Unos 2,200 exempleados de instituciones suprimidas ya fueron liquidados

La Comisión Liquidadora informó que alrededor de 2,200 empleados de las instituciones suprimidas o adscritas ya fueron cesados y recibieron el pago de sus derechos laborales, como parte del proceso de reestructuración de la administración pública.

El comisionado Ángel Mendoza detalló que el proceso ha avanzado en entidades como Planificación Estratégica, Red Solidaria, Programa de Acción Solidaria (Proasol), Transparencia, Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (Sedespa) y otras dependencias que fueron integradas a diferentes instituciones del Estado.

"Alrededor de 2,200 personas han sido canceladas en las instituciones suprimidas y otras que han quedado adscritas", afirmó Mendoza.

Queda entre un 5 % y 7 % del personal

El funcionario explicó que únicamente permanece un grupo reducido de trabajadores apoyando el cierre administrativo de las instituciones, principalmente en las áreas de recursos humanos, administración y manejo de bienes.

"Ahorita contamos con un número reducido, quedará entre un 5 y un 7 % de empleados que todavía están en apoyo a esta comisión para poder hacer los cierres administrativos", indicó.

Añadió que el gobierno ya asignó los recursos necesarios para cubrir las prestaciones laborales y otras obligaciones durante el ejercicio fiscal 2026.

Más de L180 millones desembolsados

Mendoza señaló que hasta julio se han pagado más de 180 millones de lempiras en concepto de indemnizaciones a los exempleados de las instituciones eliminadas.

"Llevamos ya casi más de 180 millones de lempiras pagados como parte de las indemnizaciones a los empleados que formaban parte de estas instituciones suprimidas", expresó.

Asimismo, sostuvo que los pagos continúan realizándose conforme los beneficiarios acuden a firmar el finiquito correspondiente.

Buscan reducir gastos del Estado

El comisionado afirmó que la reestructuración tiene como objetivo disminuir el gasto público y redirigir recursos hacia proyectos de inversión, al tiempo que se atienden obligaciones heredadas de administraciones anteriores.

"El mandato del presidente es determinar ahorro para el tema de inversión", manifestó.

También aseguró que el gobierno ha tenido que enfrentar deudas flotantes de distintas instituciones mientras ejecuta el presupuesto vigente.

Comisión defiende transparencia del proceso

Por su parte, el integrante de la Comisión Liquidadora, Mario Simón, señaló que solo restan algunos procedimientos administrativos y la revisión de obligaciones que, según dijo, podrían representar perjuicios para el Estado.

"No podemos hacer un uso irresponsable de los fondos, tenemos que ser muy transparentes", afirmó.

Simón indicó que la comisión mantiene acompañamiento de organismos como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), para fortalecer la transparencia durante el proceso de liquidación.

Pago de prestaciones busca evitar demandas

El funcionario explicó que cumplir con el pago de las prestaciones laborales también busca prevenir litigios que puedan generar mayores costos para el Estado.

"El propósito del pago de prestaciones es para que no haya demandas en contra del Estado", sostuvo.

Finalmente, aseguró que la reducción del aparato estatal permitirá liberar recursos para destinarlos a otras áreas prioritarias y mejorar la eficiencia de la administración pública.

La Comisión Liquidadora de transición está conformada por Ángel Antonio Mendoza Velásquez, Denisse Yamileth Rosales Rivera, Carlos Humberto Hernández Erazo, Leonel Núñez y Mario Celín Simón Perla. 

Ellos asumieron la responsabilidad legal de ejecutar el cierre tanto administrativo como financiero de las instituciones que fueron recientemente suprimidas por decreto ejecutivo