Reformas al Código Procesal Penal flexibilizan allanamientos en casos excepcionales de crimen organizado
Reforma penal permitirá allanamientos sin orden judicial en operaciones excepcionales contra maras y pandillas, con acompañamiento fiscal obligatorio.
Roberto Barragán
26 de octubre, 2026
3 min de lectura
Reforma penal permitirá allanamientos sin orden judicial en operaciones excepcionales contra maras y pandillas, con acompañamiento fiscal obligatorio.
Foto: Cortesía
Los cuerpos de seguridad podrán ingresar a viviendas sin una orden judicial previa durante operaciones excepcionales contra maras, pandillas y estructuras consideradas terroristas, pero la medida no tendrá aplicación general ni constituirá una autorización abierta para registrar domicilios de la ciudadanía.
Ese es uno de los principales alcances del paquete de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal que el Congreso Nacional prevé discutir este martes, después de recibir la opinión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El objetivo planteado por el Legislativo es facilitar la actuación inmediata de fiscales y policías cuando desarrollen operaciones previamente coordinadas contra estructuras criminales.
Actualmente, el artículo 212 del Código Procesal Penal establece como regla que el allanamiento de una vivienda requiere orden escrita de un órgano jurisdiccional. Sin embargo, la misma legislación ya reconoce excepciones, entre ellas la flagrancia, impedir un delito, evitar la fuga de una persona o impedir la destrucción de evidencia cuando no exista tiempo para solicitar autorización judicial.
Operativos con saturación policial en barrios y colonias · Foto: Cortesía
No será una autorización abierta para ingresar a viviendas
La reforma busca desarrollar esta herramienta dentro de operaciones coordinadas específicamente contra estructuras criminales en barrios y colonias. Según lo anunciado por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, el Ministerio Público deberá participar mediante fiscales durante las misiones en las que se aplique la medida.
“No es un cheque en blanco para la policía que va a querer entrar y va a poder entrar en cualquier lugar. No, no es así, y aquí lo dejo claro”, afirmó Zambrano.
Plan nacional de seguridad está vinculado a reformas penales · Foto: Cortesía
El titular del Legislativo explicó que los allanamientos estarán vinculados a objetivos previamente identificados dentro de investigaciones y operaciones contra maras, pandillas y organizaciones terroristas.
“Estamos hablando cuando se identifiquen objetivos en zonas, lugares, barrios, colonias que operan las maras, pandillas y grupos terroristas”, sostuvo Zambrano al explicar los límites previstos para la medida.
El Congreso Nacional ha definido públicamente estas disposiciones como medidas excepcionales, mientras continúa el trámite legislativo de las reformas.
La propuesta plantea que las intervenciones sean interinstitucionales. Esto significa que la Policía Nacional no actuaría de manera aislada: las operaciones de saturación deberán desarrollarse con acompañamiento del Ministerio Público y dentro de investigaciones dirigidas contra objetivos vinculados con criminalidad organizada.
El Código Procesal Penal vigente ya exige que, cuando se realiza excepcionalmente un allanamiento sin autorización judicial bajo determinados supuestos, el Ministerio Público informe inmediatamente al juez competente, quien posteriormente debe convalidar o anular lo actuado.
Combate frontal al crimen organizado · Foto: Cortesía
Las reformas también contemplan ampliar de 24 a 48 horas, equivalente a un aumento del 100 %, determinados plazos relacionados con personas detenidas por terrorismo, maras, pandillas y alta criminalidad. El Congreso ha señalado que esa ampliación tampoco estará dirigida al ciudadano común.
El alcance final de los allanamientos, sus controles y los supuestos específicos en que podrán ejecutarse quedará definido por el texto que apruebe el pleno legislativo. La discusión será clave para establecer cómo se combinará una respuesta más rápida contra las estructuras criminales con las garantías que protegen la inviolabilidad del domicilio.
