Fiscal General: Ministerio Público busca fortalecer investigación tras una década de abandono

La acumulación de más de 2,000 expedientes por fiscal limita la capacidad del Ministerio Público para investigar delitos, presentar requerimientos y responder con rapidez a las víctimas, advirtió el fiscal general de la República, Pablo Emilio Reyes, quien solicitó al Congreso Nacional una mayor asignación presupuestaria.

El Ministerio Público cuenta actualmente con unos 796 fiscales, pero necesita una plantilla mínima de 900 para atender la demanda nacional. La diferencia representa, al menos, 104 nuevas plazas, además de inversión en tecnología, investigación criminal, medicina forense y protección del personal.

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“Encontré un Ministerio Público un poco desanimado en el personal, con poca logística y limitada capacidad tecnológica, pero aun así los fiscales han hecho frente a este tipo de delincuencia”, manifestó Reyes.

El fiscal general explicó que desde 2016 no se celebraba un concurso para incorporar nuevos fiscales. Esa falta de contratación, acumulada durante una década, redujo la capacidad institucional mientras aumentaban los casos vinculados con la delincuencia común, el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción.

Para 2026, el Ministerio Público dispone de aproximadamente L2,900 millones, equivalentes al 0.84 % del presupuesto señalado por el funcionario. Reyes recordó que el marco constitucional establece una asignación de hasta el 3 %, por lo que consideró necesario elevar los recursos para fortalecer la persecución penal.

“Es una institución que estuvo en abandono por más de 10 años. Somos el pilar de la justicia; sin nosotros no existe procedimiento ni persecución penal”, afirmó.

Reyes sostuvo que la nueva legislación contra las estructuras criminales proporciona medidas excepcionales para enfrentar organizaciones con capacidad económica, logística y territorial. No obstante, señaló que su aplicación requerirá investigadores, fiscales, peritos, médicos forenses y coordinación con el Poder Judicial y los cuerpos de seguridad.

“El Congreso Nacional debe valorar la necesidad que tiene el Ministerio Público para poder darle una respuesta efectiva y oportuna a la sociedad hondureña”, expresó el fiscal general.

La institución también inició concursos en medicina forense para certificar médicos y peritos, mientras proyecta fortalecer la Agencia Técnica de Investigación (ATI) y otras dependencias especializadas. Estas acciones buscan reducir la mora investigativa, mejorar la calidad de las pruebas y evitar que la falta de personal prolongue la espera de las víctimas.

El desafío presupuestario tendrá impacto directo en la ciudadanía: contratar más fiscales permitiría distribuir la carga de expedientes, acelerar investigaciones y acercar la justicia a quienes todavía aguardan una resolución.