Policía Nacional fortalece el respeto a los derechos humanos en operaciones antiterroristas

Se están utilizando cámaras corporales que documentan las intervenciones policiales, con el propósito de transparentar los procedimientos y fortalecer los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, garantizando el respeto a las garantías fundamentales.
En cumplimiento de las estrategias de seguridad establecidas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) y de las recientes reformas aprobadas por el Congreso Nacional, la Policía Nacional ha intensificado las operaciones antiterroristas a nivel nacional, orientadas a combatir estructuras criminales vinculadas con la extorsión, los homicidios, el tráfico de drogas y otros delitos de alto impacto.
Como parte de los mecanismos de transparencia y control institucional, los funcionarios policiales asignados a estos despliegues operativos portan cámaras corporales, dispositivos destinados a documentar sus actuaciones durante los procedimientos, fortalecer la trazabilidad de las intervenciones y facilitar su supervisión.
Esta medida contribuye a garantizar que cada actuación policial se desarrolle conforme a los protocolos establecidos, bajo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, protegiendo la integridad física y la dignidad humana de las personas intervenidas y detenidas, independientemente de los delitos que se les atribuyan.
A la fecha, las operaciones han permitido la captura de más de 183 presuntos integrantes de estructuras criminales, entre ellas la Pandilla 18, la Mara Salvatrucha (MS-13) y el denominado Cártel del Diablo, mediante acciones sustentadas en investigaciones e inteligencia policial, desarrolladas en coordinación con fiscales especiales del Ministerio Público.
Los procesos investigativos han permitido individualizar y ubicar a personas vinculadas con actividades delictivas que generaban amenazas, intimidación y control territorial en distintas comunidades del país.
La Policía Nacional reafirma que el fortalecimiento de la capacidad operativa debe ir acompañado del respeto irrestricto a los derechos humanos, garantizando la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el debido proceso y la prohibición de cualquier trato cruel, inhumano o degradante.
Con estas acciones, la institución busca consolidar procedimientos policiales más transparentes, profesionales y verificables, fortalecer la confianza ciudadana y asegurar que quienes resulten responsables de actividades criminales sean puestos a disposición de las autoridades competentes conforme a la ley.






