TPS de hondureños fue cancelado en 2025, antes del actual Gobierno

En julio de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) que protegía a miles de hondureños de la deportación. 

La decisión fue tomada por la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, como parte de un esfuerzo más amplio del gobierno del presidente Donald Trump para despojar a los migrantes del estatus legal porque sus países habrían logrado una recuperación significativa. 

La decisión, que establecía inicialmente el 8 de septiembre como fecha para hacerse efectiva la terminación, se prolongó luego de haber sido objeto de disputas judiciales, misma que se mantuvo durante meses.  

Después de decisiones judiciales contrapuestas, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito suspendió, el 9 de febrero de 2026, la resolución que había anulado esa cancelación. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos confirmó la terminación del programa para Honduras en agosto. 

Para el analista y economista, José Luis Moncada, la terminación oficial del TPS para Honduras no es un problema de la administración actual y afirmó que esta fue una situación heredada por el gobierno de Xiomara Castro. 

Según Moncada, el actual gobierno hizo todo lo diplomáticamente posible y no hay culpables.

El TPS fue cancelado en 2025, durante el gobierno anterior. 
La actual administración heredó el problema, gestionó una prórroga y Washington la rechazó.
Culpar a la canciller Mireya Agüero o al embajador Roberto Flores Bermúdez es tergiversar los hechos. Se hizo lo diplomáticamente posible. 
Ahora toca fortalecer los consulados y apoyar a nuestros compatriotas.
 Menos politiquería, menos culpables inventados y más soluciones.

Asfura pidió una prórroga 

El mandatario escribió en la misiva: "Honduras reconoce plenamente el carácter temporal del TPS y respeta las decisiones adoptadas soberanamente por las instituciones de los Estados Unidos". 

"En este nuevo escenario mi Gobierno considera indispensable continuar promoviendo, por la vía diplomática y administrativa, las alternativas jurídicamente disponibles que permitan proteger a las familias hondureñas y asegurar una transición ordenada, previsible y humanitaria", expresó.

Dijo además que "una transición abrupta podría provocar separación familiar, pérdida repentina de empleos e ingresos, interrupción educativa, afectaciones patrimoniales y dificultades operativas para las autoridades de ambos países".

"En ese contexto, solicito respetuosamente su apoyo personal y sus buenos oficios para que en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional y las demás autoridades competentes se considere un periodo adicional razonable y claramente delimitado de transición ordenada o cualquier otro mecanismo administrativo, jurídicamente disponible, que produzca efectos equivalentes", subrayó Asfura.

Menciona, además, la carta: "Agradeceríamos que en la medida permitida por la legislación estadounidense, dicho mecanismo contemple la continuidad temporal de las autorizaciones de empleo, esto evitaría dislocaciones laborales innecesarias, favorecería el cumplimiento voluntario y permitiría que ambos gobiernos coordinen adecuadamente los casos de quienes deban retornar". 

Asfura pide revisar cada caso

Ante la negativa del gobierno de Trump de conceder una prórroga, el presidente de Honduras solicitó a Estados Unidos que examinar cada expediente y valorar el arraigo de quienes establecieron allí sus familias y actividades económicas. 

“Son gente de bien que tienen tres y cuatro décadas de vivir en Estados Unidos”, expresó Asfura. 

Su solicitud buscó que la trayectoria de cada persona tuviera peso en la evaluación de su situación migratoria. 

Ante esa realidad, Honduras solicitó una transición para evitar un regreso abrupto de los compatriotas que tienen su vida realizada en esa nación.

“Necesitamos un período transitorio para que no sea una afectación dramática o inmediata o masiva del retorno de nuestros compatriotas”, manifestó el embajador en Washington, Roberto Flores Bermúdez. 

El planteamiento incluyó tiempo para organizar asuntos familiares y patrimoniales antes de un eventual retorno. 

Gobierno anuncia medidas para los hondureños

Ante la negativa de Washington, el Ejecutivo hondureño anunció que trabaja en un plan interinstitucional para acompañar a los hondureños que enfrenten cambios en su situación migratoria y a quienes eventualmente regresen al país.

La estrategia contempla asistencia legal, apoyo consular y facilidades fiscales para los retornados.

Entre las medidas planteadas también se encuentran reformas dirigidas a facilitar la introducción de bienes, maquinaria y equipos destinados a actividades productivas, con el objetivo de que quienes regresen puedan incorporarse a actividades económicas en Honduras.

El escenario plantea además la necesidad de fortalecer la capacidad de los consulados hondureños en Estados Unidos para brindar orientación y acompañamiento a los compatriotas.

Más de 33,000 hondureños deportados en 2026

La situación ocurre mientras Honduras continúa recibiendo migrantes deportados desde Estados Unidos y otros países.

Según cifras oficiales citadas por EFE, más de 33,000 hondureños deportados han llegado al país desde enero de 2026, en su mayoría procedentes de Estados Unidos.

La Cancillería, además, ha señalado que no existe una cifra definitiva sobre el número de hondureños que resultarán directamente afectados por la terminación del TPS, debido a diferencias entre los registros disponibles de la Embajada de Honduras y del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense.