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Sequía obliga a declarar emergencia en 75 municipios de Honduras
Choluteca, Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán, La Paz y Valle concentran los 75 municipios más afectados por la sequía en Honduras.
Goodvin Nelson
19 de agosto, 2026
4 min de lectura
Choluteca, Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán, La Paz y Valle concentran los 75 municipios más afectados por la sequía en Honduras.
Foto: Marlin Chacón/DNH
La sequía ya golpea la disponibilidad de agua, los cultivos y el ganado en varias zonas de Honduras, ante este escenario, el Gobierno declaró estado de emergencia en 75 municipios de seis departamentos, con una vigencia inicial de 120 días.
La medida fue aprobada por unanimidad durante una reunión del Consejo de Secretarios de Estado, encabezada de forma virtual por el presidente Nasry Asfura, la respuesta contempla alimentos, agua, salud, saneamiento y apoyo directo a los productores afectados.
Choluteca, Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán, La Paz y Valle concentran los municipios incluidos inicialmente en la declaratoria, definidos a partir de análisis técnicos sobre las condiciones de sequía y déficit hídrico.
Emergencia busca atender falta de agua y alimentos
La declaratoria permitirá al Gobierno concentrar recursos y acelerar acciones en las comunidades donde la falta de lluvias comienza a generar mayores dificultades.
El plan no se limitará a la distribución de alimentos, las autoridades anunciaron medidas relacionadas con el abastecimiento de agua, saneamiento básico, atención sanitaria, nutrición y respaldo a la producción agropecuaria.
Uno de los sectores que enfrentará mayores riesgos es el de los pequeños y medianos productores, debido a las pérdidas que puede provocar la escasez de agua en los cultivos y la disponibilidad de alimento para el ganado.
La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), junto con la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y otras instituciones, deberá ejecutar un Plan Integral de Gestión de la Sequía.
La estrategia incluye acciones de prevención, mitigación, preparación y respuesta ante los efectos del fenómeno climático.
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Maquinaria será utilizada para almacenar agua
Entre las primeras medidas se encuentra la priorización de municipios afectados por la sequía en la distribución de maquinaria destinada a las alcaldías.
Una primera fase contempla 29 municipios, donde tractores, retroexcavadoras y otros equipos podrán utilizarse para construir reservorios y desarrollar obras que permitan aprovechar y almacenar agua.
El objetivo es que las municipalidades puedan avanzar en estos trabajos mientras todavía se registran lluvias en algunas zonas y generar reservas para los períodos más secos.
Durante la reunión, Asfura destacó que la maquinaria puede convertirse en una herramienta clave para aumentar la capacidad de almacenamiento de agua en las comunidades.
Otra de las apuestas para enfrentar la escasez será ampliar la perforación de pozos destinados al consumo de las comunidades y a las actividades productivas.
Actualmente, el Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (Pronaders) cuenta con cuatro máquinas perforadoras en funcionamiento, a esto se sumaría una quinta entre noviembre y diciembre.
Las autoridades también trabajan en la coordinación con las municipalidades para acelerar la perforación de alrededor de 50 pozos adicionales antes de finalizar el año.
Los proyectos estarán dirigidos a zonas donde la falta de agua representa una amenaza tanto para las familias como para los cultivos y el ganado.
Contrataciones podrán agilizarse durante la emergencia
El decreto también contempla mecanismos para acelerar la utilización de recursos públicos destinados exclusivamente a atender las necesidades derivadas de la emergencia.
Bajo las disposiciones de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones podrán recurrir a contrataciones directas cuando estas sean necesarias para responder a la situación provocada por la sequía.
Sin embargo, estos procesos deberán cumplir con mecanismos de transparencia, las contrataciones tendrán que ser notificadas al Tribunal Superior de Cuentas dentro de los 10 días hábiles establecidos.
Mientras tanto, la Secretaría de Finanzas tendrá a su cargo las gestiones presupuestarias y financieras necesarias para respaldar las acciones contempladas en el decreto.
La emergencia podría ampliarse
La declaratoria tendrá una duración inicial de 120 días calendario, aunque podrá extenderse si las condiciones climáticas lo requieren.
También existe la posibilidad de incorporar nuevos municipios, departamentos o sectores si los informes técnicos determinan que persisten condiciones de sequía, déficit hídrico u otras afectaciones relacionadas con el clima.
El Comité Técnico Interinstitucional de Gestión Integral de la Sequía mantendrá un monitoreo permanente de la situación para determinar dónde se necesitan mayores esfuerzos.
La evolución de las fuentes de agua, la producción agrícola, el ganado y la seguridad alimentaria serán algunos de los principales indicadores que las autoridades utilizarán para decidir los siguientes pasos.
El desafío inmediato será evitar que la falta de lluvias se traduzca en mayores pérdidas para las familias rurales, con la emergencia en marcha, el Gobierno apuesta por combinar asistencia inmediata con obras que permitan a las comunidades contar con reservas de agua durante los próximos meses.
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