Honduras aprueba ley del beneficiario final para fortalecer lucha anticorrupción

Honduras dio un nuevo paso en el fortalecimiento de la transparencia y prevención de los delitos financieros con la entrada en vigencia desde el 6 de julio, de la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final, una normativa que estableció la obligación de identificar a las personas naturales que poseen o ejercen el control efectivo, de forma directa o indirecta, sobre empresas y demás personas jurídicas.

La nueva legislación dispuso que el Registro Centralizado de Beneficiario Final fuera administrado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), institución responsable de custodiar la información y garantizar que las entidades obligadas cumplieran con el suministro y actualización de los datos requeridos.

Las autoridades señalaron que el principal objetivo de la normativa consistió en fortalecer los mecanismos de prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, la corrupción y otros delitos financieros, mediante una mayor trazabilidad sobre la propiedad y el control de las sociedades mercantiles y otras personas jurídicas que operan en el país.

Honduras busca lucha anticorrupción 

Asimismo, la implementación del registro permitió que Honduras avanzara en el cumplimiento de estándares internacionales en materia de transparencia financiera, promovidos por organismos especializados en la lucha contra los flujos ilícitos de capital y el crimen organizado.

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros explicó que el registro concentró información sobre los beneficiarios finales, entendidos como las personas naturales que, en última instancia, poseyeron, controlaron o se beneficiaron de una entidad jurídica, aun cuando ese control se ejerciera a través de terceros o de estructuras societarias complejas.

La normativa también fortaleció las herramientas de supervisión y facilitó la cooperación entre las autoridades competentes para detectar operaciones sospechosas, investigar estructuras utilizadas para ocultar el origen de recursos y mejorar la efectividad de los controles financieros.

Prevención de delitos financieros..

Con la entrada en vigor de esta ley, el país consolidó un instrumento que incrementó la transparencia sobre la estructura de propiedad de las personas jurídicas, fortaleció la confianza en el sistema financiero nacional y reforzó las capacidades institucionales para prevenir el uso indebido de sociedades con fines ilícitos. Según el índice de Percepción: Honduras se ha mantenido históricamente con bajas calificaciones (alrededor de 23 puntos sobre 100), lo que refleja una grave erosión de la confianza ciudadana en las instituciones públicas.