorativos o personales no constituyen delito ni son motivo de detención por sí solos. Foto: Cortesía 

Detección de encubrimiento: Los analistas revisan si existen tatuajes artísticos superpuestos sobre marcas antiguas, así como cicatrices por quemaduras o tachaduras hechas para evadir controles policiales.

Contexto, trazo y ubicación: El peritaje evalúa el estilo del diseño, la zona del cuerpo donde se encuentra y su significado dentro de la subcultura criminal, diferenciándolo de expresiones estéticas o religiosas.

Evaluación conductual: La marca en la piel nunca se analiza de forma aislada; se cruza con la conducta del sospechoso, su entorno, material audiovisual y pruebas de inteligencia que demuestren participación real en delitos.

El respaldo de la nueva ley antiterrorista

Este despliegue operativo responde a la entrada en vigor del Decreto Legislativo No. 258-2026, conocido como la Ley Especial para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal en el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas.

Aprobada por el Congreso Nacional el 27 de octubre de 2026 y publicada en el diario oficial La Gaceta el 3 de noviembre, la normativa tipifica expresamente a las maras y pandillas como asociaciones terroristas.

La ley reforma de manera simultánea el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley del Sistema Penitenciario Nacional para endurecer el régimen sancionatorio:

Penas máximas para integrantes: Establece condenas de entre 30 años de prisión y cadena perpetua por asociación terrorista.

Castigo a colaboradores: Impone penas de 20 a 30 años de cárcel a quienes colaboren intencionalmente con estas estructuras facilitando transporte, alojamiento o información.

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