¿Por qué es tan importante para Honduras tener un acuerdo con el FMI y qué está en juego en la evaluación actual?

Una misión del Fondo Monetario Internacional se encuentra en Honduras para examinar el desempeño de la economía y el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país. Pero ¿por qué los gobiernos buscan acuerdos con este organismo?, ¿qué beneficios ofrecen y qué sacrificios pueden implicar? La respuesta va mucho más allá de conseguir préstamos: tiene que ver con la confianza internacional, la estabilidad económica y, finalmente, con el bolsillo de los ciudadanos.

Cada vez que una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llega a Honduras, las noticias suelen hablar de metas fiscales, reservas internacionales, déficit público, política monetaria y desembolsos millonarios.

Son términos familiares para los economistas, pero que pueden resultar difíciles de comprender para buena parte de la población.

Sin embargo, detrás de esas expresiones técnicas hay asuntos que afectan la vida cotidiana: el precio de los alimentos, la estabilidad del lempira, las posibilidades de conseguir empleo, el costo de los préstamos y la capacidad del Estado para financiar servicios públicos.

Y hay una pregunta todavía más importante: ¿por qué Honduras y tantos otros países consideran valioso conseguir el respaldo del FMI, aun cuando eso significa aceptar compromisos y someter su política económica a evaluaciones periódicas?

La respuesta comienza por entender qué es realmente este organismo.

El FMI: algo más que un prestamista

El Fondo Monetario Internacional nació en 1944, cuando el mundo todavía sufría las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y buscaba construir un sistema económico internacional más estable.

Su propósito fundamental era evitar que las crisis financieras de un país terminaran provocando problemas en muchos otros.

Actualmente, el FMI reúne a 191 países miembros y cumple tres grandes funciones: vigilar la evolución de las economías, asesorar a los gobiernos y proporcionar financiamiento a los países que enfrentan dificultades económicas.

A diferencia del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo, que pueden prestar dinero para construir carreteras, hospitales o sistemas de agua potable, el FMI no financia directamente ese tipo de proyectos.

Su función es ayudar a los países a mantener o recuperar la estabilidad de sus economías.

Pensemos en una familia cuyos gastos superan constantemente sus ingresos. Durante algún tiempo puede recurrir a préstamos, pero llega un momento en que necesita reorganizar sus finanzas para evitar una crisis mayor.

Con las diferencias propias de una economía nacional, algo parecido sucede cuando un Estado acumula desequilibrios que amenazan su capacidad de pagar sus obligaciones o mantener la estabilidad financiera.

El FMI puede ofrecer financiamiento y asesoramiento, pero normalmente exige que el país adopte medidas para corregir esos problemas.

¿Por qué los países quieren un acuerdo con el FMI?

Contrario a lo que suele pensarse, un país no necesita estar al borde de la quiebra para buscar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Muchos gobiernos procuran ese respaldo precisamente para prevenir dificultades futuras.

Y existe una razón que, para algunos países, puede resultar tan importante como el dinero: la confianza.

Un acuerdo con el FMI funciona como una señal dirigida a inversionistas, bancos internacionales y otros organismos financieros de que las autoridades han asumido compromisos económicos sujetos a seguimiento externo.

Esto no garantiza automáticamente nuevas inversiones ni mejores condiciones de financiamiento, pero puede ayudar a reducir la percepción de riesgo.

Por ejemplo, cuando un país necesita obtener un préstamo en los mercados internacionales, los posibles acreedores examinan su capacidad de pago, sus niveles de deuda, sus reservas y su política fiscal.

Si consideran que existe un riesgo elevado de incumplimiento, pueden exigir tasas de interés más altas o sencillamente negarse a prestar.

Un programa creíble con el FMI puede contribuir a mejorar esa evaluación.

También puede facilitar la llegada de recursos de otras instituciones financieras internacionales, aunque cada organismo mantiene sus propios requisitos y decisiones.

De manera que el valor de un acuerdo no se mide únicamente por los dólares que entrega el Fondo, sino también por las oportunidades de financiamiento y la confianza que puede contribuir a generar.

¿Qué exige el FMI a cambio?

Aquí aparece la parte más discutida de la relación.

