Seguridad
Seguridad sostiene que reformas penales buscan frenar la extorsión y otros delitos
El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, explica cómo las reformas penales en discusión en el Congreso buscan combatir la extorsión y otros delitos.
Goodvin Nelson
20 de octubre, 2026
4 min de lectura
El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, explica cómo las reformas penales en discusión en el Congreso buscan combatir la extorsión y otros delitos.
Foto: Emilio Flores/DNH
El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, afirmó que las reformas penales que se discuten en el Congreso Nacional buscan fortalecer las herramientas del Estado para combatir la extorsión y las estructuras criminales que operan en el país.
Entre los cambios mencionados figuran la ampliación de los plazos de detención de 24 a 48 horas y la figura de flagrancia permanente, además de otras propuestas relacionadas con los tatuajes como elemento de prueba y la reducción de la edad punible.
Sin embargo, el funcionario aclaró que varias de estas iniciativas fueron impulsadas por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y que la función de la Secretaría de Seguridad será aplicarlas una vez que sean aprobadas y entren en vigor.
Reformas penales buscan ampliar herramientas contra el crimen
Velásquez explicó que las modificaciones legales actualmente en discusión pretenden reforzar la capacidad de las autoridades para actuar contra las asociaciones terroristas y otras organizaciones delictivas, en un contexto en el que la extorsión continúa siendo una preocupación para la población y el sector empresarial.
“Hablamos de las reformas que están discutiéndose en este momento en el Soberano Congreso Nacional, como son la ampliación de los términos de 24 a 48 horas, hablamos también del tema de la declaratoria de la Flagrancia Permanente, que tiene que ser un requisito fundamental para poder hacer arrestos y para poder hacer allanamientos sin orden judicial, y eso es lo que está aprobado en este momento”, explicó el ministro.
Las medidas planteadas contemplan cambios en los procedimientos de detención y en las condiciones para realizar determinadas actuaciones policiales, su aplicación dependerá del contenido definitivo de las reformas y de su aprobación conforme al proceso legislativo.
El alcance de estas disposiciones, particularmente las relacionadas con detenciones y allanamientos, también estará sujeto al marco legal que finalmente se establezca.
Tatuajes y edad punible, entre las nuevas propuestas
El titular de Seguridad también se refirió a otras iniciativas que Zambrano ha planteado después de su reciente visita a El Salvador, donde conoció aspectos de las políticas implementadas en ese país para combatir las estructuras criminales.
De acuerdo con Velásquez, entre los temas consultados figura la posibilidad de utilizar los tatuajes como elemento de prueba para identificar a presuntos integrantes de organizaciones criminales, así como una eventual reducción de la edad punible.
“También se hicieron consultas sobre estas nuevas iniciativas que el señor presidente del Congreso Nacional ha propuesto a raíz de su visita a El Salvador en relación con el tema del tatuaje como un medio de prueba per se para poder declarar a un miembro de una estructura criminal como asociado terrorista y también el tema de la reducción de la edad punible”, sostuvo.
Estas propuestas se encuentran diferenciadas de las disposiciones que el ministro señaló como aprobadas; por tanto, su eventual aplicación dependerá de los avances legislativos y de las condiciones que establezca la normativa correspondiente.
Velásquez insistió en que la Secretaría de Seguridad no es la promotora de estas iniciativas, sino la institución encargada de ejecutarlas si llegan a convertirse en ley.
Sector privado pide atención a los resultados contra la extorsión
En otro tema, el funcionario confirmó que la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT) ha brindado apoyo y participado en reuniones para conocer los alcances de la estrategia de seguridad.
Según explicó, el acercamiento con representantes de la empresa privada permite compartir información sobre las acciones que desarrolla el Gobierno y conocer las principales preocupaciones de los sectores económicos, especialmente en materia de extorsión.
“Bueno, ya lo dijo el señor presidente, esto ha sido muy importante para todos, especialmente para ellos que no conocían en detalle el alcance de la estrategia, que también están muy interesados en monitorear aspectos como la reducción en temas puntuales, como la extorsión”, recalcó.
La participación empresarial cobra relevancia debido al impacto que este delito tiene sobre comerciantes, transportistas, pequeños negocios y otras actividades económicas, para estos sectores, la reducción de las amenazas y los cobros ilegales representa una de las principales expectativas frente a las medidas de seguridad.
La aplicación de las reformas dependerá de su aprobación
Mientras el Congreso Nacional continúa con la discusión de los cambios legales, la atención estará puesta en cuáles propuestas avanzan, bajo qué condiciones se aprueban y cómo se aplicarán en la práctica.
Las reformas planteadas buscan ampliar las herramientas legales para enfrentar el crimen, pero sus resultados deberán evaluarse a partir de su implementación y de los cambios que puedan producir en los índices delictivos, especialmente en los casos de extorsión.
Por ahora, Velásquez reiteró que la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad será ejecutar las disposiciones que finalmente sean aprobadas, mientras las autoridades mantienen el diálogo con distintos sectores para dar seguimiento a los resultados de la estrategia.
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