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Tras denuncia de la ASJ: TSC pone la lupa sobre la planilla de Educación

El TSC investigará denuncias sobre la planilla docente entre 2022 y 2026 para determinar posibles responsabilidades civiles o administrativas.

Roberto Barragán
Roberto Barragán
27 de octubre, 2026
3 min de lectura
Tras denuncia de la ASJ: TSC pone la lupa sobre la planilla de Educación

El TSC investigará denuncias sobre la planilla docente entre 2022 y 2026 para determinar posibles responsabilidades civiles o administrativas.

Foto: Emilio Flores DNH

El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) abrirá una investigación especial sobre las presuntas irregularidades detectadas en la planilla docente durante el período 2022-2026, luego de recibir oficialmente la denuncia presentada a partir de un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

La revisión buscará determinar si los recursos destinados a educación fueron utilizados conforme a la ley y si existen responsabilidades administrativas o civiles.

Entre los puntos señalados figura la distribución de docentes frente a la matrícula estudiantil, con departamentos donde se reportan alrededor de 13 alumnos por maestro, frente a una referencia normativa de hasta 40 estudiantes por docente.


El presidente del TSC, Ricardo Alfredo Montes, explicó que los elementos recopilados por la ASJ servirán como punto de partida para profundizar las verificaciones.
Presidente del TSC Montes se refiere a la investigación
Presidente del TSC Montes se refiere a la investigación · Foto: Emilio Flores DNH
“Hay una línea grande de investigación por parte de ASJ que es un insumo que nos va a ayudar y va a facilitar la investigación que vamos a realizar como Tribunal Superior de Cuentas”, afirmó Montes.

Recursos educativos bajo revisión

El centro de la investigación será establecer si la distribución y contratación de personal docente respondió a las necesidades reales de las aulas. Para las familias hondureñas, la revisión implica conocer si cada lempira destinado a educación está llegando al lugar donde puede generar mayor impacto: la formación de niños y jóvenes.

Montes indicó que el procedimiento incluirá una investigación especial y, posteriormente, las labores de auditoría necesarias para establecer responsabilidades.

“Al corroborarse esta información que sea real es algo triste porque los recursos públicos para el área de educación deben utilizarse para formar a los estudiantes, no para ampliar la planilla o abusar de ella y crear plazas para maestros”, manifestó el presidente del TSC.
El magistrado agregó que, dependiendo de los resultados, el organismo contralor podrá determinar responsabilidad civil o administrativa. También señaló que la información recibida apunta a posibles incumplimientos de las disposiciones generales del presupuesto tanto en el período actual como en administraciones anteriores.

Fachada ASJ. La investigacion corresponde al periodo 2022 - 2026
Fachada ASJ. La investigación corresponde al período 2022-2026. · Foto: Cortesía
Auditorías buscan determinar responsabilidades

La investigación ocurre en un contexto en el que la administración eficiente del recurso humano resulta clave para garantizar cobertura educativa. Una baja matrícula en determinadas zonas no necesariamente constituye por sí misma una irregularidad, pero obliga a revisar la ubicación de plazas, necesidades territoriales y cumplimiento de las disposiciones presupuestarias.

El TSC deberá ahora contrastar la denuncia con documentos, registros administrativos y datos oficiales antes de emitir conclusiones.
Niños en centros educativos
Niños en centros educativos · Foto: Emilio Flores DNH

Montes informó además que el Tribunal mantiene abiertas otras líneas de investigación relacionadas con embargos a la Cuenta Única del Estado y con proyectos hospitalarios de la administración anterior. En estos últimos casos, indicó que las diligencias incluyen revisión documental, entrevistas y visitas de campo, en coordinación con el Ministerio Público (MP).


La auditoría a la planilla docente deberá establecer finalmente si las diferencias denunciadas responden a necesidades justificadas del sistema educativo o si existieron decisiones que generaron un uso irregular de los recursos públicos.

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