Trump busca limitar ciudadanía por nacimiento y turismo de maternidad en EE.UU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó dos órdenes ejecutivas destinadas a restringir determinados casos de ciudadanía automática para personas nacidas en territorio estadounidense.

Las disposiciones buscan establecer límites para hijos de funcionarios extranjeros, personas consideradas “enemigos extranjeros” o vinculadas con organizaciones terroristas, así como en situaciones relacionadas con el denominado “turismo de maternidad”.

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¿A quiénes afectarían las órdenes?

Entre los casos contemplados se encuentran los hijos de empleados de gobiernos extranjeros que permanecen en Estados Unidos en funciones oficiales, como integrantes de embajadas y consulados.

También se incluyen determinados supuestos relacionados con personas clasificadas por el gobierno estadounidense como “enemigos extranjeros” o miembros de grupos terroristas.

Otro de los objetivos es impedir que mujeres ingresen al país utilizando declaraciones falsas o engañosas cuando, según la administración, su único propósito sea dar a luz para que el bebé obtenga la ciudadanía estadounidense.

Las medidas también contemplan situaciones relacionadas con acuerdos comerciales de gestación subrogada y posibles redes dedicadas a facilitar este tipo de prácticas.

La batalla ahora se traslada a los tribunales

Las órdenes ejecutivas llegan en medio de una disputa jurídica sobre el alcance de la ciudadanía por nacimiento, un derecho asociado con la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

La administración Trump sostiene que existen excepciones históricas que permitirían establecer restricciones en circunstancias específicas sin contradecir la Constitución.

Sin embargo, organizaciones civiles y especialistas en derecho constitucional cuestionan la medida y anticipan nuevos enfrentamientos judiciales.

Podrían enfrentar bloqueos legales

Los críticos consideran que las órdenes intentan modificar mediante acción ejecutiva un principio constitucional de larga vigencia.

Por ello, se prevé que organizaciones defensoras de los derechos civiles y gobiernos estatales recurran ante los tribunales para detener su aplicación.

El alcance definitivo de las disposiciones dependerá ahora de las decisiones de los jueces y de una eventual revisión por parte de la Corte Suprema.