El Fondo no suele entregar los recursos de un programa sin establecer condiciones.

Los gobiernos negocian compromisos que pueden incluir controlar el déficit fiscal, fortalecer la recaudación tributaria, mejorar la administración pública, reducir pérdidas de empresas estatales o adoptar medidas para contener la inflación.

No todos los programas contienen las mismas exigencias. Estas dependen de los problemas económicos de cada país.

Por ejemplo, un gobierno que gasta persistentemente más de lo que recibe puede comprometerse a reducir gradualmente ese desequilibrio.

Eso puede lograrse mediante una mejor recaudación, eliminando gastos innecesarios o reorganizando las prioridades presupuestarias.

Pero también puede significar decisiones difíciles, como limitar determinados gastos, modificar subsidios o introducir cambios tributarios.

Por esa razón, los acuerdos con el FMI han provocado controversias en distintos países.

Sus defensores consideran que contribuyen a establecer disciplina económica y prevenir crisis más graves. Sus críticos advierten que determinadas medidas de ajuste pueden afectar el empleo, el consumo y los servicios públicos, particularmente cuando el costo recae sobre los sectores de menores ingresos.

El propio organismo sostiene que sus programas deben contribuir a proteger a las poblaciones vulnerables.

La discusión, por tanto, no es solamente si un país cumple las metas financieras, sino cómo las cumple y quiénes soportan los costos de los ajustes.

Honduras y el FMI: una relación de más de ocho décadas

Honduras ingresó al Fondo Monetario Internacional el 27 de diciembre de 1945, apenas un año después de su creación.

Desde entonces, sus relaciones con el organismo han atravesado diferentes etapas, marcadas por problemas de endeudamiento, reformas económicas y programas destinados a preservar la estabilidad financiera.

Uno de los episodios más importantes ocurrió en 2005.

Ese año, Honduras alcanzó el punto de culminación de la Iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados, conocida por sus siglas en inglés HIPC.

Esto permitió acceder a un alivio de deuda que, considerando a todos los acreedores participantes, superaría los 1,000 millones de dólares a lo largo del tiempo.

Fue un acontecimiento especialmente significativo para un país que había dedicado una proporción considerable de sus recursos al servicio de la deuda externa.

Años después, durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, se negociaron nuevos programas.

En diciembre de 2014, el FMI aprobó acuerdos por aproximadamente 189 millones de dólares para respaldar un programa económico de tres años.

Durante ese período se impulsaron medidas de consolidación fiscal y reformas institucionales, incluida la adopción de un marco de responsabilidad fiscal.

El Fondo reconoció posteriormente avances en la reducción de desequilibrios macroeconómicos y en las condiciones de financiamiento, aunque advirtió que continuaban desafíos importantes, entre ellos la pobreza, la informalidad laboral y las dificultades financieras de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

En 2019, Honduras obtuvo otro acuerdo por aproximadamente 311 millones de dólares, concebido inicialmente como un respaldo precautorio para sostener la estabilidad económica y apoyar reformas institucionales.

El acuerdo de 2023: un programa que ha atravesado dos gobiernos

En septiembre de 2023, durante la administración de Xiomara Castro, Honduras alcanzó un nuevo acuerdo con el FMI.

El programa fue aprobado inicialmente por unos 822 millones de dólares y estableció compromisos para fortalecer la estabilidad económica, mejorar la gobernanza, combatir la corrupción, impulsar la inversión pública y atender problemas estructurales.

El sector eléctrico figuró entre las principales áreas de atención, debido a las consecuencias que las pérdidas financieras de la ENEE tienen para las cuentas públicas.

En ese momento, el programa estaba diseñado para extenderse durante tres años.

Con el cambio de gobierno en enero de 2026, la administración del presidente Nasry Asfura decidió continuar el programa, con ajustes acordados con el organismo.

Esto es relevante porque demuestra que los compromisos económicos internacionales pueden trascender los períodos presidenciales.

Aunque cada administración establece sus propias prioridades, los acuerdos ya suscritos requieren decisiones explícitas para mantenerse, modificarse o concluir.

En junio de 2026, el Directorio Ejecutivo del FMI aprobó la cuarta y quinta revisiones del programa, habilitando un desembolso adicional de aproximadamente 242 millones de dólares.

