SAG denunció que gobierno anterior no liquidó L6 mil millones de Bono Tecnológico

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) denunció ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el Ministerio Público (MP) la falta de liquidación de unos 6,000 millones de lempiras destinados al programa Bono Tecnológico durante el período comprendido entre 2022 y 2026.

Las actuales autoridades señalaron que la acción legal responde a la ausencia de documentación que permita determinar cómo fueron ejecutados los recursos durante la administración anterior y comprobar la entrega de los insumos destinados a los productores hondureños.

SAG asegura que no encontró procesos de liquidación

De acuerdo con la información proporcionada, las nuevas autoridades de la SAG no encontraron procesos formales de liquidación correspondientes a ninguno de los años revisados.

La documentación disponible estaría dispersa y no permitiría establecer con claridad cómo se ejecutaron y liquidaron los recursos asignados al Bono Tecnológico.

Ante esta situación, las autoridades informaron que notificaron a funcionarios de la administración anterior y mantuvieron temporalmente a personas relacionadas con el programa para que colaboraran con el proceso de entrega de información.

“No encontramos liquidación de ninguno de los años. Hay alguna documentación dispersa que no tiene ni pies ni cabeza, no existe un proceso de liquidación. Procedí a notificar a las autoridades anteriores mediante una llamada por teléfono, dejamos aquí hasta la semana anterior a personas ligadas a este proceso y no ocurrió nada que nos indicara que estaban trabajando para poder cumplir con esto”, señaló Moisés Molina, Secretario de Agricultura y Ganadería.

TSC recopila pruebas y audita expedientes

El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) confirmó que se encuentra en proceso de recopilación de pruebas documentales, auditoría de expedientes y toma de declaraciones a las personas relacionadas con la denuncia.

El objetivo de las investigaciones será elaborar un informe que permita determinar si existen elementos que sustenten la posible comisión de delitos o irregularidades en el manejo de los recursos.

“Este tema está siendo revisado por el equipo auditor, para lo cual se solicitó a la Secretaría de Agricultura y Ganadería que se formalizara la denuncia anexando el documento de soporte que corresponda”, explicó el portavoz del Tribunal Superior de Cuentas, Rodolfo Isaula.

La SAG aclaró que el envío de la documentación no constituye una acusación, denuncia pública ni implica la atribución de responsabilidad contra ninguna persona natural o jurídica. Asimismo, enfatizó que no está emitiendo juicios de valor ni adelantando conclusiones sobre los hechos.

Autoridades de la SAG indicaron que corresponderá exclusivamente al Ministerio Público y al TSC realizar las verificaciones y actuaciones que consideren pertinentes, así como determinar si existe mérito para iniciar procesos, garantizando el debido proceso, el derecho de defensa y la presunción de inocencia.

Desconocen si los insumos llegaron a los productores

Hasta el momento, se desconoce si la totalidad de los insumos adquiridos mediante los recursos del Bono Tecnológico llegaron efectivamente a los campesinos beneficiarios o si existieron irregularidades durante el proceso de distribución.

Las investigaciones deberán determinar el destino de los fondos y establecer si los recursos públicos fueron utilizados conforme a los objetivos establecidos para el programa.

A la falta de liquidación de los recursos se suma la situación del inventario que actualmente permanece almacenado en bodegas.

Según la información divulgada, la legislación impide distribuir estos insumos mientras se desarrolla la auditoría del Tribunal Superior de Cuentas, un proceso que podría prolongarse hasta por 12 meses.

Esta situación genera preocupación por el riesgo de que los productos almacenados puedan deteriorarse o perderse antes de ser entregados a los productores.

Piden entregar documentación

Las actuales autoridades exhortaron a los funcionarios de la administración anterior a entregar toda la documentación necesaria para completar el proceso de liquidación del Bono Tecnológico.

Por su parte, representantes del Observatorio Universitario Nacional de Transparencia y Anticorrupción señalaron que los cambios de gobierno suelen provocar la aparición de nuevas denuncias sobre posibles irregularidades que deben ser investigadas por las instituciones correspondientes.

Las investigaciones del TSC y el Ministerio Público deberán establecer qué ocurrió con los recursos asignados al programa y determinar si existen responsabilidades por la falta de liquidación de los 6,000 millones de lempiras.