Envían a prisión a red que movió más de L51 millones ligados a extorsión

Cinco personas fueron enviadas a prisión preventiva luego de que el Ministerio Público las señalara como integrantes de una estructura dedicada presuntamente al lavado de activos provenientes de la extorsión.

La investigación, desarrollada por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), detectó movimientos financieros por más de 51 millones de lempiras cuya procedencia no habría podido ser justificada.

El caso surgió a partir de información que apuntaba a un privado de libertad de la penitenciaría de Támara como presunto coordinador de actividades de extorsión desde el centro penitenciario.

La investigación comenzó después de que los agentes identificaran una cuenta bancaria utilizada presuntamente para movilizar dinero relacionado con el cobro de extorsiones a diferentes comercios.

De acuerdo con las diligencias realizadas por los investigadores, en esa cuenta se encontraron movimientos superiores a 8 millones de lempiras que no tendrían una procedencia lícita acreditada.

Ese hallazgo llevó a los investigadores a ampliar el análisis hacia otras personas que mantenían vínculos financieros con el principal sospechoso.

A partir de los cruces de información y los análisis realizados por peritos financieros, las autoridades detectaron una red de movimientos económicos que superaba los 51 millones de lempiras, fondos cuya justificación legal no habría podido establecerse hasta el momento.

La estructura fue desarticulada el pasado 31 de agosto, durante la denominada Operación Hestia, mediante nueve allanamientos ejecutados en distintos puntos del país.

Los operativos se realizaron en Tegucigalpa y otras zonas de Francisco Morazán, Danlí, El Paraíso, y Olanchito, Yoro, como parte de las acciones dirigidas contra la organización investigada.

La conducción jurídica y técnica de los allanamientos estuvo a cargo de la FESCCO, mediante la unidad fiscal adscrita al Instituto Nacional Penitenciario (INP), mientras que las diligencias investigativas fueron desarrolladas por agentes especializados de la ATIC.

Uno de los aspectos centrales del expediente es precisamente el origen de los fondos identificados; según la investigación, los movimientos financieros presentaban características consideradas atípicas y no existía una explicación lícita suficiente para justificar el volumen de dinero detectado.

El caso pone nuevamente bajo la lupa el vínculo entre la extorsión y el lavado de activos, debido a que las organizaciones criminales buscan mecanismos para introducir al sistema financiero recursos obtenidos mediante actividades ilícitas.

Con las resoluciones dictadas en la audiencia inicial, el proceso judicial continuará mientras las autoridades profundizan en la trazabilidad del dinero y en los posibles vínculos entre los acusados.

La Fiscalía también mantiene su postura de continuar impulsando investigaciones contra estructuras relacionadas con la extorsión y el lavado de activos, con el objetivo de afectar no solo a quienes ejecutan los cobros ilegales, sino también a los mecanismos utilizados para mover y ocultar las ganancias obtenidas de estas actividades.