Con ello, los desembolsos acumulados alcanzaron alrededor de 725 millones de dólares, de un programa cuyo valor actualizado se situaba en unos 847 millones.

¿Qué está evaluando ahora la misión del FMI en Honduras?

La misión que llegó al país el 19 de octubre de 2026 tiene una importancia particular: realiza la sexta y última revisión del acuerdo de 2023, cuya vigencia fue extendida hasta el 31 de diciembre de este año.

La delegación, encabezada por Emilio Fernández Corugedo, permanecerá aproximadamente dos semanas en Tegucigalpa, con reuniones previstas con las autoridades económicas y representantes del sector privado.

El resultado podría permitir el acceso a unos 120 millones de dólares pendientes del programa, siempre que se cumplan las condiciones y el Directorio Ejecutivo apruebe la revisión.

Pero la revisión no consiste únicamente en comprobar si el Gobierno gastó más o menos de lo previsto.

Los técnicos examinan varios indicadores que permiten determinar la situación financiera del país y los riesgos que enfrenta.

Entre ellos figuran la evolución de las reservas internacionales, el manejo de la deuda pública, el déficit fiscal, la inflación, las políticas monetaria y cambiaria y el cumplimiento de las reformas pactadas.

Uno de los asuntos más sensibles continúa siendo la ENEE.

En la revisión de junio de 2026, el FMI reconoció avances en el desempeño económico, pero también señaló que Honduras había incumplido una de las metas relacionadas con las obligaciones de pago atrasadas de la empresa eléctrica.

El organismo autorizó continuar el programa considerando las medidas correctivas adoptadas.

La situación ilustra por qué el sector eléctrico se ha convertido en un tema recurrente de las negociaciones económicas de Honduras.

Cuando una empresa estatal acumula pérdidas, deudas y compromisos que no puede cubrir con sus propios ingresos, puede terminar necesitando recursos del presupuesto nacional.

Es dinero que, en otras circunstancias, podría destinarse a inversión pública, salud, educación o infraestructura.

En consecuencia, reducir las pérdidas del sistema eléctrico no es únicamente un problema administrativo de la ENEE: también es un asunto de estabilidad de las finanzas públicas.

¿Cómo está la economía hondureña según el FMI?

Los resultados de la última evaluación oficial, publicada en junio de 2026, ofrecen una fotografía con elementos positivos y desafíos pendientes.

 

INDICADORES Y PROYECCIONES DEL FMI

Indicador	Resultado
Crecimiento económico de 2025	3.8%
Crecimiento proyectado para 2026	3.3%
Déficit fiscal de 2025	0.7% del PIB
Meta de déficit fiscal para 2026	1.0% del PIB
Inflación proyectada al cierre de 2026	5.7%

 

Esta valuación y proyecciones son de junio de 2026; no constituyen resultados definitivos del año.

 

El organismo destacó la acumulación de reservas internacionales, apoyada por el ingreso de remesas y los precios favorables del café.

También reconoció el cumplimiento de varias metas fiscales y monetarias.

Sin embargo, advirtió que los precios internacionales de la energía, las condiciones económicas externas y los fenómenos climáticos podían afectar las perspectivas del país.

Estas observaciones explican por qué una economía puede mostrar indicadores relativamente estables y, al mismo tiempo, necesitar reformas para sostener esa estabilidad en el futuro.

¿Y qué tiene que ver todo esto con la vida de los hondureños?

Posiblemente esta sea la pregunta más importante para cualquier ciudadano que escucha hablar de las negociaciones con el FMI.

Un acuerdo no significa que los precios bajarán al día siguiente, que habrá nuevos empleos inmediatamente o que el lempira tendrá garantizada su estabilidad.

La economía no funciona de manera tan automática.

Pero las condiciones que un programa busca preservar sí pueden influir, directa o indirectamente, en la vida de las personas.

Por ejemplo, una crisis cambiaria que provocara una fuerte depreciación del lempira encarecería muchas importaciones, entre ellas combustibles, medicamentos, materias primas y productos de consumo.

Una inflación persistentemente elevada reduciría el poder adquisitivo de los salarios.

