“Proyecto Casa Segura” para proteger a quienes se defiendan de intrusos
El proyecto pretende evitar que las víctimas enfrenten de manera automática procesos judiciales o medidas de privación de libertad.
Foto: Cortesía. la iniciativa propone incorporar un nuevo numeral al artículo 30 del Código Penal para crear una "Presunción Especial de Legítima Defensa en Protección de Morada y Propiedad Privada.
El Congreso Nacional conoció una iniciativa de ley denominada "Proyecto Casa Segura", una propuesta que busca fortalecer la protección jurídica de los ciudadanos que se defiendan de agresiones dentro de sus viviendas, negocios, fincas o vehículos ocupados por sus familias.
La propuesta, impulsada por el diputado liberal Alex Berríos, surge en medio del debate sobre los alcances de la legítima defensa en Honduras y la forma en que las autoridades procesan a quienes utilizan la fuerza para repeler ataques armados en sus propiedades.
Según el congresista, el proyecto pretende evitar que las víctimas enfrenten de manera automática procesos judiciales o medidas de privación de libertad antes de que las autoridades concluyan las investigaciones correspondientes.
"Proyecto Casa Segura es la doctrina que se utiliza en Estados Unidos y en el Reino Unido, que consiste en que usted puede utilizar el uso letal de la fuerza si existe un criminal que ingresa a su vivienda, negocio, finca, rancho, hacienda o vehículo ocupado por su familia", expresó Berríos.
Actualmente, el Código Penal hondureño contempla la legítima defensa como una causa eximente de responsabilidad criminal. Sin embargo, el diputado sostiene que en la práctica muchos ciudadanos terminan detenidos mientras avanzan las investigaciones, aun cuando actuaron para proteger su integridad o la de sus familiares.
En concreto, la iniciativa propone incorporar un nuevo numeral al artículo 30 del Código Penal para crear una "Presunción Especial de Legítima Defensa en Protección de Morada y Propiedad Privada".
De aprobarse, la reforma favorecería a quienes causen lesiones o incluso la muerte de un intruso que haya ingresado de manera ilegal, violenta, clandestina o mediante intimidación a una propiedad legítimamente ocupada.
En ese sentido, Berríos considera que la legislación actual no diferencia suficientemente entre la conducta del agresor y la reacción de la persona atacada.
La medida no impediría investigaciones penales
Por otra parte, el proyecto establece que la protección jurídica perdería validez si las investigaciones demuestran una ejecución extrajudicial, una acción de venganza, una simulación de robo o un uso desproporcionado de la fuerza.
De igual manera, la reforma obligaría a los jueces a valorar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva mientras se desarrollan las diligencias investigativas.
"La Policía Nacional y la fiscalía igualmente dan detención al ciudadano que se defendió dentro de su vivienda, lo ponen a la orden del juez; sin embargo, el juez, ya por orden del Código Penal del cambio que yo estoy promoviendo, deberá presumir que él está haciendo una legítima defensa", detalló Berríos.
Finalmente, el diputado argumentó que el aumento de hechos violentos contra viviendas, comercios y pequeñas propiedades ha generado preocupación entre sectores de la población, especialmente en comunidades afectadas por la extorsión y la delincuencia organizada. A su criterio, el principio constitucional de inviolabilidad del domicilio requiere herramientas legales que ofrezcan mayor seguridad jurídica a quienes reaccionan ante amenazas dentro de sus propios espacios.
