Diario Nacional de Honduras
Seguridad

ATIC investiga daños ambientales y usurpación en comunidades garífunas

La ATIC investiga posibles daños ambientales y usurpación de tierras en comunidades garífunas de Esparta, Atlántida

JU
Jessica Urbina
12 de junio, 2026
2 min de lectura
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Foto: Cortesía

Por posibles daños ambientales y usurpación de tierras en las comunidades garífunas de Nueva Go y Laguna de Zambuco, en el municipio de Esparta, departamento de Atlántida, equipos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), bajo la dirección de la Fiscalía Especial de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural, ejecutan inspecciones en dichas comunidades.

Las diligencias incluyeron inspecciones técnicas, georreferenciación de áreas de interés y otras acciones investigativas relacionadas con un caso en curso por el presunto delito de usurpación. Las autoridades buscan fortalecer la recolección de evidencia en el proceso.

Asimismo, las comunidades intervenidas se ubican en una zona de humedales de alta importancia ambiental y biodiversidad, reconocida a nivel internacional. 

El ecosistema forma parte de un entorno natural vinculado a áreas cercanas a Tela y sectores aledaños del litoral atlántico.

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Informe será remitido

Una vez concluidas las inspecciones, la ATIC elaborará un informe técnico que será enviado al Ministerio Público (MP), a fin de que se determinen las acciones legales correspondientes y, de ser procedente, se solicitarán medidas ante los órganos jurisdiccionales.

La ATIC reiteró su compromiso de apoyar las investigaciones del Estado en la protección de los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como en la defensa del patrimonio natural y cultural del país.

El Congreso Nacional (CN) aprobó recientemente la Ley de Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, orientada a frenar las invasiones de tierras productivas y garantizar la seguridad jurídica.

La ley establece que en ningún caso se justificará la invasión o usurpación de tierras destinadas a la producción agroindustrial y obliga al Ministerio Público y la Policía a intervenir de inmediato.

La ley declara prioridad nacional la protección de la actividad agroindustrial.

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