Y un Estado con problemas graves para conseguir financiamiento tendría mayores dificultades para sostener sus compromisos y ejecutar proyectos de inversión.

Por otra parte, tampoco debe suponerse que cualquier medida adoptada dentro de un programa del FMI beneficiará por igual a toda la población.

Una reducción de subsidios, un incremento de impuestos o un recorte presupuestario pueden tener efectos distintos sobre las familias, las empresas y los trabajadores.

Por eso, evaluar el éxito de un acuerdo exige mirar más allá de las cifras.

La estabilidad económica es importante, pero también lo son la calidad del empleo, la reducción de la pobreza, el acceso a los servicios públicos y las oportunidades que efectivamente tienen los ciudadanos.

¿Qué pasaría si Honduras no lograra un acuerdo?

La ausencia de un nuevo acuerdo no significaría necesariamente que Honduras entraría en una crisis económica.

Tampoco implica que el país dejaría de tener acceso a todo tipo de financiamiento internacional.

Sin embargo, dependiendo de las circunstancias, podría perder una fuente de recursos y un instrumento de respaldo a su política económica.

Si las necesidades de financiamiento fueran elevadas, el Gobierno tendría que buscar alternativas: recurrir a otros acreedores, utilizar recursos disponibles, modificar gastos o adoptar distintas medidas económicas.

Las consecuencias dependerían de la situación de las finanzas públicas, las reservas, la confianza de los inversionistas y las condiciones de los mercados internacionales.

Lo mismo ocurre en sentido contrario: alcanzar un acuerdo no constituye una garantía de prosperidad.

Un programa puede ayudar a crear condiciones de estabilidad, pero el crecimiento económico sostenido también depende de la productividad, la inversión, la educación, la infraestructura, la seguridad jurídica y la capacidad de las instituciones para ejecutar las políticas públicas.

El siguiente paso: ¿un nuevo acuerdo para Honduras?

La administración de Nasry Asfura ha expresado su interés en negociar un nuevo programa con el FMI para los próximos años.

Según lo informado por las autoridades económicas, la actual evaluación servirá también como referencia para esas conversaciones.

Los términos de un eventual acuerdo todavía deberán negociarse, por lo que no corresponde anticipar su monto ni las condiciones que finalmente podría contener.

La negociación será relevante porque permitirá conocer las prioridades económicas que Honduras propondrá para una nueva etapa y los compromisos que estaría dispuesta a asumir.

También será importante observar qué lugar ocuparán asuntos como la inversión pública, las reformas del sector energético, el empleo, la sostenibilidad de la deuda y la protección social.

Y, sobre todo, cómo se traducirán esos compromisos en resultados concretos para la población.

Más allá de la aprobación del Fondo

Para muchos gobiernos, concluir satisfactoriamente una evaluación del FMI representa un resultado significativo en sus relaciones económicas internacionales.

Pero existe una diferencia entre obtener una evaluación favorable y lograr que una economía mejore sostenidamente las condiciones de vida de sus habitantes.

La experiencia hondureña muestra que, a lo largo de distintas administraciones, el país ha recurrido al Fondo para respaldar programas destinados a corregir desequilibrios, fortalecer sus finanzas y sostener la estabilidad.

A pesar de ello, continúan problemas estructurales que han sobrevivido durante décadas: la pobreza, la informalidad laboral, las dificultades del sector eléctrico y la limitada capacidad para generar suficientes empleos de calidad.

La misión que actualmente visita Honduras evaluará indicadores económicos, compromisos y reformas.

Su informe permitirá conocer qué metas se cumplieron, cuáles siguen pendientes y qué desafíos tendrá que enfrentar el país.

Pero hay otra evaluación, mucho más amplia, que no se realiza en las oficinas del Fondo Monetario Internacional.

Es la que hacen los ciudadanos cuando comparan sus ingresos con sus gastos, buscan empleo, pagan sus servicios o intentan mejorar las condiciones de sus familias.

Porque, al final, el verdadero desafío de Honduras no consiste solamente en conseguir la aprobación del FMI, sino en convertir la estabilidad económica en mejores oportunidades y condiciones de vida para la población.