Congreso aprueba reformas a Ley Contra Lavado de Activos y endurece controles financieros
Congreso aprobó un paquete de reformas a leyes contra lavado de activos, corrupción y financiamiento ilícito, incluyendo nuevas regulaciones para criptomonedas.
Goodvin Nelson
18 de noviembre, 2026
6 min de lectura
Congreso aprobó un paquete de reformas a leyes contra lavado de activos, corrupción y financiamiento ilícito, incluyendo nuevas regulaciones para criptomonedas.
Foto: Marlin Chacón/DNH
El Congreso Nacional aprobó este martes un paquete de reformas a cuatro leyes relacionadas con la prevención y el combate del lavado de activos, la corrupción y el financiamiento de actividades ilícitas.
Los cambios incluyen nuevas regulaciones para las empresas que operan con criptomonedas, modificaciones a los controles financieros y disposiciones para evitar que las instituciones bancarias excluyan injustificadamente a determinados clientes.
La reforma también eleva de 10,000 a 15,000 dólares el monto a partir del cual debe declararse el transporte transfronterizo de dinero en las aduanas; el decreto recibió el respaldo de la mayoría de los diputados presentes.
Presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano. · Foto: Marlin Chacón/DNHCongreso defiende reformas como herramienta contra el crimen organizado
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, defendió la aprobación de las reformas y aseguró que los cambios permitirán fortalecer las capacidades de las instituciones encargadas de investigar y combatir las operaciones financieras ilegales.
El titular del Legislativo sostuvo que Honduras necesita actualizar sus mecanismos de vigilancia financiera para responder a las nuevas modalidades utilizadas por las estructuras criminales para movilizar dinero de procedencia ilícita.
“Esta es una ley que viene a generar importantes expectativas en la lucha contra el crimen organizado, porque viene a fortalecer a la institucionalidad y entrega una herramienta importante que permitirá combatir el lavado de activos de manera frontal”, expresó Zambrano.
Por su parte, el diputado Mario Pérez explicó que las modificaciones buscan proporcionar mayores herramientas a los operadores de justicia, pero también garantizar que las investigaciones se desarrollen respetando el marco legal.
El congresista señaló que uno de los propósitos es impedir que los recursos provenientes de actividades ilegales ingresen al circuito económico, sin afectar las inversiones y operaciones financieras legítimas.
Incorporan regulación para empresas de criptomonedas
Uno de los cambios más relevantes está relacionado con la incorporación de un marco regulatorio para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), entre ellos las plataformas de intercambio de criptomonedas, conocidas como exchanges, y las empresas que administran billeteras digitales.
La reforma a la Ley Especial contra el Lavado de Activos modifica 29 artículos e incorpora disposiciones específicas para supervisar las operaciones de estos proveedores.
Las empresas que desarrollen estas actividades deberán transmitir y verificar la información de sus usuarios durante las distintas etapas de las transacciones, con el propósito de facilitar la identificación de movimientos sospechosos y prevenir que los activos virtuales sean utilizados para ocultar dinero de origen ilícito.
Además, se crea el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (Repsav), en el que deberán inscribirse las empresas que operen o pretendan desarrollar actividades en Honduras.
Con esta disposición, el país busca establecer mayores controles sobre un sector financiero que ha experimentado cambios importantes con la expansión de las monedas digitales.
Bancos no podrán excluir injustificadamente a clientes
Otro de los puntos contemplados en las reformas es la prohibición del denominado de-risking, una práctica mediante la cual bancos, cooperativas y otras instituciones financieras restringen o cancelan servicios a determinados clientes por consideraciones relacionadas con sus perfiles de riesgo.
La nueva normativa establece que las entidades financieras deberán administrar sus riesgos sin recurrir a exclusiones injustificadas de personas del sistema bancario.
Entre los casos contemplados figuran clientes relacionados con reportes de operaciones sospechosas, requerimientos del Ministerio Público o personas expuestas políticamente.
La intención es que las instituciones financieras mantengan sus mecanismos de prevención, pero que las decisiones de cerrar cuentas o negar servicios respondan a evaluaciones justificadas y no a exclusiones generalizadas.
Elevan a 15,000 dólares el monto para declarar dinero en aduanas
Las reformas también modifican las disposiciones relacionadas con el transporte de dinero en efectivo a través de las fronteras hondureñas.
El monto obligatorio para declarar el traslado transfronterizo de dinero pasa de 10,000 a 15,000 dólares, una actualización que fue defendida por el diputado Mario Pérez como parte de la adecuación a los estándares internacionales.
Sin embargo, el tema generó cuestionamientos durante la discusión legislativa.
El diputado Carlos Umaña expresó sus dudas sobre el incremento del límite y planteó la necesidad de revisar estas disposiciones para garantizar que los controles aduaneros respondan a las exigencias internacionales en materia de prevención del lavado de activos.
Por su parte, el diputado Marlon Lara destacó que Honduras debe mantener sus regulaciones alineadas con los parámetros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), debido a las implicaciones que tendría para el país quedar incluido en una lista de naciones bajo observación.
Reformas también alcanzan a abogados, contadores y bienes incautados
El paquete legislativo no se limita al sistema bancario, también modifica la Ley para la Regulación de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas, con cambios en 11 artículos.
Las nuevas disposiciones establecen controles para abogados, notarios y contadores cuando participen en operaciones corporativas o financieras en representación de sus clientes.
Asimismo, incluyen dentro de las actividades sujetas a regulación a las personas naturales y jurídicas dedicadas a la compra y venta de bienes raíces y automóviles.
En otro apartado, se modifican 12 artículos de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, con el propósito de corregir problemas relacionados con el deterioro de propiedades y otros bienes incautados bajo la administración de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
Uno de los cambios establece condiciones para el aseguramiento de inmuebles utilizados como vivienda familiar, estos no podrán ser objeto de esa medida cuando constituyan el espacio físico donde se desarrolla la actividad delictiva.
También se establece que las medidas cautelares deberán ser razonables, estar debidamente justificadas y procurar la menor restricción posible de los derechos de las personas afectadas.
¿Cuándo entrarán en vigencia las reformas?
Además de las modificaciones anteriores, el decreto contempla cambios a la Ley del Sistema Financiero, contenida en el Decreto 129-2004.
En total, las reformas abarcan cuatro normativas: la Ley Especial contra el Lavado de Activos (Decreto 144-2014), la Ley para la Regulación de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (Decreto 131-2014), la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito (Decreto 27-2010) y la Ley del Sistema Financiero.
La aprobación obtuvo el respaldo de la mayoría de los diputados presentes en el hemiciclo legislativo, aunque durante el debate surgieron observaciones sobre algunos de los cambios incorporados.
El siguiente paso será la publicación del decreto en el Diario Oficial La Gaceta, trámite necesario para su entrada en vigencia conforme a las disposiciones legales correspondientes.
Con estas modificaciones, Honduras busca actualizar sus mecanismos de supervisión financiera y responder a las exigencias internacionales para combatir el lavado de dinero, sin perder de vista las garantías legales de las personas y empresas que desarrollan actividades económicas legítimas.