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Reformas contra el lavado de activos buscan proteger cuentas y viviendas familiares
Reformas contra el lavado de activos buscan impedir bloqueos bancarios injustificados, proteger viviendas y fortalecer la investigación del dinero ilícito.

Roberto Barragán
16 de noviembre, 2026
3 min de lectura


Foto: Emilio Flores DNH
Las familias hondureñas podrían contar con mayores garantías para proteger sus viviendas y evitar restricciones bancarias injustificadas mediante las reformas que analiza el Congreso Nacional a las leyes contra el lavado de activos y de privación de dominio.
La iniciativa, explicada este lunes por el diputado Mario Alonso Pérez, pretende fortalecer la persecución del dinero ilícito sin perjudicar a ciudadanos que enfrentan investigaciones o procedimientos de incautación de bienes.
Entre las disposiciones propuestas figura impedir que bancos, cooperativas y financieras nieguen servicios únicamente porque una persona sea investigada por el Ministerio Público, tenga un reporte de operación sospechosa o sea considerada políticamente expuesta. Las instituciones deberán justificar sus decisiones mediante evaluaciones individuales de riesgo.

Mayor protección para las familias y sus bienes
Uno de los aspectos de mayor impacto ciudadano está relacionado con los procedimientos de incautación de viviendas, especialmente cuando las actuaciones afectan a niños, adultos mayores y otros integrantes de familias que no necesariamente están involucrados en actividades ilícitas.
Pérez reconoció que durante la aplicación de estas leyes se han producido situaciones que requieren correcciones para evitar excesos y proteger los derechos de las personas.
“Lo que se busca es precisamente blindar a la población, protegerla, proteger las inversiones que son correctas, las que son legales, pero también combatir las que son oscuras, las que son ilegales; pero también corregir errores que la ley ha tenido”, expresó el parlamentario.
Según una estimación atribuida al diputado, alrededor de 80,000 personas podrían enfrentar restricciones de acceso a servicios financieros debido a investigaciones prolongadas. Sin embargo, esta cifra no cuenta con respaldo estadístico oficial identificado y, por tanto, no constituye un número confirmado de afectados.
Controles financieros y garantías legales
El proyecto también introduce medidas para supervisar depósitos, transferencias electrónicas, operaciones inmobiliarias y transacciones con activos virtuales.
De acuerdo con información del Congreso Nacional, la propuesta contempla 29 reformas, siete adiciones y una derogación a la Ley Especial Contra el Lavado de Activos, además de modificaciones a otras dos normativas relacionadas con actividades no financieras y privación de dominio.
“Vamos a darle todas las herramientas a los operadores de justicia, al Ministerio Público, pero también tenemos que estar del lado de la justicia”, manifestó Pérez al explicar el propósito de las modificaciones.
El legislador indicó que las propuestas fueron revisadas con el Ministerio Público, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, el Banco Central de Honduras y la Secretaría de Finanzas.
El Congreso aprobó recientemente el Decreto 227-2026, que permite la distribución anticipada de determinados recursos incautados para fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, bajo mecanismos de restitución. Esta disposición ya se encuentra vigente y es distinta del paquete actualmente en discusión.

Las nuevas reformas aún requieren aprobación legislativa. Su alcance dependerá de las disposiciones definitivas y de cómo se apliquen los controles financieros y las garantías del debido proceso.
El desafío será combatir las operaciones ilícitas sin convertir las investigaciones en obstáculos injustificados para el acceso a servicios bancarios, la inversión productiva y la protección del patrimonio familiar.
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