Reformas aprobadas por el CN fortalecerán la lucha contra el crimen organizado
Las reformas aprobadas por el Congreso Nacional buscan fortalecer la respuesta estatal contra el crimen organizado.
MS
Mirna Salinas
28 de octubre, 2026
3 min de lectura
Las reformas aprobadas por el Congreso Nacional buscan fortalecer la respuesta estatal contra el crimen organizado.
Foto: Emilio Flores
Las reformas aprobadas por el Congreso Nacional buscan fortalecer la capacidad de las instituciones de seguridad y justicia para combatir el crimen organizado mediante operaciones conjuntas, planificadas y sujetas a mecanismos de autorización y control, explicó Lennin Pineda, director de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional, durante el foro Agenda Nacional de Televisión Nacional de Honduras (TNH).
El funcionario destacó que las nuevas disposiciones pretenden facilitar el trabajo de las instituciones del Estado y mejorar su capacidad de respuesta frente a estructuras criminales específicas, bajo un esquema de coordinación interinstitucional.
Pineda explicó que los territorios donde se desarrollarán las operaciones serán autorizados por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, mientras que la Agencia Nacional contra el Crimen estará a cargo de la planificación y las instituciones participantes ejecutarán las acciones correspondientes.
Al referirse a los mecanismos de supervisión, el funcionario destacó la existencia de controles para garantizar que las intervenciones respondan a una planificación previa.
“Cuántos candados, cuántos filtros, cuántos pesos y contrapesos”, expresó Pineda al explicar los mecanismos previstos para regular estas operaciones.
Asimismo, aclaró que las acciones no quedarán a criterio individual de los agentes que patrullan las calles, sino que deberán ejecutarse mediante procedimientos coordinados entre las instituciones competentes.
Reformas dirigidas a estructuras criminales específicas
Pineda señaló que las reformas buscan actualizar las herramientas legales disponibles para enfrentar al crimen organizado, particularmente a las estructuras que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad ha catalogado como asociaciones terroristas.
Entre las organizaciones mencionadas por Pineda figuran la Pandilla 18, la Mara Salvatrucha (MS-13) y el denominado Cártel del Diablo.
El funcionario enfatizó que las medidas tienen un alcance específico y no están dirigidas a la población en general.
“Para el resto de la sociedad quedamos aplicando los artículos que ya están establecidos en el Código Penal y en el Código Procesal Penal”, afirmó.
De esta manera, explicó que las reformas buscan facilitar la actuación de las instituciones de seguridad y justicia frente a las estructuras criminales señaladas, mientras que para el resto de la ciudadanía continúa vigente el marco legal ordinario.
La planificación incorpora lineamientos y objetivos estratégicos vinculados con instrumentos nacionales e internacional · Foto: Emilio Flores
Seguridad con objetivos medibles
El funcionario explicó que la estrategia de seguridad del Estado contempla indicadores para evaluar los resultados de la política criminal. Entre los principales objetivos mencionó la reducción de las muertes violentas, los feminicidios y los fallecimientos por accidentes de tránsito.
Añadió que la planificación incorpora lineamientos y objetivos estratégicos vinculados con instrumentos nacionales e internacionales, con el propósito de orientar la gestión y evaluar sus resultados.
Desde la perspectiva de la Policía Nacional, las reformas representan herramientas para mejorar la coordinación de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia, especialmente en las acciones contra las organizaciones criminales.
Hugo Maldonado: No se puede olvidar que Honduras es suscriptor de tratados de defensa de Derechos Humanos · Foto: Emilio Flores
CODEH plantea atención a los derechos humanos en las cárceles
Por su parte, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), Hugo Maldonado, recordó que el Estado debe garantizar la seguridad y la gobernabilidad en las cárceles, sin descuidar los derechos humanos de las personas privadas de libertad ni los convenios internacionales suscritos por Honduras.
Su planteamiento destacó la importancia de que las medidas de seguridad y la gestión penitenciaria se desarrollen con responsabilidad institucional y respeto al marco legal.
