¿Por qué el Gobierno coloca la certidumbre política y la seguridad jurídica como su primer gran logro?
El primer informe de gestión de la administración Asfura destaca la creación de un entorno favorable para empresas y derechos ciudadanos.

El primer informe de gestión de la administración Asfura destaca la creación de un entorno favorable para empresas y derechos ciudadanos.
Foto: IA
Cuando un gobierno presenta un informe de gestión, lo habitual es que destaque carreteras construidas, hospitales inaugurados o cifras de inversión. Sin embargo, el primer informe de avances de la administración del presidente Nasry Asfura comienza con un concepto menos tangible: "Certidumbre política y seguridad jurídica para un entorno amigable para las empresas y respetuoso para los derechos de la ciudadanía".
La decisión no parece casual. Más que destacar una obra física, el Gobierno coloca en primer plano un cambio en el ambiente político del país, un factor que durante los últimos años estuvo en el centro del debate nacional.
Un concepto que va más allá de la política
La certidumbre política no se refiere únicamente a la estabilidad de un gobierno. En términos generales, describe un entorno en el que ciudadanos, empresarios e inversionistas sienten que existen reglas claras, instituciones predecibles y condiciones suficientes para tomar decisiones de largo plazo.
Por esa razón, el informe vincula ese concepto con la seguridad jurídica, entendida como la garantía de que las leyes se aplican de manera estable y que los derechos de las personas y las empresas serán respetados, y señala que se han promovido acciones orientadas a fortalecer la institucionalidad democrática, consolidar la transparencia y brindar mayor certeza a la ciudadanía, al sector productivo y a la comunidad internacional. “Con reglas claras y una gestión pública orientada a resultados, Honduras avanza hacia un entorno más favorable para la inversión, la generación de empleo y el bienestar de la población” dice el informe.

Un país marcado por la incertidumbre
Durante el proceso electoral y en los años previos, una parte importante de la conversación pública giró alrededor del rumbo que tomaría Honduras.
Las dudas no solo eran políticas. También alcanzaban la economía, la inversión y el empleo. Empresarios, inversionistas y ciudadanos seguían con atención las decisiones del país mientras persistía el debate sobre el modelo económico, el respeto a la institucionalidad y las reglas para hacer negocios.
Ese ambiente llevó a que una parte importante de la discusión pública girara alrededor del rumbo político e ideológico de Honduras. Para algunos sectores, incluso existía preocupación por la posibilidad de que el país avanzara hacia un modelo similar al de otras naciones latinoamericanas caracterizadas por una fuerte confrontación política y cambios profundos en las reglas económicas.

¿Qué cambió?
Con el resultado de las elecciones y el inicio del nuevo gobierno, el Ejecutivo sostiene que ese escenario comenzó a modificarse.
Al colocar la certidumbre política y la seguridad jurídica como el primer punto de su informe, el mensaje es claro: antes de hablar de obras o inversiones, considera que logró recuperar un clima de estabilidad y confianza para quienes toman decisiones económicas y para la ciudadanía en general.
El propio Plan de Gobierno presentado durante la campaña ya identificaba la certidumbre política y jurídica como uno de los pilares para atraer inversión, fortalecer el Estado de derecho y generar empleo.
El mensaje es que, a su juicio, el país recuperó un ambiente más estable para la inversión, la actividad empresarial y el ejercicio de los derechos ciudadanos, y que esa estabilidad constituye la base sobre la cual pueden desarrollarse el resto de las políticas públicas. El informe incluso presenta esta política como el fundamento de un "entorno amigable para las empresas y respetuoso para los derechos de la ciudadanía".
¿Cómo se mide la certidumbre?
A diferencia de la inflación, el desempleo o el crecimiento económico, la certidumbre política no tiene un único indicador estadístico.
Su evaluación suele apoyarse en distintos elementos: la confianza de los inversionistas, la estabilidad institucional, la previsibilidad de las decisiones gubernamentales, la percepción de seguridad jurídica y el clima general que perciben ciudadanos y empresas al momento de planificar inversiones o proyectos.
Por ello, más que una cifra, se trata de un concepto cuya valoración suele combinar datos económicos con percepciones sociales y políticas.
Un logro que también abre el debate
Precisamente por tratarse de una percepción, la afirmación del Gobierno está llamada a generar discusión.
Sus partidarios sostienen que el resultado electoral y las primeras decisiones de la nueva administración contribuyeron a disminuir la incertidumbre que predominó durante los últimos años y devolvieron confianza a diversos sectores.
Otros analistas, en cambio, consideran que la certidumbre política no puede evaluarse únicamente desde la percepción y que debe analizarse junto con otros factores como la seguridad, la fortaleza institucional, el respeto al Estado de derecho, el comportamiento de la economía y la confianza ciudadana.
Algunos observadores nacionales e internacionales también han planteado cuestionamientos sobre otros aspectos de la gestión gubernamental, lo que muestra que la evaluación del clima político sigue siendo objeto de debate.
Lo cierto es que el hecho de que el Gobierno haya decidido colocar la certidumbre política y la seguridad jurídica como el primer punto de su balance envía un mensaje claro sobre cuál considera que ha sido el cambio más importante de sus primeros seis meses de administración: no una obra visible, sino el intento de proyectar un país más predecible para invertir, producir y planificar el futuro.





